Bajo el gobierno de Noboa, Ecuador registra niveles inéditos de violencia contra mujeres, niñas y disidencias. Ese proceso no es un efecto colateral del narco: es una dimensión constitutiva del régimen.

El gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, es parte cabal de las ultraderechas contemporáneas latinoamericanas. Ubicarle ahí no es usual. Los procesos de radicalización y cambios cualitativos de las derechas regionales generalmente refieren a gobiernos y figuras como Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o, más recientemente, José Antonio Kast en Chile. Sin embargo, Noboa es parte no solo por la centralidad de la seguridad en su agenda o su énfasis en el militarismo, sino por el modo específico en que articula autoritarismo político, racionalidad empresarial del Estado y conservadurismo moral. Estos elementos de conjunto, han producido un nítido y acelerado giro brutalista (en términos de Achile Mbembe), que se trama en formas narcopolíticas de hondas consecuencias para el país y la región.

El gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa expresa una forma de reorganización del poder que combina excepcionalidad permanente, debilitamiento de las mediaciones democráticas, desplazamiento del conflicto social hacia abajo y despliegue necropolítico. En ese contexto, Ecuador es hoy un laboratorio de las ultraderechas regionales por la forma y la velocidad en que esa reorganización ha tenido lugar. Además, la política de ultraderechas ecuatoriana, que se ha amparado en la «guerra contra las drogas», debe entenderse en relación con la guerra contras las mujeres y de —contra el — género. Solo en esa nuda, considero que es posible comprender la racionalidad política y moral noboísta y avanzar hacia un entendimiento más integral de las ultraderechas.

La radicalización hacia la ultraderecha en Ecuador puede leerse como parte de la crisis del neoliberalismo como modo de dominación política basado históricamente en la coerción mercantil y en la despolitización del antagonismo social. En ese argumento, allí donde la disciplina del mercado deja de producir obediencia y consenso, el Estado reaparece como mediador directo del conflicto, pero no para integrar demandas ni recomponer hegemonía, sino para repolitizar autoritariamente la lucha de clases. En Ecuador esta repolitización se produce en un marco de «guerra contra las drogas» que, en su operativa, es una guerra contra determinados sectores sociales, territorios y cuerpos.

En general, el despliegue del gobierno de Noboa combina dos registros que operan simultáneamente. Por un lado, el brutalismo estatal, entendido como el uso explícito, espectacular y ejemplarizante de la violencia — militarización del territorio, intervención de cárceles, normalización del uso letal de la fuerza. Por otro, la radicalización de la coacción muda del capital —en el sentido desarrollado por Søren Mau—, que opera a través de la precarización de la vida, la dependencia económica, el retiro del Estado social y la ausencia de alternativas reales, obligando a aceptar condiciones de existencia crecientemente violentas. Este doble registro —violencia abierta y coacción silenciosa— permite comprender cómo la ultraderecha autoritaria ecuatoriana ha vaciado de contenido las mediaciones democráticas sin suspender formalmente la democracia.

En lo que sigue propongo profundizar en ese panorama desde una perspectiva feminista que observa un proceso particular: la sincronización y anudamiento entre la política de guerra contra las drogas y las guerras contra las mujeres y contra el género.

Conectar a las ultraderechas con las «guerras de género» no es una novedad. Al menos desde 2013, los feminismos han advertido que las ultraderechas regionales y globales adelantan guerras de —contra el— género y que ello debe entenderse como un conflicto político estratégico mediante el cual reorganizan el sentido común, canalizan malestares sociales materiales hacia disputas morales y neutralizan el antagonismo social, reforzando jerarquías y produciendo adhesión afectiva a proyectos autoritarios. En ese proceso, se producen articulaciones entre actores políticos y neoconservadores religiosos e intelectuales orgánicos de esos campos. Cristina Vega sostiene que Ecuador fue un laboratorio temprano de las guerras de género en América Latina y que allí las ofensivas antigénero precedieron al auge de las ultraderechas, en procesos donde confluyeron neoliberalización del Estado, centralidad de la familia como amortiguador social, conservadurismo religioso (católico y evangélico), y una politización selectiva de la moral sexual y reproductiva. Con el giro a la derecha local desde 2017, y luego a la ultraderecha, ese proceso se agravó.

Por otro lado, los feminismos han reflexionado sobre cómo el capitalismo produce una guerra contra las mujeres —con sus cuerpos como escenario privilegiado para la reinscripción del poder patriarcal en contextos de guerra criminal y extractivismo armado— y contra la reproducción social. Con eso último se nombra un campo ampliado de lo bélico en el que se articulan la deuda, la violencia estatal, la precarización de las economías populares y la privatización del cuidado, todo lo cual ataca no solo a los cuerpos, sino también a los tiempos, espacios y afectos que permiten sostener la vida. También contamos con abundante literatura que informa la relación entre guerra contra las drogas y criminalización de las mujeres, y de la guerra contra las drogas como una política de clase, raza y género.

En Ecuador, la llegada de Noboa al gobierno, y su instauración del lenguaje de la guerra y del ethos militar como política del gobierno sugirió un desplazamiento en el primer plano político de la «guerra de género» hacia la «guerra hacia las mujeres», que integra una guerra hacia abajo, hacia sectores empobrecidos y jóvenes racializados. Ese desplazamiento podría explicarse por cómo la crueldad gore del giro brutalista ha pasado a ocuparlo todo. El país se ha convertido en un inmenso cuartel, la violencia ha alcanzado niveles inusitados y el patrón de aniquilamiento de los cuerpos y los territorios no ha hecho sino agravarse.

Sin embargo, en este trabajo propongo una lectura distinta a la del desplazamiento: la crisis del modelo de dominación política y moral neoliberal y la radicalización autoritaria y brutalista de la ultraderecha no desplaza la «guerra de género» sino que la sincroniza con la guerra contra las mujeres. Así como la coacción muda no reemplaza al brutalismo, sino que lo acompaña y lo hace gobernable, la guerra contra las mujeres —material, cotidiana, estructural— convive con la guerra contra el género —cultural, moral y simbólica— como parte de un mismo ensamblaje. Desarrollar esta articulación permite caracterizar de forma más adecuada al gobierno de Noboa como una experiencia radical de brutalismo capitalista y patriarcal de ultraderechas.

Ecuador: ultraderecha, guerra y aceleración de la violencia

En los últimos cinco años, en Ecuador se han intensificado dramáticamente las violencias. Desde 2020, el número de homicidios se ha incrementado exponencialmente, y aunque en 2024 se registró un leve descenso, 2025 cerró como el año más violento de la historia del país. En 2023 llegó a ser el país más violento de la región, puesto que conserva hasta hoy. Con el narcotráfico como eje, se han expandido delitos conexos como el tráfico de armas, hidrocarburos, lavado de activos y corrupción.

El proceso debe entenderse como parte de una mutación del capitalismo contemporáneo, que combina el vaciamiento o erosión profunda de las mediaciones democráticas con la exhibición descarnada de la crueldad. En Ecuador, esta dinámica se ha desplegado con una velocidad inusitada y de la mano de la derechización de la política local.

Cuando Noboa gana en 2023, tras la convocatoria anticipada a elecciones derivada de la «muerte cruzada» decretada por el entonces presidente Guillermo Lasso, quien enfrentaba un juicio político, ya se había producido un giro político a la derecha, que empezó en 2017. En 2025, fue reelecto para un mandato completo hasta 2029. Su inscripción en el mapa de las ultraderechas no estuvo clara desde el inicio. Noboa no construyó inicialmente una campaña explícitamente de ultraderecha ni se definió dentro de ese campo político (su coalición, Acción Democrática Nacional, se autodenominó de centroizquierda). Su proyección fue la de una figura joven, moderada y dialogante, que desbordaba la polarización correísmo/anticorreísmo que ha estructurado la política ecuatoriana durante casi dos décadas. La trayectoria política efectiva de su gobierno ha sido otra.

En las elecciones de 2023, los principales partidos de derecha respaldaron a Noboa en la segunda vuelta. El presidente proviene de una de las familias más poderosas del país, con fuerte gravitación económica y política, que ha funcionado como soporte estructural de su gestión. Su entonces vicepresidenta, Verónica Abad —con quien luego mantendría un enfrentamiento abierto—, fue identificada como militante «provida» y miembro del Foro Liberal de América Latina. Asimismo, los primeros gabinetes y los cuadros que han ocupado cargos estratégicos exhiben un patrón consistente de vínculos empresariales y financieros, replicado en las sucesivas designaciones. A nivel internacional, Noboa ha buscado un alineamiento explícito con las ultraderechas globales, particularmente con el entorno de Donald Trump.

En el plano institucional, el gobierno de Noboa ha mostrado límpidos rasgos autoritarios. Desde la irrupción de fuerzas policiales y militares en 2024 en la embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa que se encontraba asilado, hasta la presión del Ejecutivo a los organismos electorales para inhabilitar candidaturas consideradas amenazantes para su base política, la línea ha sido consistente. A ello se añade que se mantuvo en funciones durante la campaña, acumulando denuncias por uso de recursos públicos que fueron desestimadas por el Tribunal Contencioso Electoral. Ha tenido confrontaciones abiertas con la Corte Constitucional e intentos sistemáticos de hostigamiento y censura a la prensa y cooptación de medios. Todo ello ha asegurado concentración del Poder Ejecutivo y debilitamiento de los contrapesos democráticos, una característica de las ultraderechas contemporáneas.

El núcleo articulador del proyecto político de Noboa ha sido la agenda de seguridad. Frente a la escalada de la violencia, su apuesta ha sido por la «mano dura». El gobierno ha recurrido de manera sistemática al estado de excepción, convirtiendo una medida extraordinaria en una condición permanente en varias provincias. Estas disposiciones habilitan allanamientos sin orden judicial, restringen la movilidad y limitan el derecho a la reunión. El punto de quiebre se produjo el 9 de enero de 2024, cuando, tras una serie de hechos espectaculares de violencia criminal — incluida la toma de un canal de televisión—, el Ejecutivo declaró la existencia de un «conflicto armado no internacional», catalogando a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas, declaratoria que fue ratificada y extendida posteriormente.

Esta decisión consolidó un alineamiento creciente entre poder político y poder militar, relanzando la histórica política de «guerra contra las drogas» en la que Ecuador participa desde la década de 1990. Las consecuencias han sido devastadoras: masacres carcelarias recurrentes —cinco solo en 2025, con al menos 82 personas asesinadas—, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre ellas el caso emblemático de cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil) que fueron detenidos, desaparecidos, torturados y asesinados.

Desde el punto de vista de la seguridad, los resultados han sido exiguos, como lo confirman evaluaciones comparadas de esta política en la región. Desde el punto de vista político, en cambio, la estrategia ha sido eficaz: ha naturalizado el lenguaje de la guerra, militarizado la vida cotidiana y convertido al país en lo que Córdova-Alarcón describe como «un gigantesco cuartel». Así se ha configurado un Estado autoritario posdemocrático: transformando el modo de dominación política en una «guerra hacia abajo». En su marco, la violencia estatal y criminal se concentran territorial y socialmente sobre barrios populares, poblaciones empobrecidas, jóvenes racializados y personas privadas de libertad. En este proceso la guerra narcopolítica se ha anudado con una guerra contra mujeres, niñas y disidencias sexuales. La advertencia feminista de que los cuerpos de las mujeres se convierten en botín, se ha visto trágicamente confirmada.

La guerra contra las mujeres y personas racializadas: violencia estructural y reproducción social en crisis

La radicalización autoritaria del gobierno de Daniel Noboa ha tenido efectos materiales claramente identificables sobre mujeres, niñas y personas racializadas. Se ha tratado, junto al aumento general de la violencia, de una reconfiguración específica de los patrones del daño, que permite hablar de una guerra contra la vida cotidiana y contra las formas y posibilidades de reproducción social. Esta guerra no opera solo a través de la represión directa, sino mediante una combinación de militarización, abandono institucional y normalización de la violencia, cuyos impactos recaen de manera diferencial sobre ciertos cuerpos y territorios.

Uno de los indicadores más alarmantes de este proceso es el incremento sostenido de las desapariciones de niñas y adolescentes, particularmente en provincias costeras y en zonas atravesadas por la expansión de economías criminales y por la intervención militar. Estas desapariciones se inscriben en un contexto estructural marcado por la desprotección estatal, la precarización de la vida y el debilitamiento de los sistemas de cuidado, que expone de manera desproporcionada a niñas y jóvenes de sectores empobrecidos y racializados. Cuando a alguien se le desaparece, se pone en juego una tecnología de poder, un castigo opaco (no dejan cuerpo), un mensaje difuso (cualquiera puede ser la siguiente) y una pedagogía del terror que reconfigura movilidad, horarios, trabajo y vida comunitaria.

En 2025, en Ecuador la CIDH adoptó medidas cautelares frente a la solicitud de proteger a 26 personas desaparecidas (incluidos seis niños) que habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas, a sus familiares y a seis mujeres buscadoras que estaban siendo hostigadas. Pero, además, el patrón de las desapariciones está generizado y privilegia a las infancias. Desde 2002, se registra un aumento drástico de las desapariciones de niños, niñas y adolescentes (NNA): 78 en 2022, 171 en 2023 y 322 en 2024. El 71% de los NNA que continúan desaparecidos son niñas, dado que los grupos criminales buscan explotarlas sexualmente. Esta cifra y proporción revelan que ellas han pasado a ser un foco privilegiado de la crueldad gore. Asimismo, las desapariciones de NNA, si bien suceden en todo el país, son más agudas en las «zonas de sacrificio» mencionadas antes.

Desde una perspectiva feminista, las desapariciones constituyen una forma extrema de violencia contra la reproducción de la vida. Interrumpen trayectorias vitales, y producen un daño extendido sobre madres, abuelas y redes familiares, que asumen en soledad la búsqueda, el acompañamiento del duelo y la supervivencia cotidiana. La ausencia de respuestas estatales eficaces —investigación oportuna, acompañamiento integral, reparación— refuerza un régimen de impunidad que vuelve a ciertos cuerpos socialmente prescindibles.

En paralelo, se observan transformaciones significativas en los patrones de los (trans)feminicidios. La violencia extrema contra las mujeres ya no se concentra prioritariamente en el ámbito doméstico ni responde únicamente a relaciones mediadas por vínculos afectivos. Cada vez con mayor frecuencia en el país, los feminicidios se articulan con dinámicas territoriales, economías criminales y contextos militarizados, lo que desborda las categorías tradicionales de análisis y dificulta su abordaje institucional.

Esta mutación afecta de manera particular a mujeres jóvenes, empobrecidas y racializadas, cuyas muertes tienden a diluirse en narrativas amplias de «inseguridad» o «criminalidad», contribuyendo a su despolitización.

En 2025, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA) registró un aumento drástico de feminicidios (411), cifra que incluye 13 transfeminicidios. La Asociación Silueta X documentó 30 asesinatos de personas LGTBI, el 65% de los cuales se produjeron en situaciones relacionadas con los sistemas criminales. Los territorios con más feminicidios coinciden con las provincias con mayores índices de homicidios y presencia de economías ilegales: Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Así, los cuerpos feminizados, empobrecidos y racializados pasan a formar parte de las «zonas de sacrificio». Esta violencia no se produce «a pesar» del crimen organizado, sino en y mediante los entramados que sostienen la economía ilegal y el control territorial.

La militarización del territorio, presentada como respuesta a la crisis de seguridad, no ha operado como un factor de protección para las mujeres. Por el contrario, en barrios populares y zonas intervenidas se intensifican prácticas de control, hostigamiento y violencia institucional, que afectan de manera diferencial a jóvenes racializados y a mujeres responsables de cuidados. La presencia armada interrumpe dinámicas comunitarias, restringe la movilidad cotidiana y produce un clima de miedo permanente que limita las posibilidades de denuncia, organización y autoprotección colectiva.

Este escenario se agrava con el debilitamiento deliberado de la institucionalidad de género. La desinstitucionalización del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos —a través de recortes presupuestarios, pérdida de autonomía y su subordinación a la lógica de la seguridad— ha reducido de forma sustantiva la capacidad estatal para prevenir, atender y reparar esas violencias. En un contexto de intensificación del daño, el Estado retrae precisamente las políticas que podrían ofrecer algún grado de protección, desplazando la gestión de la violencia hacia los hogares y las redes informales de cuidado.

La combinación de ajuste, militarización y vaciamiento institucional produce una sobrecarga extrema: cuidado en contextos violentos, gestión del riesgo y el miedo, acompañamiento de procesos de desaparición y duelo, y supervivencia económica en condiciones cada vez más precarias. La guerra contra las mujeres y personas racializadas, entonces, es una condición estructural del funcionamiento autoritario. Al descargar sobre estos cuerpos los costos sociales de la crisis, el Estado puede sostener un orden basado en la fuerza sin garantizar las condiciones mínimas para la vida. La violencia se vuelve cotidiana, persistente y administrada, mientras se erosionan las capacidades colectivas para resistirla.

Pero la guerra contra las mujeres, para sostenerse políticamente, requiere marcos simbólicos que legitimen el abandono, desplacen responsabilidades y desactiven la indignación social. Es en ese registro donde la guerra contra el género adquiere pleno sentido. Esa articulación es la que se analiza a continuación.

La guerra contra el género: guerras culturales, metapolítica y dispositivos de control en Ecuador

Los análisis feministas del neoliberalismo han mostrado que la retirada del Estado de la reproducción social se apoya en un proyecto conservador de la familia, el género y la moral como dispositivos centrales de gobierno. Como ha señalado Melinda Cooper, el neoliberalismo no desmantela la familia, sino que la reactiva como infraestructura clave para absorber los costos del ajuste, privatizar el cuidado y disciplinar subjetividades allí donde el Estado se retira. Por eso, se ha argumentado que la tradicionalización de las relaciones de género, y de la familia, ha funcionado como un modo de administrar el daño social, desplazando la responsabilidad de la crisis hacia los hogares y, dentro de ellos, hacia las mujeres.
Wendy Brown subraya que la moral arraigada en la familia heteropatriarcal es parte vital del buen orden y una unidad económica esencial: la familia tradicional funciona como estabilizadora y controladora social. Isabela Kalil hizo un análisis convergente para Brasil. Para Alabao, la centralidad de la familia tradicional trasciende a los diferentes sectores —más o menos radicales— de la derecha, que convergen en su insistencia en políticas centradas en la familia y hacen un uso moralizante de la institución familiar para sus programas políticos.

Sin embargo, el caso ecuatoriano permite observar también el itinerario inverso: cuando este modo de dominación moral entra en crisis —cuando la familia ya no puede absorber la violencia, cuando la precariedad desborda los marcos simbólicos que la legitiman—, el conflicto reaparece en clave de repolitización autoritaria, relanzando la violencia material contra mujeres y cuerpos feminizados. En este sentido, la guerra contra el género no solo acompaña la guerra contra las mujeres; también señala sus límites y prepara el terreno para su intensificación. Decir que la guerra contra las mujeres se articula con una guerra contra el género no es añadir un «ruido cultural» paralelo a la crisis de seguridad. La guerra contra el género sigue funcionando como tecnología política para reorganizar el sentido común, producir legitimidad conservadora y desplazar el conflicto social hacia terrenos morales. Se trata de una estrategia metapolítica orientada a disputar los marcos culturales desde los cuales se interpreta la desigualdad y la democracia. El gobierno de Daniel Noboa ha continuado afirmando esa línea, como lo han hecho otras fuerzas políticas de ultraderechas.

En primer lugar, durante la campaña de la segunda vuelta electoral de 2025, el presidente asumió compromisos explícitos contra la llamada «ideología de género», cuando firmó un acuerdo público con la organización Sociedad y Familia, que reúne a representantes de la iglesias Católica, Ortodoxa y Evangélica y líderes indígenas evangélicos. El acuerdo, que también fue firmado por la candidata del partido de izquierda Revolución Ciudadana, prometió impedir la presencia de la «ideología de género» en textos educativos y en instituciones del Estado y garantizar el derecho de los padres de familia a que eduquen a sus hijos conforme a su fe y convicciones. También aseguró el compromiso por «defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural» y, en ese sentido, no aprobar «ninguna reforma que legalice o amplíe el aborto o la eutanasia». Este compromiso fue reiterado en distintos momentos de coyuntura política y amplificado en medios nacionales. Este tipo de promesas da continuidad a la agenda de afirmar al Estado como garante de un orden moral y producen una idea de amenaza interna asociada a agendas feministas y de diversidades.

Asimismo, se observa una convergencia entre esta agenda y actores antiderechos con capacidad de movilización y de incidencia. La discusión pública sobre el «Compromiso por la Niñez y la Vida» y el señalamiento de redes organizadas detrás de estas iniciativas muestran que la guerra contra el género no se reduce a opinión presidencial, sino que se estructura mediante alianzas políticas y sociales que buscan fijar límites normativos a la igualdad de género y a los derechos sexuales y reproductivos.

En segundo lugar, la ofensiva antigénero se anuda a un repertorio religioso y tradicionalista cuidadosamente escenificado. La participación de Noboa en actos religiosos y celebraciones locales con mensajes de alto contenido moral —presentados como defensa de tradiciones y valores— funciona como una forma de identificación simbólica con sectores conservadores y como señal de alineamiento con un proyecto cultural más ampliO. Este repertorio no solo comunica pertenencia, construye autoridad moral en un contexto de crisis social y violencia extendida.

Finalmente, la guerra cultural se ha alimentado de controversias que operan como «eventos gatillo» para moralizar el espacio público. La polémica desatada en Quito por la puesta en escena de una obra drag en una capilla desacralizada del antiguo Hospital San Juan de Dios de Quito, hoy Museo de la Ciudad, es muestra de ello. El hecho generó una fuerte polémica entre defensores de los derechos LGTBIQ+, sectores conservadores de la Iglesia católica y la institucionalidad municipal, e ilustra cómo el género y las disidencias se convierten en un terreno privilegiado para la producción de indignación pública, para la construcción de «enemigos culturales» y para el llamado a respuestas punitivas o restrictivas. Este tipo de episodios forman parte de una dinámica más amplia de militancia comunicacional, polarización y teorías conspirativas que Alabao identifica como rasgos característicos de las guerras de género.

Lo decisivo, sin embargo, es cómo estos hechos funcionan políticamente. La ofensiva antigénero opera como dispositivo de traducción. Eso quiere decir que condensa malestares materiales (precariedad, inseguridad, desgaste institucional) en conflictos morales, y desplaza la responsabilidad del Estado hacia individuos y familias. Al instalar la idea de que el problema social es cultural —«valores», «ideología», «amenazas a la niñez»—, se desactiva la posibilidad de nombrar la precarización y el daño estructural como efectos de una forma de gobierno. En esa convergencia entre moralización (guerra cultural) y punitivismo (guerra hacia abajo) se configura la especificidad del ensamblaje autoritario de la ultraderecha patriarcal ecuatoriana.

Moralización en crisis y relanzamiento autoritario de la violencia

El análisis del Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa permite comprender cómo se ensamblan, en el presente, distintas dimensiones del autoritarismo contemporáneo de ultraderecha. Su carácter no se explica únicamente por su orientación económica, su perfil empresarial o su énfasis securitario, sino por la forma específica en que articula violencia material y restauración moral como estrategias complementarias de gobierno.
La guerra contra las mujeres —expresada en el aumento de desapariciones, la transformación de los patrones de feminicidio, la militarización de territorios populares y la desinstitucionalización de las políticas de igualdad— constituye una dimensión estructural del régimen en curso. Esta guerra es una forma de gestionar la crisis de la reproducción social descargando sus costos sobre cuerpos feminizados y racializados.

Al mismo tiempo, la guerra contra el género opera como una ofensiva metapolítica que reorganiza el sentido común, produce legitimidad conservadora y neutraliza el conflicto social. A través de narrativas sobre la familia, la infancia y la moral, esta guerra cultural busca despolitizar la violencia estructural y privatizar sus efectos, presentando el orden moral como solución allí donde el Estado se retira.

Sin embargo, el caso ecuatoriano muestra que este modo de dominación moral neoliberal no es ilimitado. Cuando la violencia desborda la capacidad de contención de la familia, cuando la precariedad ya no puede ser absorbida por el trabajo invisible de las mujeres y cuando la moralización deja de producir obediencia, el conflicto reaparece como relanzando la violencia directa, del control territorial y del abandono institucional.

Desde esta perspectiva, la guerra contra las mujeres y la guerra contra el género no deben pensarse como alternativas ni como etapas sucesivas, sino como dimensiones coexistentes y mutuamente condicionadas del mismo proyecto. Así como la radicalización de la violencia estatal convive con formas estructurales de daño silencioso, la ofensiva moral convive con la exposición diferencial de ciertos cuerpos al riesgo, la muerte y la crueldad. Cuando la primera ya no alcanza para gobernar la crisis, la segunda se intensifica.

Esta convivencia —inestable, contradictoria y violenta— permite comprender el carácter del autoritarismo contemporáneo en Ecuador. Se trata, en definitiva, de un régimen que combina mercado, moral y fuerza para sostener un orden social crecientemente inviable e invivible. Pensar esta articulación desde una perspectiva feminista resulta indispensable para imaginar formas de resistencia capaces de disputar, a la vez, la violencia material y el orden moral que la legitima.