Precisamente la razón principal para la instalación de sus bases en Colombia es mantener en jaque a la revolución bolivariana. Encima, en su última etapa el gobierno de Álvaro Uribe exacerbó todo lo que podía envenenar los nexos bilaterales hasta provocar la ruptura de las relaciones diplomáticas, actividad en la que contó con el apoyo estadunidense. Pero por más profundas que sean las diferencias ideológicas entre países hermanos de América Latina y el Caribe, cualquier asunto que deteriore sus relaciones interestatales perjudica en primer lugar a sus pueblos y sólo favorece los intereses imperialistas.
Por eso el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas entre Caracas y Bogotá y el ambiente franco y cordial en que se logró el acuerdo adoptado por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos es una excelente noticia para los pueblos de los dos países y para todos los de nuestra región. El escenario del acuerdo, San Pedro Alejandrino, donde Simón Bolívar, libertador y fundador de las dos patrias, expiró y pasó sus últimos días, no pudo estar mejor escogido. La distancia ideológica entre los gobiernos de Venezuela y Colombia no disminuye la gravitación de este símbolo ni el hecho ya señalado de que es el imperio el que fomenta y se beneficia de las desavenencias entre los países de nuestra región ni que existen una gran cantidad de cuestiones en las que ambos Estados pueden cooperar para beneficio de sus pueblos. Además del alto volumen del comercio bilateral que hizo de Caracas el segundo socio comercial de Bogotá hasta que la crisis diplomática se acentuó el pasado año -con grave daño para ambas partes, sobre todo para Colombia-, las dos naciones comparten una frontera de 2.219 kilómetros, donde existen vastas franjas de selva apenas poblada y núcleos urbanos en que colombianos y venezolanos están unidos por lazos de la vida cotidiana y hay sensibles necesidades sociales y de infraestructura que los dos presidentes se comprometieron a atender. En la consolidación del paso que se ha dado puede resultar muy útil el acuerdo de crear comisiones permanentes que se ocupen de estos temas; en particular, la de seguridad, puesto que el desbordamiento al lado venezolano del conflicto armado en Colombia hace necesario un mecanismo ágil y eficaz de consultas y cooperación que evite malos entendidos y eventuales conflictos, como los que pretende avivar CNN con el notable incremento de su feroz campaña antivenezolana, también con los ojos puestos en las elecciones del 16 de septiembre.
A diferencia de Uribe, salido de la lumpenburguesía ligada al narcotráfico y al paramilitarismo, Juan Manuel Santos es un hombre de la más rancia oligarquía colombiana, contra cuyos intereses llegó a actuar en más de una ocasión el primero con tal de complacer a Estados Unidos. Es imposible desligar a Santos de los desmanes cometidos por el gobierno anterior, del que fue ministro de Defensa en el momento de la agresión a Ecuador, y de los famosos falsos positivos, pero por otro lado los colaboradores que ha escogido y los pasos que ha dado en sus primeros días de gestión evidencian un deseo de alejarse del uribismo en política exterior, lo cual es lógico puesto que la oligarquía necesita reparar la situación de aislamiento internacional del país. En este terreno, los hechos corroboran sus reiteradas declaraciones de que la prioridad es restablecer las relaciones con Quito y Caracas. Preguntado sobre el discurso de toma de posesión del flamante mandatario, el ex presidente Samper -reconocido adversario político de Uribe y de Santos- declaró que había hecho girar la agenda política exterior y doméstica de Colombia 180 grados.
Aunque Santos tenga, como parece, la voluntad política de normalizar las relaciones con Venezuela, no le será fácil. Tiene tres obstáculos visibles y beligerantes en los sectores más agresivos de la oligarquía colombiana y del imperio y en la contrarrevolución venezolana.
P. D. Mientras, sigue la cuenta regresiva hasta el 7 de septiembre, cuando Obama tendrá que decidir si tira o no del gatillo contra Irán.
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