Por: Ociel Ali Lóopez
Finalmente, el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela se reunió de manera telemática el jueves pasado y continuó la línea establecida por la Unión Europea hace algunos días, según la cual rechazan participar como observadores en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo.
En la declaración ministerial concluyen que «por el momento, no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo».
Si bien saludan la invitación a participar como observadores, listan una serie de demandas para poder cumplir con esa misión.
La cancillería venezolana consideró que el comunicado del Grupo de Contacto tenía una «conducta injerencista» y que era una «compilación de insólitas intromisiones», y afirmó que su utilidad como grupo ha tenido «poca o nula utilidad».
El 6 de diciembre se realizarán los comicios legislativos en Venezuela. Según disposición constitucional, el 5 de enero, cada cinco años, debe instalarse la nueva Asamblea Nacional con su respectiva junta directiva. Por ello, la demanda de algunas cancillerías de aplazar las elecciones puede resultar inconstitucional.
Además, hay una situación política según la cual el aplazamiento de las elecciones permitiría oxigenar al opositor Guaidó, a quien se le acaba su período legislativo como diputado o presidente de la Asamblea Nacional (según la perspectiva legal desde donde se mire).
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela se formó el 7 de febrero de 2019, a instancias especialmente de México y Uruguay, y se sumaron alrededor de una docena de distintos países europeos (como España, Francia y Reino Unido) y latinoamericanos (como Bolivia, Ecuador y Costa Rica entre otros) con el fin de buscar una salida negociada a la situación venezolana y como modo también de crear una instancia de países con gobiernos progresistas, menos agresiva que el grupo de Lima. Argentina se sumó el 12 de agosto de 2020.
Con la designación de Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea en octubre de 2019, y con la afiliación de Argentina, ambos gobiernos progresistas, se suponía que el evento electoral de diciembre podría tener apoyo internacional, especialmente una vez que sectores importantes de oposición plantearan su intención de participar.
De hecho, la ministra de asuntos exteriores de España, Arancha González Laya, ha declarado que hay posibilidades que España apoye el proceso electoral
Sin embargo, no ha sido así hasta ahora, lo que complica el panorama para una salida democrática en Venezuela.
Maduro respondió a la Unión Europea: «En Venezuela va a haber elecciones, va a haber una nueva Asamblea Nacional (AN) y ustedes, como Unión Europea, no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump de intentar sustituir los Poderes Públicos». Por eso, les pidió «un poco de realismo político».
Justo el día antes de la reunión del Grupo de Contacto, se publicó el informe ‘Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela’, elaborado por un equipo de tres investigadores de la ONU, que apunta a responsabilizar al gobierno de Maduro de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El canciller venezolano Jorge Arreaza declaró que el informe está «plagado de falsedades».
En todo caso, la lógica pareciera indicar que si hay un informe que acusa hechos supuestamente tan graves, debería alentarse a la realización de unas elecciones. Y que, por el contrario, la postergación del evento podría indicar la continuidad de esas presuntas violaciones.
Ahora, a quien perjudica la actitud de los grupos de países mencionados no es precisamente al gobierno venezolano. La oposición ahora tiene mucho más que perder ante estas posiciones.
La diplomacia antimadurista contra la oposición
La decisión del excandidato opositor Henrique Capriles de participar en el evento electoral de diciembre abrió un escenario político, ya no solo para quienes nunca estuvieron de acuerdo con una salida violenta, sino también para éstos. Es una oportunidad para toda la oposición de salir de la vía insurreccional y prointervencionista a la que ha estado sometida por parte de cierto liderazgo opositor, y probar nuevamente la vía electoral que ya le ha dado victorias aplastantes y que tiene un cronograma fijado: Legislativas 2020, Gobernaciones 2021 y, si se dieran las condiciones, referendo revocatorio en 2022, como lo establece la Constitución y Maduro recordó hace semanas.
La vía Guaidó, por la que apostaron de manera automática muchos gobiernos de Europa y América latina, no da señales de vida. Viene de fracasar la operación Gedeón, que intentó en mayo pasado ingresar comandos militares al país y que fue reprochado por la prensa internacional.
El 30 de abril de 2019, un movimiento militar trató de romper la cadena de mando militar y tampoco funcionó. El grupo de Lima, desde donde se discutían las posibilidades de intervenir militarmente o apoyar una invasión de EE.UU., hoy está desactivado. El funcionariado estadounidense no está preocupado por Venezuela, salvo para infligir sanciones.
Entonces, ¿quieren el Grupo de Contacto y la Unión Europea nuevos fracasos de esta índole, una vez rechazan la vía electoral diseñada por la institucionalidad venezolana? ¿Qué opción presentarán, no solo al pueblo venezolano, sino específicamente a los sectores opositores que han salido de la línea Washington que aúpa la abstención y han decido lanzarse electoralmente porque a la salida militar se le han agotado las posibilidades, según el propio Elliott Abrams?
Las implicaciones de este rechazo a la invitación de participar como observadores de los comicios se harán sentir en el ambiente diplomático, y posiblemente también tengan consecuencias en el ánimo opositor para asistir a las urnas. Con una alta abstención opositora, el desconocimiento electoral termina cediendo espacios al gobierno de Maduro, quien podría quedarse con el único poder público que le había sido esquivo: el poder legislativo.
Pero las peores consecuencias serán evidentemente sociales y humanitarias.
Cerradas las opciones internacionales de acordar un proceso de diálogo interno y avivada la salida de Guaidó de rebelarse contra el evento electoral, las sanciones del gobierno de EE.UU. estarán mucho más lejos de ser eliminadas o relentizadas.
Ahora, con una salida electoral promovida desde sectores de la propia oposición, el autojuramentado es más peligroso como actor, porque solo puede sobrevivir políticamente en la medida que entorpezca y sabotee el proceso electoral. Ahora tiene dos enemigos. Su objetivo es derrotar a Maduro, pero si Capriles se posiciona, entonces sencillamente muere como opción política, así que este se convierte en su enemigo inmediato.
Por lo tanto, la oposición radical puede intentar un proceso de abstención activa para infartar las mesas electorales favorables a Capriles y tratar de extinguirlo electoralmente. Este hipotético saboteo, similar al que intentaron cuando las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, significaría otorgarle la hegemonía política total al oficialismo.
¿Es esta la salida más apetecible para países progresistas como México, Argentina o España?
En plena pandemia, la persecución contra buques que traen combustible a Venezuela ha venido arreciando, lo que ha traído un mayor empobrecimiento de la población venezolana y agudizando los problemas de distribución de alimentos y medicinas. Muchos territorios y poblaciones están quedando prácticamente aislados por la falta de gasolina y hay un encarecimiento general de las condiciones de vida.
El cercenamiento de la salida electoral, o al menos su postergación, impactará negativamente la vida del venezolano.
Aún no se entiende la posición de países progresistas en este sentido. Ojalá ambas partes puedan llegar a acuerdos y acelerar una vía democrática que aleje la violencia y confronte las sanciones que hoy sufren los venezolanos.
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