Por: ALFREDO MEZA / JOAN FAUS
Un día después de dar el primer paso para restablecer plenas relaciones diplomáticas con Cuba, su contrincante de siempre en la región, Estados Unidos colocó a Venezuela en la posición de heredar la posta. Lo hizo posible el presidente Barack Obama al firmar este jueves la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014, aprobada la semana pasada por el Congreso, que impone sanciones contra funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro considerados responsables de violaciones de derechos humanos en las protestas opositoras suscitadas entre febrero y junio.
En respuesta, Maduro cambió el tono laudatorio con el que celebró el miércoles desde Argentina, donde asistía a la Cumbre del Mercosur, el histórico acuerdo entre La Habana y Washington por uno mucho más frontal. En seis trinos de su cuenta de Twitter resumió la postura de Caracas: son «medidas insolentes» las tomadas por Estados Unidos porque han sido «rechazadas en el país y en el continente» y subestiman «la fuerza y la conciencia del pueblo venezolano».
No dejó de notar el gobernante venezolano en sus comentarios la paradoja de que la rúbrica de Obama iniciara «una nueva etapa de agresiones a la patria de Bolívar» un día después de la histórica capitulación del régimen castrista. En esa misma línea se expresó el canciller Rafael Ramírez en la red social. «Estamos obligados a movilizarnos y defendernos» y acusó «a la extrema derecha venezolana» de dar «al imperialismo norteamericano un vergonzoso apoyo para agredir a la patria». De momento Caracas parece no rehuirle al papel que deja vacante su aliada Cuba y ha aceptado el reto que plantea Washington con esta medida.
Este acuerdo se hizo posible justo cuando el Partido Demócrata perdió el control del Senado en las elecciones de noviembre y entendió que era el momento de dejar una impronta en los dos últimos años de mandato de Obama en varios frentes. El Senado -que no pasará a control republicano hasta principios de enero- aprobó el lunes 8 la ley y a los dos días la Cámara de Represenantes -que seguirá bajo dominio republicano- hizo lo mismo.
El gesto hacia Cuba es el reconocimiento del fracaso del embargo, pero el endurecimiento mostrado hacia los herederos del fallecido presidente Hugo Chávez es también la prueba de que están dispuestos a ensayar nuevas estrategias para tratar de aislar a gobiernos abiertamente hostiles.
En un esfuerzo por tratar de construir un relato para nuclear a sus seguidores, Maduro ha tratado de convertir esta decisión en la versión actual del histórico embargo que sancionó Washington contra La Habana hace medio siglo. Está por verse si logra o no su cometido de comunicar que, más que una medida que afecta a funcionarios de su Gobierno, se trata de una agresión a la nación. Por lo pronto ha tenido un éxito relativo en dividir a la oposición. Por iniciativa de la mayoría chavista, el martes la Asamblea Nacional introdujo un proyecto de acuerdo para rechazar las medidas tomadas por el Senado estadounidense.
Antes de que el texto se leyera y debatiera en la plenaria fue discutido por los parlamentarios de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Dos diputados contrarios al Gobierno —los socialdemócratas William Dávila y Morel Rodríguez— respaldaron la moción chavista. A la plenaria posterior solo se presentaron, y votaron en contra los asambleístas contrarios a la propuesta, para evitar que quedaran en evidencia las fracturas de la alianza opositora cobijada bajo la plataforma de la Mesa de la Unidad.
La decisión llega también en un día particularmente negro para el Gobierno. La agencia Fitch bajó la calificación financiera de Venezuela de «B» a «CCC», una categoría que designa a los países para los que la suspensión de pagos es una posibilidad real.
La firma de Obama estaba prevista desde la aprobación de la norma la semana pasada, pero no llega en un contexto cualquiera. Además del anuncio del progresivo restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, Washington ha rechazado de momento adoptar nuevas represalias contra Rusia por su papel desestabilizador en Ucrania.
La decisión de Obama evidencia la pérdida de paciencia de su Gobierno con Caracas y supone un nuevo deterioro de las tensas relaciones bilaterales. En mayo, Estados Unidos consideraba que imponer sanciones podía ser contraproducente en lograr un acercamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Tras el fracaso de las conversaciones apadrinadas por el Vaticano y los Gobiernos de Brasil, Colombia y Ecuador, en julio Washington anunciaba la revocación o denegación de visados a un grupo de altos funcionarios venezolanos considerados «responsables o cómplices» de violaciones de derechos humanos en las protestas.
«No hemos permanecido en silencio, ni lo haremos, frente a acciones del Gobierno venezolano que violan los derechos humanos, las libertades fundamentales y las normas democráticas», afirmó la semana pasada el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, tras la aprobación de la norma en el Capitolio.
No se conoce la lista completa de los afectados, pero la semana pasada el senador republicano Marco Rubio publicó algunos nombres. Entre ellos destacan el exdirector de Contrainteligencia Militar y exembajador en Aruba Hugo Carvajal, la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz, los gobernadores chavistas Francisco Rangel Gómez, José Gregorio Vielma Mora, Alexis Ramírez y Henry Rangel Silva, el extitular de Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres, así como la plana mayor de la Guardia Nacional Bolivariana, responsables de reprimir las manifestaciones.
En tono de ironía otros prominentes funcionarios de Gobierno reclamaron que los incluyeran entre los sancionados. Otros, como la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Valera, plantearon incluso una quema masiva de las visas de turistas necesarias para ingresar a territorio estadounidense en plazas públicas del país
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