Por: Geraldina Colotti
El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia como el momento en que la legalidad internacional fue dinamitada de forma definitiva. El ataque armado que provocó más de cien muertos y otros tantos heridos, culminando en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, su esposa, no es un hecho aislado. Es el desenlace brutal de una agresión multidimensional que los Estados Unidos han ejecutado contra Venezuela para quebrar, por la fuerza, una Zona de Paz que la región había jurado proteger.
Este acto de piratería internacional representa la violación más grave de la soberanía nacional en el siglo XXI. No se trata solo de un ataque contra una fuerza política, sino de un asalto directo a la inviolabilidad de los derechos de un presidente electo y a la dignidad de un pueblo soberano. Al secuestrar a las máximas autoridades del país, Washington ha pasado de la guerra económica a la ejecución de una operación militar extraterritorial, ignorando cualquier norma del derecho internacional y estableciendo un precedente nefasto: el retorno a la ley de la selva en las relaciones internacionales.
La agresión que culminó este enero ha sido sistemática. Durante años, Venezuela ha sido el laboratorio de un modelo de asedio que combina el bloqueo financiero con la guerra cognitiva. Las medidas coercitivas unilaterales, diseñadas para asfixiar la economía y destruir la base material de la vida cotidiana, fueron el preludio necesario para esta acción armada. El objetivo siempre fue el mismo: generar un colapso institucional que permitiera la captura de los recursos naturales y el desmantelamiento del proyecto bolivariano. En este sentido, el secuestro del presidente Maduro es el intento de decapitar la resistencia de un modelo que se opone a la lógica del capitalismo en crisis estructural.
La campaña de mentiras que acompaña esta agresión es otra dimensión fundamental del ataque. Los centros del poder mediático global han intentado naturalizar la violencia, presentando el secuestro como una intervención necesaria y ocultando la masacre de ciudadanos venezolanos durante la operación. Esta maquinaria de desinformación busca deshumanizar a las víctimas y justificar un crimen de lesa humanidad ante la opinión pública internacional. Sin embargo, la realidad de los hechos —los muertos en suelo patrio y el rapto de las autoridades— rompe cualquier narrativa de salvación democrática.
Los riesgos de este quiebre de la paz son incalculables, no solo para Venezuela sino a nivel regional y global. La ruptura del equilibrio en el Caribe pone en peligro la seguridad de todo el continente y desafía la construcción del mundo multipolar. No obstante, la reacción internacional de los pueblos y de bloques como los Brics+ está demostrando que el imperialismo ya no puede actuar con total impunidad. La solidaridad activa y la firmeza de las alianzas estratégicas son hoy el único muro de contención contra esta deriva autoritaria de Washington.
La comunidad internacional debe exigir la libertad inmediata de los secuestrados y el respeto a la Constitución Bolivariana. La defensa de Venezuela es hoy la defensa del derecho de todos los pueblos a decidir su destino sin el temor de ser víctimas de un zarpazo militar. La paz quebrada el 3 de enero solo podrá reconstruirse a través de la justicia, la verdad y el reconocimiento pleno de la soberanía venezolana. Es una batalla que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, acompañada por todo el cuadro dirigente político y militar de la revolución, está llevando adelante con orgullo y sin titubeos.
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