Por: Álvaro García Linera
Hay un consenso de facto respecto a que el acuerdo liberal globalista feneció.
De la llamada disciplina fiscal se ha saltado a las gigantescas emisiones monetarias de todos los bancos centrales para atemperar la crisis. De los tratados de libre comercio se ha pasado a la guerra arancelaria. De la “eficiencia de los mercados” como ley del crecimiento económico se ha llegado al nacionalismo económico del “America First”, “hecho en China”, “Hecho en Europa”.
Y en medio de esta turbulencia global, comienzan a emerger ciertos principios de porvenir que, independientemente de la forma final que adopte el nuevo sistema de acumulación y legitimación mundial, estarán presentes en su interior.y un consenso de facto respecto a que el acuerdo liberal globalista feneció.
Se trata del papel protagónico del Estado en la conducción del nuevo modelo de acumulación.
En rigor, la presencia del Estado nunca ha dejado de tener importancia en el orden económico. El propio neoliberalismo y la globalización se lograron mediante continuas intervenciones estatales. Ahí el Estado fue el soporte del mercado.
Pero lo que está emergiendo ahora es distinto.
Se trata del surgimiento de un Estado que comanda la reorganización económica de los países y del orden mundial: impone aranceles para proteger empresas propias, chantajea a naciones para invertir en el territorio local, subvenciona determinadas industrias, devalúa la moneda para fomentar exportaciones, aplica normas de origen a las importaciones, crea mercados, fragmenta mercados en función de criterios geopolíticos o de “seguridad nacional”, etc. De un Estado de soporte, propio del liberalismo, estamos transitando a un Estado gestor, inversor y planificador del desarrollo económico.
Y la manera contemporánea en que esta reestructuración de la acumulación se está asumiendo es a través de lo que se ha venido a llamar las “políticas industriales” que, a la fecha, ya está comenzando a ser empleada en 183 países. El profesor de Harvard D. Rodrik calculó que, frente a las 35 acciones de política industrial ejecutadas el 2010, se ha pasado a 1650 intervenciones en 2023 (The New Economics of Industrial Policy, 2024)
En términos generales, la política industrial es un conjunto de variadas herramientas económicas, monopolizadas por el Estado que los gobiernos ejecutan para impulsar el desarrollo de actividades productivas, en lugar de dejarlas únicamente en manos del mercado.
En 2024, el FMI ya había advertido sobre esta nueva oleada de intervencionismo estatal y ahora le ha tocado el turno al Banco Mundial (BM), la otrora iglesia del liberalismo económico, que en marzo de este año ha publicado un voluminoso libro sobre el tema: “The industrial policy for development”.
El documento comienza con una confesión de realismo que no pocos anacrónicos gobernantes latinoamericanos deberían leer: “durante décadas el crecimiento económico” se sostuvo sobre gobiernos que aplicaban “una gestión macroeconómica sólida” (austeridad fiscal, recorte del gasto público, flexibilización laboral), abrían los mercados y las “empresas privadas hacían el resto”. Pero, “not so today” (hoy no es así), prosigue el documento, que sentencia de manera lapidaria: “el proteccionismo y los subsidios se han disparado en las economías avanzadas y de ingresos medios” y cerca del 4,2 % del PIB se destina a subvencionar empresas.
En el texto, el organismo internacional enumera tres grandes áreas con 13 políticas industriales: a) aportaciones públicas (parques industriales, programas de desarrollo de habilidades laborales específicas, asistencia para el desarrollo de mercados, infraestructura de enclave); b) incentivos de mercado (aranceles de importación, normas de contratación públicas, requisitos de contenido local, prohibición de exportaciones de solo materias primas, acuerdos de transferencias de tecnología, subsidios para la producción, apoyo a la innovación, incentivo a las exportaciones y aumento de la demanda de los consumidores); y, por último, c) intervenciones macroeconómicas (devaluación competitiva del tipo de cambio, créditos fiscales para la investigación y el desarrollo).
El BM considera que los países de ingresos altos y medios están mejor preparados para aplicar aranceles a las importaciones, subsidios a empresas y requisitos de contenido local. De hecho, esto es lo que viene haciendo EE.UU. como con el arancel base del 15% a cualquier importación; las subvenciones a empresas (Intel 8500 millones de USD), Boing (16000 millones), Ford y GM (15000 millones), etc. En lo relativo al contenido local, Washington ya exige que el 75 % del contenido de valor de cada vehículo importado provenga de América del Norte.
En lo que respecta a los llamados “países en desarrollo, el Banco Mundial establece que la herramienta más útil para ellos serían los “parques industriales” consistentes en infraestructura concentrada para empresas extranjeras, cercanía a importantes centros de transporte, acceso a mano de obra barata y disfrute de incentivos fiscales, etc. Además, añade que este industrialismo deberá estar enfocado en las exportaciones.
Al margen de este documento, no cabe duda que China es el ejemplo paradigmático de políticas industriales exitosas. En 30 años China ha pasado a ser el país más industrializado del mundo, con el 28% de la producción industrial global, seguido por EE.UU. con el 17 %, Japón con el 5 % y Alemania con el 4,9% (Safeguard Global, 2025).
Para ello, el Estado chino combinó la apertura a la inversión extranjera en zonas económicas especiales y parques industriales -con incentivos fiscales y facilidades para la inversión- con subvenciones, créditos baratos y financiación estatal para empresas estatales y privadas chinas en áreas estratégicas (electrónica, automóvil, acero, energía). Se articulo la formación laboral técnica especializada con una abundante inversión en infraestructura pública. Se impulsó la coproducción con empresas extranjeras y se priorizó el aprendizaje y la transferencia tecnológica en los distintos niveles de las cadenas de valor manufacturero (Lin, The China miracle, 2021).
Paralelamente, otros autores argumentan que no es suficiente la aplicación de políticas industriales para relanzar el crecimiento económico, pues la actividad manufacturera es minoritaria en términos de ocupación de mano de obra con respecto al sector servicios. Por ello, Rodrik plantea también la aplicación de una “política industrial para los servicios” -asistencia sanitaria, cuidado de personas, pequeños comercios, logística, alimentos, etc.- bajo la consigna de “productivismo” impulsado por acciones estatales enfocadas en esos sectores que emplean a la mayor cantidad de los trabajadores (Shared prosperity in a fractured world, 2025).
En cualquier caso, hay muchas variedades de aplicación de las políticas industriales. Pero, en medio de ellas, hay dos modelos referenciales básicos que ordenan el conjunto de opciones. El primero es el modelo norteamericano en el que el poder del Estado y los recursos económicos públicos se tensan para apoyar y promover la inversión privada y la externalización del excedente económico. El segundo es el modelo chino, en el que el Estado impulsa simultáneamente la inversión privada -extranjera y nacional- así como la estatal, canalizando los excedentes económicos, y el conocimiento productivo, al interior de la propia sociedad nacional.
¿Cuál de estos dos tipos de industrialismos se generalizará en el mundo en las siguientes décadas? Es difícil saberlo. Pero lo que si ya es irreversible es este nuevo rol activo y conducente del Estado en la organización de las economías nacionales y del futuro orden mundial que se adaptará a las preferencias nacionales.
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