Pido a los lectores que se detengan unos minutos a observar la imagen que se encuentra arriba de este texto. Es muy probable que ninguno de los rostros de las personas allí presentes les resulte familiar. Se puede apreciar que el evento tuvo lugar en Argentina por dos datos inequívocos: la bandera celeste y blanca y el retrato del libertador José de San Martín. Ahora bien, ¿qué relación existe entre esos objetos y las personas allí sentadas? Si nos dejamos llevar por las apariencias diríamos que se trata de un acto institucional rutinario de un país soberano. ¿Pero qué tal si esta imagen reflejara todo lo contrario? ¿Qué tal si esa bandera y ese libertador fueran el atrezzo, los elementos de utilería empleados por un poder que ahora mismo actúa bajo la sombra en todo el continente americano?

Vuelvan a mirar la imagen y ahora permítanme contar una historia.

La foto proviene de un vídeo que puede verse por YouTube y capta el encuentro que tuvo lugar durante el mes de marzo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. En el centro de la escena se observa a un nombre que lee un texto, no sabemos si escrito por él o por alguien más.

Se trata del empresario argentino Marcelo Mindlin, que en su discurso agradece su designación como nuevo chair de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto (IRHA). Esta entidad inter-gubernamental fue fundada en el año 1998 por el ex presidente de Suecia Göran Persson, una figura clave a la hora de acercar a su país al Estado de Israel.

Según destaca su mismo fundador, esta entidad nació por la necesidad de llevar a cabo una lucha internacional contra el antisemitismo y recordarle a las nuevas generaciones los horrores del holocausto.

Reino Unido y Estados Unidos fueron los socios más entusiastas de esta iniciativa y durante los últimos años se han sumado 35 países de todo el mundo, la mayoría de Europa occidental. Si bien el único país latinoamericano en adherir a este proyecto ha sido la república Argentina, la tarea encomendada a Mindlin, gracias a un acuerdo sellado en Jersulén, es la de «construir un puente entre la IRHA y nuestra vasta región latinoamericana», bajo el lema «expandiendo las fronteras de la memoria».

Pero basta hurgar un poco en la información disponible para comprobar que los objetivos son más ambiciosos, puesto que «esta presidencia busca abrir nuevas conversaciones y escenarios para que la concientización sobre la memoria por el Holocausto sea la más global posible. Pretendemos iluminar tanto a nuestra región como a las diferentes naciones del sur global».

Por qué una de las prioridades de la región latinoamericana debería ser la lucha contra el antisemitismo es algo que ni el mismo Mindlin puede explicar en su discurso. Mediante una curiosa voltereta retórica aclara que las naciones latinoamericanas «no han tenido una relación directa con la Solución Final» pero aun así tienen el «deber» de «hacer su contribución a la construcción de memorias locales que incorporen aquella tragedia en una fuente de enseñanza para mejorar nuestras sociedades».

Quizá esto explique por qué, a pocos días del evento que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras indígenas y campesinos son masacrados y reprimidos por protestar contra el gobierno, firmaba un acuerdo con la embajadora del Estado de Israel para incorporar la enseñanza de la memoria del Holocausto en el sistema educativo ecuatoriano.

Según el singular concepto de la «memoria» que aplican actualmente los países gobernados por la extrema derecha regional, la prioridad es mantener vivo el relato admonitorio del holocausto nazi mientras hacen todo lo posible por borrar el recuerdo de las múltiples violaciones de derechos humanos, masacres y tropelías cometidas contra los pueblos de nuestras naciones por parte de esas mismas oligarquías.

Pero volvamos a la imagen. A la derecha de Mindlin se encuentra el chair saliente, a quien aquel identifica como su «amigo» Dani Dayan, empresario israelí y uno de los principales promotores de los asentamientos ilegales en territorio palestino. A la derecha de Dayan, a su vez, se encuentra el ministro de relaciones exteriores de la Argentina, Pablo Quirno, descrito por Mindlin como viejo conocido de los tiempos en que él arrancaba como empresario y Quirno se consolidaba como banquero de J.P. Morgan.

La única mujer que aparece en la imagen es la alemana Michaela Küchler, secretaria general de IRHA, a quien Mindlin saluda protocolarmente tras agradecer al sector judicial de la república Argentina por su apoyo constante para combatir el antisemitismo en el país.

A estas alturas los lectores podrán preguntarse por qué un empresario como Marcelo Mindlin asume la dirección de una entidad intergubernamental como IRHA. Más aún, también podrán preguntarse qué papel tiene esta institución en el mundo y por qué Argentina asume su liderazgo.

Marcelo Mindlin, además de ser el actual «chair» de IRHA, está vinculado a oscuras maniobras para obtener cuantiosas ganancias con la privatización de los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) -actual EDENOR- y con la instalación del cancerígeno PVC en los hogares de muchos argentinos. Pero, por sobre todas las cosas, Mindlin es la mano derecha de uno de los dueños de la Argentina: el empresario Eduardo Elsztain.

La relación entre ambos se consolidó después de una peculiar maniobra financiera que, apoyada en una importante inversión de capital extranjero, permitió que Elsztain se hiciera con una participación decisiva en el Banco Hipotecario Nacional (BH), entidad bancaria que ofrecía créditos para la vivienda y la producción agropecuaria y disponía de información estratégica sobre la propiedad inmobiliaria del país. Tras esa audaz operación, Elsztain se convirtió en un exitoso tiburón inmobiliario de la Capital Federal, dueño de casi 1 millón de hectáreas en todo el país y empresario del rubro financiero, tecnológico y agroindustrial a escala global. En el año 2009, Elsztain fue elegido presidente del Governing Board del Congreso Judío Mundial (CJM), una entidad fundada en Suiza, con sede principal en el Estado de Nueva York y sucursales en diferentes lugares del mundo, entre ellos Buenos Aires.

Entre las prioridades del CJM cabe resaltar su respaldo al Estado de Israel y su combate a la «amenaza iraní», descrita en esos términos tras los dos tristemente célebres atentados a la comunidad judía en Argentina en los años 90, a pesar de que, hasta el día de hoy, no se ha podido determinar que Irán haya sido el autor intelectual o material de dichos atentados y a pesar de los esfuerzos de Cristina Fernández de Kirchner por esclarecer judicialmente estos sucesos, cosa que, como es sabido, le ha costado un persecución política sin precedentes por parte de ese mismo poder judicial al que Mindlin agradece sus diligencias en su lucha contra el antisemitismo.

El CJM no solo aglutina a un grupo de millonarios promotores de los asentamientos del Estado de Israel en Cisjordania, sino que se presenta como «brazo diplomático del pueblo judío». Su principal hazaña cultural, además de un llamativo interés por el mundo del arte contemporáneo, consistió en lograr la suspensión de una resolución de la Asamblea General de la ONU, donde se sostenía que el sionismo era una forma de racismo y discriminación racial equiparable al Apartheid sudafricano.

Tras desvincular al sionismo de cualquier identificación con el supremacismo, este Congreso Judío Mundial no ha dejado de presentarse, junto a IRHA, como una plataforma de lucha contra el antisemitismo a nivel mundial.

Pero Elsztain no solo hace lobby a escala global en el CJM sino también a nivel local. A través de su holding IRSA, instaló en Buenos Aires la red blockchain más grande de toda América Latina acordada con Ethereum.

Y un dato no menor, también decidió hospedar en su hotel Libertador, otra de las tantas empresas de su propiedad, a uno de los mayores estafadores de cripto monedas de la Argentina, Javier Milei, durante su campaña presidencial en el año 2023. Asimismo, se rumorea que la conversión de Milei al judaísmo y su acercamiento a la rama ultra-ortodoxa Jabad-Lubavitch fueron iniciativas del mismo Elsztain.

Repasemos entonces la trama. La Alianza para la Memoria del Holocausto ha considerado a la Argentina gobernada por Javier Milei como el país idóneo para impulsar la lucha contra el antisemitismo a nivel regional y mundial. Y el presidente Milei, por su parte, no ha dudado en poner a la dupla empresarial Elsztain-Mindlin a la cabeza de esta organización inter-gubernamental.

Pero lo más grave a resaltar es que, tras la exacerbación del genocidio en curso contra el pueblo palestino, diferentes países miembros de IRHA han tomado la decisión de incorporar en sus respectivas legislaciones la definición de antisemitismo elaborada por la entidad.

En la actualidad, y bajo la excusa de una aumento acelerado de antisemitismo a escala global, dicha definición está siendo aplicada en países como Reino Unido o Estados Unidos para desarticular la capacidad crítica de la academia, despedir profesores, expulsar estudiantes, arrestar activistas pro-palestina y perseguir discursos socialistas, feministas o antirracistas.

Francia e Italia, por su parte, vienen discutiendo diferentes proyectos de ley para incluir la definición. En marzo de 2026, el senado de Italia aprobó el proyecto contemplando penas de 2 a 6 años de cárcel por discursos antisemitas, ofreciendo cursos de formación para docentes y estudiantes en las escuelas. En abril de 2026, Francia ha comenzado a debatir el proyecto con la finalidad de identificar al antisemitismo con el terrorismo.

En Argentina, tres diputados de izquierda han sido acusados de antisemitismo y uno de ellos, Vanina Biasi, acaba de ser imputada por el juez Daniel Rafecas. Por eso no es de extrañar que Mindlin resalte en su discurso que el gran acierto ha sido «la adopción de parte del Estado argentino y de los organismos del poder judicial (…) de la definición de IRHA. Se trata de una herramienta crucial para combatir el antisemitismo y que nuestro país puede mostrar con orgullo el éxito de su implementación tanto en causas judiciales como acciones políticas».

Algún lector desprevenido, o al menos dispuesto a creer en las buenas intenciones de empresarios vinculados al proyecto libertario, podría pensar que no habría nada de malo en hacer todo lo posible para evitar que el antisemitismo vuelva a instalarse en nuestras sociedades. Pero las cosas se complican cuando prestamos atención a la letra chica de su definición.

Según IRHA: «El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto». No hace falta un agudo ejercicio de comprensión lectora para darnos cuenta de que la acusación de antisemitismo empleada por muchos países para perseguir, imputar e incluso encarcelar personas depende de la «percepción» que cualquier individuo, judío o no, pueda tener.

Más aún, esta definición de antisemitismo no solo expresaría una discriminación hacia las personas sino también hacia sus «propiedades», «instituciones» y «lugares de culto». Esto abre las puertas a que cualquier crítica hacia el accionar del Estado de Israel o entidades financieras que lo secundan pueda ser tildada de antisemita.

Y si a eso le sumamos que son los ricos del mundo, millonarios fascistas y libertarios de ultra derecha -en complicidad con un presidente que tiene por costumbre humillar mujeres, discapacitados, jubilados y sectores populares-, quienes tienen el control de la nueva semántica para combatir el antisemitismo, qué duda cabe de que esta definición no ha sido pensada para combatir el odio sino justamente para exacerbarlo y ponerle un bozal a cualquier persona que se atreva a denunciar los intereses de estos paladines de la noble causa contra el antisemitismo.

Ahora bien, ¿sobre la base de qué certezas se nos advierte de un avance descontrolado del antisemitismo en el mundo? ¿No resulta sospechoso que este supuesto peligro sea denunciado por las mismos empresarios y políticos que autorizan el genocidio en Gaza y destruyen las economías en los países del Sur Global? ¿Desde cuándo la lucha contra la supuesta aniquilación de un pueblo ha sido liderada por los mega ricos del planeta?

Para nadie es un secreto que las clases dominantes que un siglo atrás alentaron el auge del fascismo antisemita son las mismas que hoy dicen combatirlo, escudándose en la retórica de los valores del mundo libre. Si rascamos en la superficie de estos valores solo encontramos a un puñado de millonarios aferrados a la rentabilidad de la economía fósil, la usura financiera y la expansión de la guerra por todo el planeta. Crean a toda velocidad esta farsa de antisemitismo con la única finalidad de confundir y atemorizar a la inteligencia popular, esa forma de la sabiduría que sabe llamar las cosas por su nombre.

Por tanto, si nos atenemos a la definición de IRHA, según la cual «el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos», denunciar el genocidio en Palestina, que se ha cobrado la vida de decenas de miles de seres humanos, sería un acto antisemita; trazar con rigor y evidenciar los vínculos entre el Estado de Israel, el narcotráfico y el triunfo de la ultraderecha regional sería entonces un acto antisemita.

Y si nos atenemos a la definición de IRHA, según la cual las percepciones «físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto», exigirle al Estado de Israel, Reino Unido y Estados Unidos que dejen de usar el agua, el petróleo y otros recursos naturales del continente americano como un botín de guerra sería también un acto antisemita; y, por último, sostener que han convertido al Estado de Israel en la punta de lanza del viejo proyecto europeo de dominación supremacista imperial, ese mismo proyecto que un siglo atrás permitió el genocidio judío, sería también un acto de antisemitismo.

Esta guerra por los nombres ha convertido a la Argentina en un laboratorio social de claro signo distópico que deberíamos tratar de comprender con todos los instrumentos críticos y científicos a nuestra disposición y, como parte esencial del proyecto, ha designado al país suramericano la tarea de expandir el sionismo semántico por todo el continente.

Todo indica que las extravagancias de Javier Milei, que tanto espacio ocupan en los medios, desvían la atención para que no se discutan las maquinaciones de un poder mucho más opaco, empeñado en materializar las nuevas y brutales formas del colonialismo del siglo XXI.