Contra el frente amplio eléctrico Por una crítica de izquierda a la alianza con el capitalismo verde

I. Planteamiento

En el diario Gara han aparecido seis artículos firmados por Beñat Zaldua donde se hace un resumen de la primera temporada del podcast «Petroherria» conducido por Jon Urzelai. En los diferentes capítulos, Xan López, Cristóbal Gallego y Mar Rubio, construyen un relato coherente y atractivo: la transición energética es una oportunidad histórica, el capitalismo verde es un socio incómodo pero necesario, China es el modelo emergente frente al «fascismo fósil» estadounidense, y la tarea de la izquierda es tejer un «frente amplio eléctrico» con «gente muy diversa que no se tiene por qué poner de acuerdo en otra cosa».

Este es, además, un debate que la izquierda actual necesita dar, y no por gusto por la polémica interna, sino porque en el fondo remite a un dilema que la ha acompañado siempre, en cada momento en que se ha visto obligada a decidir cómo actuar frente a una urgencia histórica: mantener una línea de colaboración con fuerzas ajenas al movimiento, o sostener un programa independiente aun a riesgo de quedar minoritaria y aislada.

Es el dilema de fondo que atraviesa esas posiciones bajo la forma concreta del capitalismo verde y el frente amplio eléctrico, pero que no es nuevo ni exclusivo de la crisis climática. Por eso, y salvando las distancias temporales y de contexto que separan una cosa de otra, he querido contrastar esta polémica con dos precedentes históricos de la propia izquierda: la posición de la Oposición Bolchevique frente a la NEP¹ y la del POUM² en relación con el Frente Popular.

No se trata de forzar una analogía mecánica entre situaciones muy distintas, sino de recuperar el argumento de fondo que en ambos casos se defendió —y que aquí, considero, subyace de forma equiparable— frente a quienes, entonces como ahora, presentaban la colaboración con un poder ajeno como la única salida realista ante la urgencia del momento.

Partiendo de que esas posiciones responden a una mirada de izquierdas y pretenden contribuir a un debate necesario sobre el momento histórico excepcional que atravesamos, me atrevo a escribir estas líneas sosteniendo la posición contraria en cada uno de esos puntos. No por dogmatismo, sino porque, a mi juicio, ese pragmatismo termina —como advertía Trotsky de la NEP— corrigiendo los síntomas mientras alimenta al enfermo.

II. ¿Qué es el capitalismo verde? ¿Fracción o mano de pintura?

Gallego³ distingue con nitidez entre «un capitalismo verde que esté invirtiendo en desplegar la tecnología para descarbonizar» y «un capitalismo fósil dispuesto a acabar con todo lo que se ha avanzado». Esta distinción presupone lo que debería demostrarse: que existen dos fracciones de capital con intereses materialmente antagónicos, y no una única lógica de acumulación que se reviste de verde cuando la rentabilidad lo permite y vuelve al fósil cuando no.

El capital no tiene color; tiene tasa de retorno. Los mismos fondos de inversión, los mismos bancos, las mismas multinacionales energéticas que hoy financian parques eólicos y plantas fotovoltaicas mantienen carteras diversificadas en gas, petróleo y minería. Iberdrola, Repsol, BlackRock o los grandes fondos soberanos del Golfo no son «capitalismo verde» enfrentado al «capitalismo fósil»: son capital que arbitra entre activos según su rentabilidad esperada, y que empuja lo renovable en la medida —y solo en la medida— en que resulta rentable, subvencionado o exigido regulatoriamente. Llamar a esto una fracción de clase distinta, con intereses propios y estables, es tomar la cosmética por la anatomía. Es, como plantea la pregunta que da título a este apartado, la misma estructura de propiedad y de extracción de plusvalía con una mano de pintura verde.

III. ¿Enfrentamiento real entre capitales o ficción funcional?

López⁴ admite con honestidad que «renuncias a abolir el capitalismo» al aliarse con el capital verde, y lo justifica apelando a una supuesta contradicción interburguesa que la izquierda podría aprovechar. Pero conviene preguntarse a quién beneficia esa narrativa de enfrentamiento. Si la disputa entre capital fósil y capital verde fuera real y antagónica —y no una tensión secundaria dentro de un mismo bloque de poder que se reparte el pastel de la transición—, no se explicaría la fluidez con que las mismas empresas y los mismos Estados petroleros del Golfo diversifican simultáneamente hacia el hidrógeno verde y el litio, ni que las petroleras europeas presenten sus divisiones renovables como la punta de lanza de su reputación mientras mantienen intactas sus divisiones de exploración.

La ficción de la contradicción cumple una función política precisa: permite presentar la negociación con el capital como una guerra de posiciones en la que la izquierda elige bando dentro del capital, en lugar de plantear la disputa en términos de clase. Es la misma operación ideológica que denunciaba el POUM en el Frente Popular español: no se trata de que no existan matices dentro del bloque dominante, sino de que subordinar el programa propio a esos matices desarma políticamente al sujeto que debería representar un proyecto distinto.

IV. El balance real de las inversiones

Rubio⁵ aporta datos que merecen ser tomados en serio: en Europa las renovables han reducido emisiones, la fotovoltaica se implanta a un ritmo sin precedentes y la intensidad energética global desciende. Pero el propio dato incómodo que ella misma ofrece desmiente la tesis de fondo: 2024 fue el año en que más carbón se quemó en toda la historia de la humanidad. La transición no está sustituyendo a las fósiles; se está sumando a ellas a escala planetaria, exactamente lo que Fressoz⁶ denuncia y que Rubio, pese a matizarlo con razón en algunos puntos, no logra refutar en lo esencial: el consumo energético total sigue creciendo y las emisiones globales no han hecho pico sostenido.

Si el capital verde hubiera resuelto el problema de la inversión, no necesitaríamos seguir debatiendo si necesita «sentarse a negociar» con él, como reconoce el propio Gallego. El hecho de que la izquierda deba mendigar una negociación con el capital verde para que invierta lo necesario es la prueba, no la refutación, de que ese capital no está movilizando lo que la crisis climática exige: invierte donde la tasa de retorno lo permite, no donde la planificación democrática y las necesidades sociales lo requieren.

V. La crisis del neoliberalismo: ¿ventana de oportunidad o tijeras que cortan por el lado obrero?

López identifica correctamente una crisis terminal del neoliberalismo, y traza el paralelismo con los años setenta. Pero ese paralelismo, tomado en serio, debería alarmar en lugar de entusiasmar: la crisis de los setenta no se resolvió a favor de las clases populares, sino con una contrarrevolución neoliberal que tardó una década en imponerse pero que ganó la partida. No hay ninguna ley histórica que garantice que la crisis actual del neoliberalismo se resuelva mejor si la izquierda entra en ella desarmada, sin proyecto propio, cediendo terreno programático a cambio de un asiento en la mesa del capital verde.

Guarda un paralelismo instructivo con la «crisis de las tijeras» que Trotsky diagnosticó en la URSS de 1923: una brecha creciente entre lo que la planificación estatal necesitaba y lo que la lógica de mercado —tolerada como repliegue táctico— efectivamente entregaba. Trotsky no pedía abolir la NEP de un plumazo, pero sí denunciaba que dejar la economía «a merced de las fuerzas del mercado debilitaba la producción estatal» y exigía industrialización planificada, no negociación permanente con los empresarios y comerciantes privados que se enriquecieron en la Unión Soviética durante los años 20 gracias a la Nueva Política Económica. Del mismo modo, dejar que sea el capital verde quien decida el ritmo y la forma de la descarbonización es aceptar que las tijeras del mercado sigan abriéndose entre lo que la crisis climática exige y lo que la rentabilidad privada está dispuesta a entregar.

VI. ¿Es la guerra de Ucrania una buena noticia para la transición?

López llega a sugerir que la invasión rusa de Ucrania «fue una aceleración de la implantación de renovables en muchos países de Europa», presentándolo casi como una lectura optimista. Esta es, quizás, la posición más difícil de sostener de todo el análisis. Convertir una guerra de agresión, con decenas de miles de muertos, en un dato favorable para la transición energética es un ejercicio de cinismo geopolítico que revela hasta qué punto el marco «realista» puede naturalizar la catástrofe. La aceleración renovable que trajo la guerra no vino de una planificación consciente ni de una victoria política de la izquierda: vino de la necesidad europea de sustituir el gas ruso sin tocar el modelo energético privatizado, y se pagó, además de con vidas, con la reapertura de centrales de carbón y la firma de nuevos contratos de gas licuado con Qatar y Estados Unidos. Presentar la guerra como palanca positiva de la transición es aceptar la lógica según la cual el shock —cualquier shock— resuelve lo que la política democrática no logra resolver, lo que es exactamente la lógica del «shock doctrine» que la izquierda debería combatir, no celebrar.

VII. Contra el concepto de «revolución electro-técnica»

El entusiasmo de López por la «revolución electro-técnica» —la conjunción de renovables y electrificación industrial— presupone un determinismo tecnológico: basta con que la tecnología esté disponible y sea más barata para que el cambio social deseable se produzca. Pero la historia de las transiciones energéticas que la propia Rubio relata desmiente ese automatismo: la sustitución del carbón por el petróleo no fue neutral ni espontánea, estuvo mediada por guerras, imperios y relaciones de dependencia comercial forzadas por la Primera Guerra Mundial sobre Latinoamérica. Que la fotovoltaica sea, en términos técnicos, «la tecnología energética de implantación más rápida de la historia» no dice nada sobre quién controla esa implantación, quién se apropia del valor que genera y bajo qué relaciones de propiedad se despliega. Hablar de «revolución» para describir un cambio de vector tecnológico gestionado por el mismo capital privado que gestionaba el vector anterior vacía la palabra revolución de contenido de clase.

VIII. Eurocentrismo y neocolonialismo: la nueva división internacional del trabajo

Gallego rechaza explícitamente el concepto de «colonialismo energético» por considerarlo «maleable» y manipulable, y reduce el problema a una pregunta de reparto de beneficios. Esta es la operación eurocentrista central del discurso «realista»: reconoce el problema —«¿a quién va a beneficiar el retorno económico?»— pero lo aísla de su contexto histórico y estructural, como si fuera una cuestión de reparto justo dentro de relaciones comerciales por lo demás neutrales.

Aquí es donde el concepto de división internacional del trabajo resulta especialmente útil. Cuando dirigentes soviéticos como Inozemtsev, Shershnev o Patolichev defendían en los años setenta la necesidad de aprovechar «las ventajas de la división internacional del trabajo» para no quedarse fuera del progreso técnico, Trotsky —de haber vivido para escucharlos— habría preguntado: ¿en qué términos, bajo qué relaciones de poder y a cambio de qué soberanía se integra un país en esa división del trabajo? El litio boliviano y chileno, el cobalto congoleño, las tierras raras chinas y los territorios saharauis y marroquíes convertidos en plataforma de exportación solar hacia Europa no participan de la transición energética en pie de igualdad: proveen la materia prima barata para que el «norte verde» electrifique su industria, mientras las regiones extractoras cargan con la contaminación de las minas, la devastación hídrica y una relación de dependencia que reproduce, con paneles solares en lugar de con barcos de vapor, la vieja jerarquía centro-periferia. Llamar «maleable» a este concepto y limitarlo a una discusión sobre reparto de beneficios es exactamente la mirada eurocéntrica que no logra ver que el problema no es solo distributivo, sino estructural: quién decide qué se extrae, dónde, para quién y en qué condiciones laborales y ecológicas.

Como afirma Josefa Sánchez Contreras en su libro «Despojos racistas»⁷, “el colonialismo ha sido fundamental para generar la huella antropogénica en la Tierra”. “La crisis múltiple a la que asistimos en el siglo XXI hunde sus antecedentes históricos en la conformación de las jerarquías raciales, de género y de clase”. Por eso el racismo y la política migratoria de las sociedades del Norte Global son procesos inherentes al colonialismo y a la acumulación capitalista. Lo que lleva a asociar el colonialismo con la causas y las consecuencias de la emergencia climática y la crisis energética. Siguiendo con Josefa Sánchez “Las políticas de transiciones verdes como el Green New Deal, los pactos verdes europeos…ponen al descubierto que la transición energética a través de megaproyectos renovables a gran escala y la electrificación de las grandes ciudades que prometen mitigar el calentamiento global siguen insertas en lógicas industriales y en relaciones coloniales capitalistas”.

IX. ¿Es China el modelo a seguir?

López presenta a China como polo alternativo al «fascismo fósil» estadounidense, cabeza de un «nuevo modelo de generación renovable» capaz de «dar enormes saltos» a países sin acceso a energía estable. Pero el propio dato que aporta Rubio desarma esta tesis: China quema hoy la mitad de todo el carbón del planeta, y 2024 fue el año de mayor consumo de carbón de la historia. Que China lidere simultáneamente la fabricación mundial de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos y la construcción de nuevas centrales térmicas de carbón no es una contradicción menor y transitoria: es la prueba de que el gigante asiático no ha roto con la lógica de acumulación fósil-extractivista, sino que ha añadido lo renovable como una línea de negocio más, en paralelo, sin sustituir nada. Un modelo que crece añadiendo, no sustituyendo, no puede presentarse como alternativa al modelo que se pretende superar; es, en el mejor de los casos, una variante más eficiente del mismo problema, y en el peor, su versión más peligrosa por su capacidad de legitimarse como progresista mientras multiplica las emisiones.

X. El frente amplio eléctrico y las lecciones del Frente Popular

Llegamos así al núcleo político de las ponencias: el llamado de López a construir un «frente amplio eléctrico» que reúna «a diferentes grupos sociales, con sensibilidades muy diferentes, a un proyecto común» de electrificación y renovables, aceptando en el camino la alianza con el capital verde y la renuncia, al menos por una o dos décadas, a cuestionar el capitalismo como tal.

Este planteamiento reproduce, con setenta años de distancia, la estructura del debate entre el Frente Popular y el POUM en la España de los años treinta. El Frente Popular —como hoy el frente eléctrico— se construyó sobre la premisa de que la urgencia del momento (entonces, derrotar al fascismo; hoy, evitar el colapso climático) exigía subordinar el programa de transformación social a una alianza amplia con sectores no obreros, incluidos sectores empresariales o republicanos burgueses. El POUM respondió que esa subordinación no era una simple cuestión táctica: desarmaba políticamente al proletariado, disolvía su independencia de clase en una coalición dirigida por otros, y terminaba, en la práctica, sacrificando el programa propio en nombre de una unidad que beneficiaba principalmente a quienes ya ostentaban el poder económico. La historia no fue amable con esa apuesta: los Hechos de mayo de 1937 y el asesinato de Andreu Nin muestran hasta dónde puede llegar un frente amplio cuando decide que la independencia política de la izquierda revolucionaria es un obstáculo prescindible para la «unidad».

No se trata de negar que hoy, como en 1936, puede haber razones de urgencia real para buscar convergencias amplias. Se trata de insistir en la advertencia central del POUM: la diferencia entre una alianza táctica, puntual y subordinada a un programa propio, y una alianza estratégica que termina disolviendo ese programa en el de sus socios más poderosos. Cuando Gallego admite que negociar con el capital verde «puede ser un plato de mal gusto, pero es un plato necesario», y cuando López concluye que «no se me ocurre una solución mejor», ambos están, en la práctica, haciendo lo mismo que hicieron los dirigentes del Frente Popular que el POUM criticaba: presentar como inevitable una subordinación que en realidad es una opción política, tomada porque no se ha construido —o no se ha querido construir— la fuerza social autónoma necesaria para prescindir de ella.

XI. La desconfianza en la movilización popular: la urgencia como coartada

Hay un gesto, en el discurso de López, que merece atención propia porque atraviesa todo lo anterior: la desconfianza explícita hacia la paciencia organizativa y la lucha de base. López lo dice sin rodeos: lo que no le convence «en absoluto» es la idea de seguir haciendo «lo de siempre» durante años, confiando en que las ideas correctas acaben transformando la realidad poco a poco; llega a calificar esa mentalidad de «incluso peligrosa ahora mismo». Es una frase que, leída con cuidado, no está descartando el sectarismo o la pasividad —cosas que en efecto conviene descartar—, sino la construcción organizativa lenta, sindical, local y de base como tal. Y ahí es donde la urgencia climática, siendo real, empieza a funcionar como coartada.

Porque la urgencia puede justificar dos cosas muy distintas. Puede justificar que aceleremos la construcción de fuerza propia: sindicatos que se organizan en los sectores energéticos e industriales en transformación, coordinadoras vecinales que se federan entre comarcas, plataformas locales contra la implantación especulativa de renovables que se conectan entre sí y elaboran un programa común, alianzas estables entre el movimiento obrero y el movimiento ecologista que dejen de mirarse con recelo. O puede justificar, en cambio, el atajo: renunciar a ese trabajo paciente porque «no hay tiempo» y sentarse directamente a negociar con quien ya tiene el poder de inversión, el capital verde, sustituyendo la construcción de sujeto por la gestión de alianzas de cúpula.

La historia que documentan los propios materiales de este debate es clara sobre a cuál de las dos urgencias conviene ceder. El pacto electoral del Frente Popular en febrero de 1936 se firmó también en nombre de la urgencia —derrotar a la derecha, lograr la amnistía de los presos políticos—, y el POUM no negó esa urgencia: lo que denunció fue que se utilizara para saltarse la construcción de un poder obrero autónomo, sustituyéndolo por comités dirigidos desde arriba en alianza con la burguesía republicana. El resultado no fue una transformación más rápida, sino la disolución de la fuerza propia: cuando llegaron los Hechos de mayo de 1937, el movimiento revolucionario de base no tenía ni la cohesión ni la legitimidad institucional para resistir la ofensiva que acabó ilegalizándolo. La urgencia, mal gestionada, no aceleró nada: desarmó a quien más la necesitaba.

Lo mismo cabe decir del reproche de Trotsky a la dirección soviética durante la NEP: no pedía ignorar la urgencia de reconstruir la economía tras el Comunismo de Guerra, sino que esa urgencia se resolviera fortaleciendo la planificación estatal y la organización obrera, no cediendo terreno al pequeño empresario y al kulak con la excusa de que «no había otra forma de avanzar ahora mismo». La urgencia, para Trotsky, era argumento para acelerar la construcción de fuerza propia, nunca para sustituirla por un pacto con quien detentaba el capital.

Aplicado a la transición energética, esto tiene consecuencias concretas. Frente al «frente amplio eléctrico» que reúne a sensibilidades dispares en torno a un proyecto tecnológico común dirigido en última instancia por el capital verde, cabe una alternativa que no renuncia en absoluto a la urgencia: apoyar y financiar la alianza estratégica —no coyuntural— entre sindicatos de los sectores energético e industrial y organizaciones ecologistas, hoy todavía demasiado separados por culturas políticas distintas; fortalecer las plataformas locales que resisten la implantación especulativa de macro parques eólicos y fotovoltaicos en manos de fondos de inversión, no como aquellos que rechazan la implantación de algo que consideran necesario a nivel general, pero que no lo admiten cuando recae directamente sobre su propio entorno, sino como el embrión de un control popular sobre cómo, dónde y en beneficio de quién se despliega; y construir estructuras de propiedad pública, cooperativa y comunitaria de la energía que hoy siguen siendo minoritarias frente al oligopolio. Ese trabajo es más lento que sentarse a negociar con un fondo verde. Pero es el único que deja, al final del proceso, un sujeto político capaz de disputar el reparto del poder, en lugar de un puñado de acuerdos firmados con quien nunca dejó de mandar.

Confiar más en la mesa de negociación con el capitalismo verde que en la huelga, la plataforma vecinal o la cooperativa energética no es realismo: es, otra vez, la misma apuesta que hicieron quienes en 1936 prefirieron la gestión desde arriba a la construcción desde abajo, y que la historia no premió.

XII. La alternativa: acumulación planificada, no capitulación con etiqueta verde

Frente a la NEP, Trotsky y Preobrazhenski no proponían la vuelta al Comunismo de Guerra, sino una acumulación socialista deliberada: gravar al sector privado, planificar la industria pesada, mantener bajo control público el monopolio del comercio exterior, precisamente para no quedar a merced de las fuerzas que la propia apertura había fortalecido. Trasladado al presente, esto significa: nacionalización y control público directo de la generación y distribución eléctrica, planificación estatal —no negociada, sino dirigida— de la industria de baterías y paneles, control público sobre los minerales críticos con condiciones estrictas para los países y comunidades que los extraen, y renuncia expresa a presentar como aliado natural a un capital que solo invierte donde hay retorno garantizado.

Se trata de levantar otros modelos energéticos donde las personas sean la prioridad, y donde lo común sirva para el bien general, no como mercancías. Donde se satisfagan las necesidades básicas de todas las personas, y se reduzcan de forma drástica los consumos superfluos o de unos pocos privilegiados. Se trata de salir de la lógica del mercado y del beneficio empresarial. Se trata de ir levantando desde lo local, modelos alternativos de relaciones sociales y económicas desde parámetros de justicia, igualdad y soberanía popular.

La pregunta no es si la transición energética debe ser rápida —lo debe ser—, sino quién la dirige y a beneficio de quién. Si la respuesta sigue siendo «el capital verde, porque no hay tiempo para otra cosa», entonces no estamos ante una alianza táctica y temporal, sino ante la misma capitulación programática que la Oposición de Izquierda denunció en la NEP y que el POUM denunció en el Frente Popular: la sustitución de la independencia de clase por el realismo de quienes ya han decidido, de antemano, que no hay otra fuerza posible más que la del capital que dice estar de nuestro lado.

Notas:

1/ La NEP (Nueva Política Económica) fue un sistema económico mixto que combinaba elementos del socialismo y del capitalismo, implementado en la Unión Soviética en marzo de 1921

2/ El POUM fue un partido político marxista español fundado en septiembre de 1935 mediante la fusión de otros dos grupos (el Bloque Obrero y Campesino y la Izquierda Comunista)

3/ Cristóbal Gallego Castillo es profesor e investigador en ingeniería energética en la Universidad Politécnica de Madrid

4/ Xan López es cooperativista y militante por el clima, acaba de publicar ‘El fin de la paciencia’ (Anagrama, 2025) un ensayo para pensar la crisis climática.

5/ Mar Rubio, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas en Universidad Pública de Navarra. Su ámbito de investigación es la historia de la energía y la transición energética.

6/ Jean-Baptiste Fressoz (1977) es un historiador francés especializado en historia ambiental, ciencia y tecnología. Es profesor en la Ecole Nationale des Ponts e Chaussées

7/ Josefa Sánchez Contreras, Despojos racistas, Editorial Anagrama, 2025, Barcelona