En los primeros tiempos de éste, su segundo gobierno, Donald Trump va desplegando una política despreciativa y punitiva hacia América Latina y el Caribe, profundizando una lógica de hostigamiento, basada en sanciones, deportaciones masivas, amenazas de anexión territorial, aplicación de aranceles y recortes de ayuda a quienes no se alineen directamente a su gestión.

Uno de los pilares de la campaña presidencial de Donald Trump durante 2024 fue su cruzada contra los millones de inmigrantes ilegales del país. Prometió llevar adelante la mayor operación de deportación masiva en la historia del país, con un millón de personas deportadas por año. Y lo va cumpliendo.

Un cambio profundo, ya que su antecesor, Joe Biden había puesto atención a Latinoamérica sin hacerla su prioridad y había designado a su vicepresidenta, Kamala Harris, como la encargada de gestionar las causas de la migración desde el llamado Triángulo Norte (conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador), aunque sin mayores logros. Durante su mandato, Biden, sin tanta alharaca como su sucesor, logró el récord de más de cuatro millones de deportados.

La meta de Trump es controlar la frontera con una alta tecnologización; utilizar la amenaza de subas de aranceles a los países que no quieran aceptar deportaciones o que no colaboren para frenar el camino de los migrantes y tercerizar la detención de los deportados (en Guantánamo u otras prisiones como la Cecot salvadoreña). Asimismo, dispuso la interrupción de las solicitudes de asilo por cuatro meses.

En su semana inaugural, Trump se enfrentó a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, por las deportaciones de migrantes. En la segunda, atacó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por el control de la frontera . En su gira centroamericana Marco Rubio, logró acuerdos con El Salvador y Guatemala para acelerar deportaciones desde el norte.

Con respecto a México, las mayores tensiones se dieron cuando Trump dijo que iba a imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos a partir del primero de febrero. Pero, luego de dialogar con la presidenta mexicana, esa suba arancelaria fue pausada durante treinta días, a cambio de que México desplegara diez mil efectivos en la frontera para controlar la migración y el tráfico de fentanilo.

Con respecto a Venezuela, parece haber un cambio en el posicionamiento estadounidense y del propio Trump. En su anterior gobierno había reconocido a Juan Guaidó como “Presidente encargado”. Ahora, la postura tiende a ser más pragmática. Sin reconocer oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro, se han entablado algunas negociaciones y conversaciones. El enviado especial de EEUU, Richard Grenell, negoció la liberación de ocho ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de recibir deportados en su país.

Otro aspecto relevante de la relación de Trump con América Latina es el acercamiento a presidentes ultraderechistas que adulan su figura y su construcción política. A Nayib Bukele, presidente de El Salvador, la gira del secretario de Estados Marco Rubio le sirvió para acercar posiciones con el presidente estadounidense, a quien le ofreció la famosa “megacárcel” de su país para recibir deportados.

Por otro lado, el libertario presidente argentino Javier Milei, es probablemente el jefe de Estado de mayor seguidismo a las posturas de Trump hacia la región. A sus participaciones en los encuentros de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y a sus votos en las resoluciones de Naciones Unidas, se le sumó la propuesta para buscar un Tratado de Libre Comercio de Argentina con Estados Unidos (lo que podría significar romper vínculos con sus socios del Mercosur).

Otro gobernante apurado por mejorar los vínculos con Trump es Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Una muestra es la aplicación de aranceles por parte de Ecuador  a productos mexicanos, en un 27%. Noboa ha propuesto el año pasado reabrir la base militar que Estados Unidos operaba en la ciudad de Manta (cerrada en 2009 por el entonces mandatario Rafael Correa), así como también acercar vínculos con grupos estadounidenses con el pretexto de la necesidad de colaboración para enfrentar el aumento de la violencia criminal en el país en los últimos años (incluso contratando a los mercenarios de Blackwater).

Trump intentó apoderarse del Canal de Panamá e incluso ordenó cambiar el nombre del Golfo de México. En Panamá, Theodore Roosevelt firmó un tratado para la obra del Canal, que costó 375 millones de dólares y tomó alrededor de diez años para completarse.

Estados Unidos lo controló hasta 1977, cuando por un acuerdo entre Jimmy Carter y Omar Torrijos ordenó la devolución de la jurisdicción del Canal al país centroamericano de manera gradual, hasta completarla en 1999. Este acuerdo incluyó una cláusula de neutralidad en su operación. En este punto Trump se basó para denunciar el manejo chino del canal.

A lo largo de los últimos dos siglos la relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos ha tenido idas y venidas en diferentes contextos. Partiendo de la declaración conocida como “Doctrina Monroe”, enunciada en 1823 por el entonces presidente James Monroe y la frase “América para los americanos” tuvo como finalidad combatir cualquier tipo de injerencia extracontinental en América.

Una vez concluida la Guerra Fría, el Consenso de Washington marcó la última década del siglo XX y las políticas neoliberales de apertura económica, desregulación de los mercados, privatización de empresas públicas, entre otras medidas, se propagaron por toda la región.

A comienzos del siglo XXI la relación tuvo diferentes momentos. El “No al ALCA” en noviembre de 2005 marcó un freno al proyecto para la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas. Durante la segunda presidencia de Barack Obama se tendieron algunos puentes: fue el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde la Revolución, pero eso sólo fue un cambjo simbólico.

La primera presidencia de Trump no tuvo el foco puesto en América Latina, pero se destacó una política activa de presión y sanciones contra el gobierno venezolano. La política exterior de Trump se concentró sobre todo en su región más próxima, es decir, en México y América Central,  a través de la renovación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), rebautizado como T-Mec, así la asistencia sanitaria hacia los países centroamericanos en el contexto de la pandemia de Covid-19. Los países suramericanos no obtuvieron una especial atención durante este período.

Joe Biden intentó recapitular la relación con una Cumbre de las Américas en 2022, pero no tuvo éxito por la negativa a participar de varios mandatarios latinoamericanos. Allí anunció la creación de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEA), como un programa para fomentar inversiones en la región, buscando generar un contrapeso geopolítico al avance chino.

Y, ahora, el segundo gobierno de Donald Trump parece decidido a volver a pisar fuerte en la región latinoamericana, por su preocupación por la relación de China con los países de la región, el drama migratorio y la influencia hemisférica, centrado en su poder blando.

La amenaza china 

Obviamente, la influencia y atracción estadounidense en el ámbito cultural supera con creces al de actores extracontinentales.

La creciente presencia china en lo que EEUU considera su patio trasero, preocupa a la administración Trump, ya que además del comercio su influencia se expandió a construcción y control de obras de infraestructura (como el puerto de Chancay en Perú, inaugurado por el propio Xi Jinping en 2024, que para el gobierno de Washington tiene implicancias estratégicas.

¿Qué estrategia tendrá el gobierno de Trump para frenar el avance chino y volver a apuntalar a Estados Unidos como la potencia hegemónica por excelencia en América Latina?

*Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican), Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)