El derecho de Cuba a cultivar, procesar y comer sus propios alimentos está bajo asedio.

En julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva ronda de amplias sanciones económicas contra Cuba, dirigidas a industrias que históricamente habían sido eximidas, limitando la capacidad del gobierno cubano para comprar productos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos a terceros países, al señalar específicamente al importador estatal de Cuba (GECOMEX) y al operador portuario (GEMAR).

Esto sucede en el contexto del bloqueo petrolero que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace meses, el cual ya ha empobrecido a la población en general al obstaculizar el saneamiento básico y la seguridad alimentaria, y ha matado a decenas de pacientes en hospitales cubanos. Una delegación del Congreso estadounidense que visitó la isla a principios de julio describió la situación sobre el terreno como una «Gaza silenciosa».

Dado este contexto, puede sorprender saber que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Cuba, habiendo exportado el año pasado bienes por más de 828 millones de dólares. Detrás de la aparente contradicción de que Estados Unidos sancione a un país con el que hace negocios, hay una estrategia tan antigua como el imperialismo mismo. Estados Unidos está absolutamente dispuesto a venderle alimentos y otros bienes selectos a Cuba, pero quiere el monopolio de ese comercio.

Una pesadilla de cumplimiento normativo

Durante décadas, las sanciones estadounidenses contra Cuba apuntaron a industrias cautivas como la minería y el turismo, ambas fuentes importantes de divisas para el gobierno cubano. Durante ese tiempo, Estados Unidos se abstuvo de sancionar a las entidades que importan ciertos bienes hacia Cuba, ya que esas transacciones implican la salida de divisas del país, muy a menudo hacia empresas estadounidenses, pagadas en su totalidad y por adelantado.

Las operaciones mineras y las cadenas hoteleras que operan en Cuba están acostumbradas a moverse en entornos regulatorios complejos (como la mayoría de las grandes empresas de esas industrias). Estas también tienden a ser empresas más pequeñas, que no cotizan en bolsa. Pero el hecho de que el Departamento de Estado haya señalado específicamente a GECOMEX y GEMAR, que facilitan la importación y exportación física de prácticamente todo lo que entra y sale de la isla, eleva los riesgos de cumplimiento normativo para las empresas manufactureras y navieras. Esto en sí mismo constituye una escalada notable.

Por ejemplo, una firma como el Grupo Bühler, un consorcio industrial suizo, ahora enfrenta riesgos de incumplimiento normativo si le vende equipos de molienda de granos a Cuba. Lo mismo ocurre con una empresa de un tercer país que pudiera venderle maquinaria para la limpieza y clasificación de legumbres. Si GECOMEX no puede importar equipos, sus filiales no pueden procesar eficientemente productos agrícolas básicos como el trigo y los frijoles, lo que a su vez reduce los alimentos básicos que llegan a los hogares cubanos.

Las sanciones contra GEMAR, el operador portuario, son aún más directas, ya que generan riesgos de incumplimiento normativo para cualquier empresa naviera que le pague tarifas de atraque. Más de siete mil contenedores con destino a La Habana están ahora varados en distintos puntos del Caribe, después de que empresas como Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieran sus operaciones con Cuba. De modo que, aunque existen excepciones humanitarias que permiten la importación de alimentos a Cuba por parte de terceros países, esta nueva ronda de sanciones podría obstaculizar seriamente esos envíos.

«Este tipo de medidas demuestra la intención genocida detrás de la estrategia de “máxima presión” de Estados Unidos», dice Helen Yaffe, profesora de la Universidad de Glasgow y autora de We Are Cuba! How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World. «La alimentación es una vulnerabilidad terrible que le fue impuesta a Cuba por la historia colonial e imperial. Todo el país fue convertido en un cañaveral».

Los altibajos de la agricultura cubana

Inmediatamente después de la revolución, el gobierno cubano nacionalizó las mayores propiedades agrícolas, plantaciones y haciendas, mientras dejaba independientes a muchas pequeñas fincas campesinas. Durante el Período Especial (tras el colapso de la Unión Soviética), Fidel Castro aprobó la Tercera Reforma Agraria de Cuba, que asignó más tierra a cooperativas y agricultores familiares mediante derechos de usufructo. Esto descentralizó la producción agrícola del gobierno, transformando las granjas estatales dependientes de las importaciones en Unidades Básicas de Producción Cooperativa.

«Las redes de agricultor a agricultor capacitaron a más de 200 mil familias campesinas en métodos agroecológicos», dice Margarita Fernández, del Caribbean Agroecology Institute (CAI), que promueve prácticas agrícolas sostenibles y la soberanía alimentaria. Durante el Período Especial, los huertos urbanos (organopónicos) se multiplicaron en La Habana, y el gobierno cubano estimó que más del 50 por ciento de las frutas y verduras consumidas en la capital se cultivaban allí.

En su libro The Greening of the Revolution, el activista por el derecho a la alimentación Peter Rosset sostiene que se trató de «el mayor intento de conversión de la agricultura convencional a una agricultura alternativa, semiorgánica, en la historia del mundo». «Durante un tiempo, Cuba se convirtió en un símbolo global de lo que podría ser una agricultura pospetróleo», dice Fernández.

En el punto máximo de este movimiento, a mediados de la década de 2000, entre el 35 y el 40 por ciento de todas las calorías consumidas en Cuba provenían de la agricultura doméstica. Sin embargo, el Período Especial terminó finalmente una vez que Cuba desarrolló una relación comercial más estrecha con Venezuela bajo Hugo Chávez. Una vez más, Cuba tuvo acceso a los insumos petroleros que hacen posible la agricultura industrial.

«A medida que las condiciones económicas mejoraban de manera intermitente, los responsables de las políticas a menudo volvían a orientarse hacia la agricultura industrial convencional», dice Fernández. «La agroecología nunca llegó a institucionalizarse plenamente como el fundamento del sistema alimentario. En cambio, fue tratada como un sustituto de emergencia», explicó el investigador.

De hecho, los rendimientos de cultivos y ganado ya venían disminuyendo antes del Período Especial. Durante fines de los años ochenta, el modelo de agricultura industrial de Cuba provocó una severa compactación y degradación del suelo, lo que hizo caer el rendimiento de la producción agrícola no azucarera.

Los rendimientos también habían venido disminuyendo en los últimos años antes de que Estados Unidos tomara el control del gobierno venezolano en enero y desatara la crisis actual. Entre 2018 y 2023, la cosecha doméstica de cultivos básicos como el arroz cayó más del 50 por ciento. La filial estadounidense del Programa Mundial de Alimentos estima que Cuba ahora depende de las importaciones agrícolas para cubrir entre el 70 y el 80 por ciento de sus necesidades.

Puede que eso no parezca una reducción demasiado grande, pero es importante recordar que no todas las calorías son iguales. Históricamente, Cuba se ha mantenido con un 90 por ciento de autosuficiencia en frutas y verduras, que están cargadas de vitaminas y fibra pero contienen muy poca proteína. Sin embargo, Cuba hoy produce menos del 1 por ciento del pollo que consume, y su industria porcina colapsó recientemente.

Para empeorar las cosas, el actual bloqueo petrolero ha reducido la producción agrícola doméstica en un 60 por ciento, según estima el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en un informe de junio. «La libreta de racionamiento está ahora raída», dice Helen Yaffe. Es probable que las sanciones de julio agraven esta situación.

Las cooperativas y los agricultores familiares administran actualmente alrededor del 69 por ciento de la tierra agrícola de Cuba, aunque no todos ellos aplican prácticas agrícolas sostenibles. Muchos siguen dependiendo de métodos de riego que funcionan con gasolina y diésel. Y aunque el uso de biofertilizantes y biopesticidas, en lugar de derivados de combustibles fósiles, está muy extendido, estos dependen de un transporte estable para distribuir cultivos vivos desde los laboratorios hasta los campos remotos antes de que se echen a perder, algo prácticamente imposible dado el brutal bloqueo energético de Estados Unidos.

Las estimaciones varían, pero quienes defienden estas prácticas sostienen que ampliar la agroecología podría reducir la dependencia de las importaciones agrícolas entre un 35 y un 40 por ciento. Otros calculan que podría cubrir el 70 por ciento de todas las calorías consumidas en Cuba. Esto también ayudaría a reducir los déficits del comercio agrícola, que organizaciones como el CAI consideran un obstáculo para una mayor soberanía alimentaria. El gasto cubano en importaciones agrícolas extranjeras fue de 2.700 millones de dólares en 2024, dominado por la carne (458 millones de dólares) y los cereales (177 millones de dólares).

Cuba también debe lidiar con un vecino norteño agresivo que no solo limita su capacidad de comerciar libremente y recibir combustible, sino que además defiende con ferocidad sus mercados existentes. «Cualquier intento de producir alimentos para el consumo local es resistido por el lobby agrícola estadounidense», dice Yaffe.

Un mercado marcadamente no libre

De los alimentos que Cuba importa, 403 millones de dólares provienen de Estados Unidos, 328 millones de Argentina y 282 millones de Brasil. Pero, nuevamente, no todas las calorías son iguales. Cuba importa el 85 por ciento de su trigo de Canadá y —quizás lo más importante— el 80 por ciento de su pollo de Estados Unidos.

Los cuartos y las patas de pollo congeladas son la proteína animal más asequible y accesible en la dieta cubana. Cuba ha sido uno de los cinco mayores mercados de exportación para el pollo estadounidense durante más de diez años, por delante de países con poblaciones enormes como Filipinas y China. El año pasado, Estados Unidos exportó a Cuba pollo por valor de 298 millones de dólares, prácticamente todo en forma de cuartos y patas congeladas. Y se espera que las últimas sanciones inclinen aún más la balanza del comercio agrícola a favor de Estados Unidos.

Es poco probable que el agronegocio canadiense encuentre algún beneficio en continuar los 278 millones de dólares canadienses de comercio agrícola con Cuba frente a los riesgos de incumplimiento normativo que ya llevaron a que una destacada empresa minera fuera forzada, por presión financiera, a venderse a un comprador estadounidense aliado de Donald Trump. A modo de comparación, Canadá realizó más de 100 mil millones de dólares canadienses en comercio agrícola en 2024, el 62 por ciento de los cuales fue con Estados Unidos.

«Si un tercer país le suministrá bienes o servicios a una parte bloqueada, puede ser bloqueado», explica Robert Muse, un destacado abogado especializado en las leyes y regulaciones estadounidenses relativas a Cuba. «Y entonces, cualquiera que le suministre bienes o servicios también puede ser bloqueado… y así sucesivamente». El Título III de la Ley Helms-Burton, que expone a las empresas privadas a demandas si comercian con activos expropiados durante la Revolución cubana, puede, en teoría, extenderse sin límites.

Además de su deseo de acceso al mercado estadounidense, hay al menos otra razón por la cual las empresas no se rebelan contra estos innecesarios riesgos de incumplimiento: «El sistema bancario internacional y la supremacía del dólar estadounidense impiden que las empresas contraataquen», dice Helen Yaffe. Las transacciones en dólares, que representan la mayor parte del comercio mundial, necesitan pasar por el sistema bancario estadounidense.

Esto deja a Cuba con un único socio comercial sin fricciones: el país que en este momento intenta desmantelar su gobierno. «Las empresas estadounidenses serán las inversoras preferidas en la “nueva Cuba” que Estados Unidos intenta construir a través de sanciones secundarias», dice Muse.

Moldear a Cuba a imagen de países latinoamericanos como Guatemala, atrapados en una relación de dependencia e intercambio desigual con Estados Unidos, parece ser la ambición última de la administración Trump. En cuanto al papel de la agricultura en esta gran estrategia, «el poder de presión de Estados Unidos sobre el gobierno cubano aumenta a medida que aumenta la cantidad de alimentos que Cuba importa desde allí», dice Muse.

Esto puede ayudar a explicar esta última ronda de sanciones. Al dejar en pie las excepciones humanitarias mientras apunta a la industria portuaria y a los importadores, Estados Unidos puede alegar que no está prohibiendo la importación de alimentos a Cuba, aun cuando provoca el desplome tanto de la producción alimentaria doméstica como de las importaciones de alimentos. «El efecto se multiplica por la escasez de alimentos ya existente. Puede que Cuba esté obteniendo el 16 por ciento de sus alimentos importados de Estados Unidos, pero si se le saca el otro 84 por ciento, hay una catástrofe», dice Muse.

Por ahora, la mayor parte del mundo no está dispuesta a arriesgar el acceso al mercado estadounidense y a los sistemas de pago y crédito por seguir comerciando con Cuba. Sin embargo, la presión por una alternativa sigue creciendo, a medida que las mercuriales políticas comerciales de Estados Unidos y su régimen de sanciones unilaterales quedan sometidos a una tensión cada vez mayor en el contexto de las disrupciones comerciales vinculadas a la guerra con Irán. «Si Cuba todavía pudiera comerciar con el resto del mundo, podría prosperar», dice Yaffe.

El gobierno estadounidense ha explotado el alcance ilimitado de la Ley Helms-Burton y la hegemonía del dólar para crear un entorno regulatorio y un régimen de sanciones tan severo que ningún actor racional se atrevería a desafiarlo. Al mismo tiempo, su bloqueo petrolero ha vuelto casi imposible la soberanía alimentaria a través de un modelo agrícola industrial, dejando a Cuba dependiente del agronegocio estadounidense para obtener proteínas baratas.

Mientras tanto, las sanciones bancarias, mineras y turísticas han privado a Cuba de las divisas que necesita para financiar una transición hacia modelos agrícolas más sostenibles. En otras palabras, mientras Estados Unidos busca derrocar al gobierno cubano y abrir el país a la propiedad privada estadounidense, utiliza el acceso a los alimentos como la palanca definitiva.