«Es la primera vez, como abogado, que estoy a punto de defenderme a mí mismo, y no a las personas para las que trabajo». Hablando en momentos en que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, discutía sobre Palestina el pasado mes de marzo, Raji Sourani se quejó de los ataques a las tareas más básicas de quienes defienden los derechos humanos.

Sourani, director del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), hizo estos comentarios justo después de que la relatora especial de la ONU Francesca Albanese presentara su informe sobre la tortura sistemática contra los palestinos. Para Albanese, la tortura es «el símbolo de este genocidio»: devasta los cuerpos y la dignidad de las personas, mientras todo lo que hace posible la vida de los palestinos es destruido a su alrededor.

En una reunión realizada al margen de la sesión, Sourani, junto con Issam Younis, director ejecutivo del Centro Al Mezan para los Derechos Humanos [ONG con sede en el campamento de refugiados palestinos Jabalia, en Gaza], así como representantes de Al-Haq [ONG palestina independiente de derechos humanos con sede en Ramala, Cisjordania], describieron lo que significa seguir documentando estos crímenes mientras sus organizaciones están bajo sanciones estadounidenses. Sourani explicó que, aunque «el genocidio continúa mientras hablamos», él y sus colegas se ven obligados a plantear la cuestión de las cuentas congeladas y los salarios que ya no pueden pagar. «En lugar de hablar de genocidio y limpieza étnica, estamos aquí defendiéndonos, con nuestras pequeñas y tontas preocupaciones: ¿cómo puede nuestra organización sobrevivir y seguir defendiendo los derechos humanos?».

El PCHR, Al Mezan y Al-Haq trabajan con un propósito legal específico: recopilar testimonios, asistir a las víctimas y presentar pruebas ante la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI). Así es como la violencia sufrida puede convertirse en testimonio verificado y, en última instancia, servir como prueba ante un juez. Pero en esto también reside la desconexión fundamental que recorre la reunión de la ONU. Mientras quienes cometen los crímenes todavía no enfrentan ninguna consecuencia, quienes los documentan deben sopesar las consecuencias de cada pago, cada viaje o cada colaboración en la que se involucran.

Un archivo bajo amenaza

En las oficinas de Al-Haq en Ramala, este trabajo toma la forma de un archivo construido a lo largo de una ocupación israelí que ya lleva décadas. Cuando intentamos llegar hasta allí desde Belén, en julio de 2025, quedamos atrapados en una larga fila en el puesto de control. Una hora antes de nuestra cita, todavía no sabíamos si llegaríamos. Cada viaje queda sujeto a la discreción de los soldados israelíes. «Llegaremos a Ramala, inshalá», dice nuestro guía.

Dentro de las oficinas, los investigadores han estado recopilando testimonios de toda la Cisjordania ocupada. Al-Haq mantiene datos sobre asesinatos y demoliciones, analiza fotografías y videos, y reconstruye ataques con el fin de refutar los relatos oficiales israelíes. También ha creado una unidad de arquitectura forense, que utiliza análisis espacial y herramientas arquitectónicas para investigar violaciones de derechos humanos.

«Una de las cosas que me motivan a despertarme cada mañana es que Israel parece tenerle miedo a nuestras investigaciones», dice Mariam (a quien se le ha dado un seudónimo), investigadora de Al-Haq. Ese miedo, explica, se traduce en presión sobre los financiadores y amenazas contra los bancos. «Intentan asustar a todos y cada uno de los donantes».

Cuando un archivo puede refutar la versión militar de los hechos y contribuir a procesos legales internacionales, se convierte en una amenaza política. Esta es la capacidad de recopilación de pruebas que las sanciones ahora tienen como blanco.

En realidad, el ataque contra Al-Haq no comenzó con las sanciones estadounidenses. En 2021, Israel ya había designado a esta organización y a otras cinco organizaciones palestinas como terroristas. Luego, en septiembre de 2025, Washington incluyó a Al-Haq, Al Mezan y PCHR en el programa de sanciones establecido mediante la Orden Ejecutiva 14203 contra la Corte Penal Internacional. Los activos bajo jurisdicción estadounidense fueron congelados, mientras que se prohibió a personas y empresas de Estados Unidos proporcionarles fondos, bienes o servicios.

Programa de sanciones

Dado que la mayoría de las transacciones internacionales se realizan en dólares estadounidenses y a través de plataformas con sede en Estados Unidos, muchos bancos, donantes y socios de otros países cortaron sus vínculos, pese a no estar legalmente obligados a hacerlo. El informe Criminalising Accountability [Criminalizar la rendición de cuentas] se refiere a esto como un mecanismo de sobrecumplimiento. En menos de un mes, estas organizaciones perdieron entre el 20 y el 60 por ciento de sus ingresos y YouTube eliminó más de setecientos videos, incluidos testimonios de víctimas de tortura e imágenes de demoliciones.

Para Al-Haq, esto ha implicado que haya personal sin cobrar y colaboradores estadounidenses obligados a renunciar. Para Al Mezan, las sanciones se suman a la devastación en Gaza, y afectan tanto al personal desplazado como al destino de los investigadores, que deben documentar los hechos mientras intentan además proteger a sus familias, a lo que se suma que sus propias oficinas han sido alcanzadas. «No tenemos fondos, hemos tenido que recortar salarios, y esto tiene un impacto directo en nuestra capacidad para documentar los crímenes en Gaza», dice Younis.

Albanese también ha sido sancionada personalmente por su trabajo como relatora especial de la ONU. Sus activos han sido congelados y sus transacciones bloqueadas, y enfrenta restricciones para ingresar a los Estados Unidos. Cuando toma la palabra en Ginebra, su primer comentario se dirige a la institución que se suponía que debía protegerla. Al respecto planteó: «¿Por qué, la ONU esperó tanto tiempo antes de discutir las sanciones contra uno de sus propios relatores especiales, contra fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional, y contra organizaciones palestinas que cooperan con el sistema de justicia?»

Albanese dice que tiene «menos autonomía que [su] hija de trece años… solo por escribir informes para las Naciones Unidas» y que el sistema financiero la trata como a «una narcotraficante, una traficante de drogas o una terrorista». ¿Qué tienen en común ella, las organizaciones palestinas y los funcionarios de la CPI? Están ahí «para buscar la rendición de cuentas, para hacer avanzar la justicia para las víctimas y los sobrevivientes».

«Los fiscales no pueden visitar el territorio palestino ocupado», explica Sourani. Dependen de organizaciones capaces de llegar hasta los testigos y de preservar la evidencia. «Cuando se ataca a la Oficina del Fiscal, a las organizaciones palestinas, a los jueces y a la relatora especial, el círculo se cierra. La intención es clara».

Alentados por la impunidad

La misma selectividad impregna a las instituciones internacionales. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el poder de veto de los miembros permanentes hace que, con frecuencia, no haya consecuencias por las violaciones. En el Consejo de Derechos Humanos, las mismas dinámicas de poder determinan qué crisis derivarán en medidas concretas y cuáles, en cambio, quedarán reducidas a informes y resoluciones.

La CPI sigue abierta, pero está aislada de las personas que recopilan pruebas e investigan. «Estamos siendo testigos del desmantelamiento de la rendición de cuentas desde las bases», advierte Albanese.

Para Younis, volver al Palacio de las Naciones de la ONU tiene un significado personal. En 1993 llegó aquí como estudiante para contarles a los Estados miembro que los palestinos estaban siendo torturados. Más de tres décadas después, la tortura continúa, y su organización está siendo sancionada por su trabajo con la CPI: «Los gobiernos ya no niegan cometer crímenes», dice. Y añade: «Antes solían negarlo. Ahora están orgullosos de cometer crímenes de guerra y genocidio».

Las imágenes de los crímenes de Israel, las declaraciones oficiales y los numerosos testimonios de testigos presenciales no han logrado garantizar protección alguna. De hecho, esta impunidad se evidencia en la confianza con la que se exhiben los crímenes: quienes los cometen saben perfectamente bien que las imágenes circularán y que los demás Estados permanecerán de brazos cruzados.

En la reunión de Ginebra, un abogado palestino relató cómo los detenidos eran obligados a vivir durante meses dentro de un círculo dibujado en el piso, con las manos y los pies encadenados, y solo se les permitía salir de él para tomar duchas de un minuto. «He trabajado con prisioneros durante años. Nunca había visto algo así». Describió violaciones, violencia sexual y amputaciones realizadas sin anestesia.

«La tortura le hace al individuo lo que el genocidio le hace a un grupo», dice Albanese. Documentar estos actos no les devuelve a las víctimas lo que les fue arrebatado, pero preserva la posibilidad de que haya reconocimiento y de que se haga justicia.

La falta de acción internacional frente a los crímenes de Israel en Cisjordania tiene consecuencias adicionales en forma de demoliciones de viviendas, apropiación de tierras y aún más ataques por parte de los colonos.

Tomemos lo ocurrido el 28 de julio del año pasado en Umm al-Khair, cuando una topadora proveniente de un asentamiento israelí cercano entró en el pueblo y dañó propiedades palestinas. El maestro Awdah Hathaleen, activista y padre de tres hijos, filmó la escena. En los videos, el colono israelí Yinon Levi levanta su arma y dispara en su dirección. Awdah recibe un disparo mortal en el pecho.

Levi vive en el asentamiento cercano de Carmel. En 2024, ya había sido sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá por su papel en la violencia contra los palestinos. Sin embargo, la administración Trump revocó las sanciones estadounidenses. Tras el asesinato, Levi fue arrestado y luego liberado rápidamente; el cuerpo de Awdah, en cambio, fue retenido durante diez días, mientras se le imponían condiciones a la familia respecto del funeral. «¿Cómo se puede liberar al asesino y retener a la víctima?», pregunta un representante del Centro Jerusalén de Asistencia Legal y Derechos Humanos.

Para Haneen Hathaleen, sobrina de Awdah, lo que ha cambiado desde el 7 de octubre de 2023 es, sobre todo, la libertad con la que actúan los colonos israelíes. En años anteriores, dice, la violencia estaba al menos parcialmente contenida por el temor a una reacción internacional. Ahora eso parece haber desaparecido. «Después de todo lo que pasó en Gaza, nadie le ha pedido cuentas a Israel por nada», dice. «Así que, hagan lo que hagan aquí, ¿quién se atrevería a oponérseles?».

Las mujeres de Umm al-Khair dicen que, desde el 7 de octubre, los colonos vienen casi todas las noches. Entran en el pueblo, vandalizan propiedades e impiden que las familias duerman. «No es como antes», dicen. Dentro de la comunidad crece el temor de que el aumento de los ataques acelere el desplazamiento y la anexión de sus tierras. La impunidad de lo que ocurre en Gaza no está separada de Cisjordania, sino que refuerza la convicción de los colonos de que pueden actuar sin resistencia ni consecuencias.

Vías para la rendición de cuentas

En una entrevista en el Café Suisse del Palacio de las Naciones, en Ginebra, el embajador palestino Ibrahim Khraishi me habla de las limitaciones de las sanciones que apuntan únicamente a colonos individuales. Esas medidas, sostiene, no abordan el sistema político y militar dentro del cual la violencia de los colonos se vuelve posible y queda protegida. Pueden restringirse viajes o congelarse ciertos activos, pero no se detienen los ataques ni la expansión de los asentamientos sobre el terreno.

Las sanciones contra quienes documentan la violencia se están ampliando; las sanciones contra quienes la perpetran pueden ser revocadas o quedar sin efectos concretos. En Umm al-Khair, la impunidad significa que Awdah es asesinado, que su cuerpo es retenido y que los ataques contra su comunidad continúan.

En el Palacio de las Naciones, tras el informe sobre la tortura, algunas declaraciones desplazan el debate de la evidencia hacia la propia Albanese: Hamás, acusaciones de antisemitismo y el apego al código de conducta. Quienes documentan los crímenes deben, una vez más, defender su legitimidad.

«La diplomacia en tiempos de genocidio no es neutral», responde Albanese. Younis, por su parte, insiste en que los Estados miembro de la ONU necesitan actuar: «Dejen de mostrar solidaridad sin actuar. Es tiempo de actuar por la rendición de cuentas».

Las herramientas existen. Los Estados parte de la CPI pueden defender el trabajo de la Corte; los Países Bajos pueden salvaguardar sus operaciones; la UE puede contrarrestar los efectos de las sanciones; y la ONU puede defender a la relatora especial a la que le ha encomendado el mandato. Sin embargo, ninguno de estos actores ha ideado una respuesta capaz de proteger a estas personas e instituciones.

El gobierno estadounidense, mediante su control del dólar, trabaja para frustrar la rendición de cuentas. Pero la impunidad también es fomentada por Estados que reconocen los crímenes y luego se niegan a usar las herramientas de las que disponen para detenerlos. Muchos gobiernos de Estados miembro de la UE afirman rutinariamente defender el derecho internacional, y sin embargo mantienen relaciones militares, económicas y diplomáticas con Israel sin proteger a la CPI ni a las organizaciones palestinas.

Efecto contagio

Lo que ocurre en Palestina no quedará confinado a Palestina: la impunidad no solo blinda los crímenes ya cometidos, sino que también hace más probables los futuros. Cada vez que un Estado ve que otro desestima a los tribunales, viola las normas internacionales y persigue sus propios objetivos sin pagar ningún precio, el Estado de derecho pierde fuerza también en otros lugares. El mensaje que reciben los demás gobiernos es que las reglas pueden dejarse de lado siempre que se cuente con protección política, militar o económica. Así es como los crímenes excepcionales terminan por sentar un precedente.

Esta erosión ya resulta evidente en el creciente cuestionamiento a las instituciones internacionales. Chad ha iniciado el proceso de retiro del Estatuto de Roma, una decisión celebrada por Washington, que ha instado a otros Estados a seguir su ejemplo.

Según Sourani, sería un error pensar que todo esto concierne únicamente a Gaza o a los palestinos. Las sanciones están reemplazando al Estado de derecho por la «ley de la selva». «Lo que se pierda en Palestina se perderá en todas partes», advierte Albanese.

Mientras tanto, el genocidio continúa. Las organizaciones que se supone deben recopilar y preservar la evidencia de este son obstaculizadas, privadas de financiamiento y aisladas de las instituciones internacionales. E incluso mientras la destrucción continúa en Gaza, los ataques de los colonos y la presión sobre las comunidades palestinas también aumentan en Cisjordania. Sin embargo, mientras quienes cometen estos crímenes actúan con impunidad, quienes los documentan se ven obligados a defender su derecho a existir.

Traducción: Pedro Perucca