Fuente: TeleSur
La ofensiva de EE.UU. contra la CPI sigue la doctrina expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio en julio, cuando confirmó la intención de desmantelar el tribunal «ladrillo a ladrillo» porque es «una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense».
La presión contra la CPI llega en un momento sumamente delicado para la OTAN, marcada por la negativa de los Gobiernos a unirse a la guerra estadounidense en Irán y por roces diplomáticos o escaladas como las provocadas por las amenazas de Washington de anexarse Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Foto: EFE.
En un intento desesperado por blindar a sus propios funcionarios ante posibles procesos por crímenes de guerra y esquivar la rendición de cuentas de los líderes israelíes por el genocidio en Gaza, el Gobierno de Donald Trump intensificó las tensiones transatlánticas al exigir a sus socios de la OTAN abandonar el Estatuto de Roma y desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI).
Segun el medio POLITICO, durante una sesión confidencial celebrada a mediados de julio en Bruselas, el enviado estadounidense Matthew Whitaker instó a los 32 embajadores de la alianza a sumarse a una campaña orientada a destruir ese tribunal internacional de justicia. «Estaremos observando de cerca quién apoya a Estados Unidos», advirtió el funcionario ante las delegaciones, según testimonios de diplomáticos europeos que solicitaron el anonimato.
Paralelamente, la misión diplomática estadounidense distribuyó un memorando formal, en el cual exigía textualmente: «Estados Unidos desmantelará sistemáticamente las capacidades de la CPI. Le solicitamos firmemente que tome medidas inmediatas para retirarse», instando a los aliados a examinar la amenaza del tribunal a sus propios países, condenar públicamente su extralimitación jurídica (overreach) y cesar de inmediato cualquier apoyo material bajo la premisa de terminar con la «farsa» de la corte.
Esta ofensiva forma parte de una política más amplia de la Casa Blanca contra las reglas multilaterales que limitan su libertad de acción, la cual incluye su retirada del Acuerdo de París (sobre el cambio climático), la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en las dos Administraciones de Trump), a lo que se suman boicots a cumbres espaciales en París y el lanzamiento de diversas guerras comerciales.
A inicios de 2026, Trump firmó un memorando presidencial que ordenaba el retiro de su país de 66 organizaciones internacionales, alegando que estas «ya no sirven a los intereses de EE.UU.». Según el comunicado oficial, 31 de esas entidades pertenecen a la ONU y 35 son organismos independientes.
La ofensiva global de Washington contra la CPI se alinea con la doctrina expuesta por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en julio pasado confirmó la campaña contra ese tribunal alegando que amenaza la soberanía estadounidense.
«La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos», afirmó Rubio. También acusó a la entidad de librar «una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional».
«Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos todo el significado de la resolución estadounidense», aseveró Rubio, declarando su intención de desmantelar la institución «ladrillo a ladrillo«.
Creada en 2002 para procesar genocidios y crímenes de guerra, la CPI ya había abierto expedientes a militares estadounidenses por Afganistán en 2020 antes de despriorizarlos. El organismo se rige por el Estatuto de Roma, su instrumento constitutivo, el cual tipifica cuatro «crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional» (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión), que no prescriben.
La CPI, EE.UU. y un contexto de fricciones acumuladas
La presión contra la CPI llega en un momento sumamente delicado para la OTAN, marcada por la negativa de los Gobiernos a unirse a la guerra estadounidense en Irán y por roces diplomáticos o escaladas como las provocadas por las amenazas de Washington de anexarse Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.
Aunque la alianza procuró disimular estas grietas durante su cumbre anual de líderes, celebrada en julio en Ankara, la exigencia de abandonar el tribunal desató nuevas tensiones de inmediato. Calificando los comentarios de impactantes y decepcionantes, las delegaciones de Francia y los Países Bajos frenaron la propuesta en plena agenda regular.
París ratificó su apoyo inquebrantable a la CPI, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, reiteró públicamente que los Países Bajos «apoyan plenamente a la CPI«.
Diplomáticos de la OTAN señalaron que, aunque es poco probable que Washington buscara coaccionar a sus socios de forma idéntica en este frente —dado que las exigencias contra el tribunal de justicia internacional se plantearon como un punto secundario dentro de una discusión geopolítica mucho más amplia—, abordarlo en el seno de la alianza es extremadamente sensible al ser Estados Unidos líder de facto del bloque.
Algunos analistas e integrantes de la organización también interpretaron en esta misma línea un cuestionario enviado el mes pasado a los países miembros sobre política exterior, incluso en Asia Occidental, como un intento de forzar su alineamiento a cambio de protección.
Ofensiva punitiva de EE.UU contra la CPI y la ONU
Como parte de esta misma campaña contra la CPI y entes multilaterales, el Gobierno estadounidense anunció el 18 de agosto sanciones directas contra la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y el senegalés Abdoulaye Seye, candidato a magistrado en ese tribunal.
Informes de prensa detallan que Seye supervisa actualmente las pesquisas sobre la financiación israelí destinada a los asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada y la distribución de armamento a colonos, que han escalado en los últimos meses el asedio y los crímenes contra comunidades palestinas.
Estas medidas punitivas profundizan una escalada que previamente recayó sobre el exfiscal jefe Karim Khan, tras la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza.
Con estas acciones, la presión de Washington alcanza a nueve de los 18 magistrados del tribunal, sus dos fiscales adjuntos, el exfiscal jefe y un miembro del personal.
La política de castigos de la Casa Blanca también se extiende a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, quien ha denunciado sistemáticamente los crímenes de guerra de Israel, el genocidio en la Franja de Gaza y lo que ha llamado la «economía del genocidio».
A pesar de que un tribunal federal de Washington suspendió temporalmente el 13 de mayo las restricciones que le impedían el ingreso al país, la funcionaria fue nuevamente sancionada por el Gobierno estadounidense una semana después.
Esta ofensiva punitiva golpea también a diversas organizaciones palestinas de defensa de los derechos humanos, entre ellas Al-Haq y el Centro Al Mezan.
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