Estudio sobre cómo transformar el mundo

Me dispongo a hablar de utopías. De las que siguen siéndolo y de aquellas otras que, después de haber sido consideradas durante mucho tiempo fantasías irrealizables, terminaron incorporándose con toda naturalidad a la vida de los hombres.

Es difícil encontrar un articulista, un pensador o un intelectual —algunos de ellos célebres— que no haya escrito alguna vez sobre la necesidad de transformar el mundo. Sus razonamientos pueden ser impecables; sus denuncias, justas; sus propósitos, incluso admirables. Pero casi todos se detienen precisamente allí donde debiera comenzar la verdadera transformación.

Porque transformar el mundo exige preguntarse por aquello que nuestra civilización considera intocable: la libertad.

Desde hace siglos se nos ha enseñado que la libertad constituye el fundamento mismo de la sociedad civilizada. Sobre ella se edificó el liberalismo político; sobre ella, el mercado competitivo; sobre ella, finalmente, buena parte de la organización económica y social de Occidente.

Y, sin embargo, pocas veces nos preguntamos: ¿libertad de quién y para qué? La famosa pregunta atribuida a Lenin “¿libertad, para qué?»— contiene bastante más sustancia de la que suele reconocérsele. Porque la libertad considerada en abstracto es una palabra magnífica; pero la libertad aplicada a sociedades profundamente desiguales es algo muy distinto.

La libertad del poderoso no tiene las mismas consecuencias que la libertad del débil.

La libertad de quien posee capital, medios de comunicación, influencia política o capacidad económica para condicionar a millones de personas no es comparable con la libertad del ciudadano que depende de un salario, de una hipoteca o simplemente de conservar su puesto de trabajo.

Por eso resulta relativamente fácil escribir sobre las injusticias del mundo. Basta cierta erudición, sensibilidad y oficio. Durante siglos nos conmovieron los predicadores de la caridad cristiana, los humanistas y los moralistas. Hoy nos conmueven los intelectuales que denuncian la pobreza, la desigualdad, las guerras o la destrucción de la naturaleza.

Pero conmover no equivale a transformar.

Decir que hacen falta más médicos, mejores maestros, ciudadanos más responsables o gobernantes más honrados puede ser cierto. Lo que ya no resulta tan frecuente es preguntarse qué estructura social produce precisamente lo contrario.

Si queremos transformar realmente la sociedad no basta con corregir sus efectos. Hay que intervenir sobre sus causas.

Y una de esas causas fundamentales es, a mi juicio, la libertad ilimitada de quienes poseen mayor capacidad para ejercerla.

No hablo de la libertad interior del individuo, de su pensamiento, de sus convicciones, de su derecho a imaginar, disentir o juzgar el mundo. Esa libertad pertenece a la intimidad de la conciencia y debería permanecer siempre intacta.

Hablo de otra libertad: la libertad convertida en poder.

La libertad económica para acumular sin límite; la libertad empresarial para condicionar gobiernos; la libertad de los mercados para determinar el destino de sociedades enteras; la libertad de los Estados poderosos para imponer su voluntad a los débiles; la libertad, en definitiva, de quien dispone de fuerza suficiente para convertir sus intereses particulares en reglas generales.

Ahí comienza el problema.

Las sociedades llamadas libres han intentado resolverlo mediante leyes. Pero la experiencia demuestra que las leyes no bastan cuando quienes poseen mayor poder disponen también de innumerables instrumentos para condicionarlas, interpretarlas, sortearlas o simplemente incumplirlas.

Incluso el orden internacional ofrece innumerables ejemplos. Resoluciones, tratados, declaraciones solemnes y organismos universales conviven con guerras, invasiones, bloqueos económicos y violaciones constantes de las normas que esos mismos Estados dicen defender.

La contradicción es evidente: se proclaman reglas universales y al mismo tiempo se acepta que determinadas potencias se sitúen por encima de ellas.

Por eso la transformación del mundo exige algo más profundo que una sucesión de reformas parciales. Exige someter el poder a la razón.

Y exige, sobre todo, someter la economía a la justicia social.

No encuentro otra manera de afrontar seriamente el problema. La distribución de la riqueza no puede quedar abandonada a una competencia supuestamente espontánea entre individuos que parten de posiciones radicalmente distintas.

La libertad económica absoluta conduce inevitablemente a la concentración del poder. Y cuando el poder económico alcanza determinada magnitud acaba convirtiéndose también en poder político, cultural e incluso moral.

Entonces sucede algo paradójico: la sociedad continúa llamándose libre, aunque la libertad real se encuentre concentrada en pocas manos.

El ciudadano corriente conserva formalmente innumerables derechos. Puede votar, expresarse, desplazarse, comprar, vender y elegir entre múltiples opciones. Pero vive frecuentemente sometido a una inseguridad permanente: teme perder el trabajo, no poder pagar la vivienda, enfermar sin recursos suficientes o contemplar cómo sus hijos descienden socialmente.

¿Puede llamarse plenamente libre a quien vive bajo esa amenaza? Por eso me parece insuficiente identificar la libertad política con el simple acto de votar periódicamente.

Una sociedad verdaderamente libre debería garantizar antes unas condiciones materiales mínimas que permitan ejercer esa libertad.

No puede hablarse seriamente de libertad cuando una parte considerable de la humanidad carece de alimentación suficiente, vivienda digna, asistencia sanitaria, educación o seguridad económica elemental.

Y aquí aparece la contradicción fundamental de nuestro tiempo.

Quienes más disfrutan de la libertad son precisamente quienes con mayor vehemencia proclaman que esa libertad es intocable. Aunque para millones de personas esa libertad apenas existe o no le sirve para nada.

Estoy convencido de que una gran parte de la humanidad aceptaría limitar determinadas libertades económicas si con ello pudiera garantizarse que todos los seres humanos dispusieran de alimento, vivienda, educación, asistencia sanitaria y una existencia digna.

No se trata de renunciar para siempre a la libertad. Se trata de establecer primero las condiciones materiales que permitieran disfrutarla verdaderamente en su sentido literal.

Porque la libertad sin igualdad social suficiente es privilegio.

Y la igualdad sin libertad interior convierte al ser humano en un simple engranaje.

La cuestión consiste, por tanto, en distinguir cuidadosamente ambas cosas.

Hay una libertad que debe ser preservada con extraordinario celo: la libertad de pensamiento.

Y existen otras libertades —económicas, financieras, empresariales, incluso políticas— que necesariamente deben encontrar límites cuando su ejercicio perjudica gravemente a la colectividad.

Ésta es, en el fondo, la función que debería cumplir una organización racional de la sociedad.

No confío en la espontaneidad del mercado para producir justicia social. Tampoco creo que la simple buena voluntad individual pueda corregir desigualdades estructurales.

Hace falta una inteligencia colectiva que regule. Hace falta una voluntad política capaz de establecer límites.

Y hace falta considerar la distribución razonable de la riqueza no como un efecto secundario deseable del sistema económico, sino como uno de sus objetivos fundamentales.

Desde esa perspectiva, sigo considerando que el pensamiento marxista conserva una intuición esencial: la economía no puede gobernar a la sociedad; debe ser la sociedad quien gobierne la economía.

Naturalmente, el marxismo histórico necesita ser revisado, actualizado y liberado de muchos de los dogmatismos que acompañaron algunas de sus realizaciones políticas.

Pero su preocupación fundamental —la subordinación de la economía al interés colectivo y la limitación de la acumulación privada de poder— continúa siendo, a mi juicio, plenamente vigente.

Podríamos llamarlo marxismo actualizado, socialismo racional o simplemente organización económica orientada a la justicia social. El nombre importa menos que el principio.

Lo esencial consiste en abandonar la superstición de que el mercado libre, dejado fundamentalmente a sí mismo, acabará produciendo espontáneamente una sociedad justa. No lo ha hecho. Y no existe ninguna razón seria para pensar que vaya a hacerlo.

Mientras continuemos describiendo los males del mundo sin atrevernos a cuestionar los mecanismos que los producen, seguiremos practicando una especie de literatura moral de la indignación.

Denunciaremos la pobreza sin discutir seriamente la acumulación.

Denunciaremos las guerras sin limitar el poder de quienes pueden desencadenarlas.

Denunciaremos la destrucción de la naturaleza sin enfrentarnos a un sistema económico que necesita aumentar continuamente la producción y el consumo.

Denunciaremos la desigualdad mientras proclamamos intocable la libertad económica que permite reproducirla.

Así podremos escribir magníficos artículos, pronunciar discursos conmovedores y organizar interminables debates televisivos.

Pero el mundo seguirá esencialmente igual.

Transformarlo exige algo mucho más incómodo: aceptar que ninguna sociedad puede sobrevivir indefinidamente si convierte la libertad en un absoluto.

Toda convivencia humana consiste precisamente en limitar libertades de los poderosos.

La cuestión decisiva es cuáles se limitan y a quién.

Hasta ahora, con demasiada frecuencia, se ha limitado la libertad del débil mientras se protegía la del poderoso.

Yo propongo exactamente lo contrario.

Limitar principalmente la libertad de quienes poseen capacidad económica, política o militar suficiente para imponer su voluntad a los demás.

Y ampliar, al mismo tiempo, la libertad real de quienes apenas disponen de ella.

Porque quizá la verdadera libertad no consista en que cada uno pueda hacer cuanto le permita su poder, sino en construir una sociedad donde nadie posea tanto poder que pueda reducir la libertad de los demás.

Ésa sería para mí una transformación auténtica.

No la supresión del pensamiento libre, sino precisamente su preservación.

No la eliminación de la individualidad, sino la reducción de aquellos poderes que convierten a millones de individuos en dependientes de las decisiones de unos pocos.

Por eso sigo creyendo que, si verdaderamente queremos hacer del mundo un lugar más justo, habrá que atreverse a formular una idea que nuestra cultura liberal considera casi sacrílega: reducir la libertad del poder, del poderoso, para aumentar la libertad del ser humano.

O, dicho de otro modo: limitar al máximo aquellas libertades públicas y económicas que permiten dominar a otros, y dejar absolutamente intacta la más preciosa de todas: la libertad de pensamiento.