Fuente: La Jornada
no es demasiado tarde para salvar la joven y frágil democracia mexicana, y Washington pagaría un elevado precio a largo plazo por su inacción.
El texto forma parte de un patrón de agresiones contra México desde las páginas de ese medio que representa los intereses de la oligarquía global, y en particular del capital financiero de la anglosfera. En 2020, en plena pandemia de covid-19, azuzó a opositores, gobernadores y líderes empresariales a unirse para alterar el orden institucional mexicano e imponer su agenda sobre la autoridad legalmente constituida. En 2021, criticó la ampliación y mejora de la calidad de la democracia mexicana a través de las consultas populares, en consonancia con la visión elitista de que el pueblo no tiene nada que decir con respecto a los temas de trascendencia e interés público. Hace año y medio, su jefe de opinión para asuntos exteriores hizo una caracterización falaz del presidente Andrés Manuel López Obrador como un dirigente autoritario e, igual que ahora aunque de modo menos procaz, sugirió que la Casa Blanca debía suplantar a las autoridades mexicanas.
Un aspecto significativo, pero de ninguna manera sorpresivo, reside en la manera en que el medio calca, palabra por palabra, el discurso de comentócratas y políticos opositores locales que desde hace seis años operan a fin de que Washington, los tribunales y poderes fácticos tanto internos como foráneos les den lo que no consiguen en las urnas. La selección de las fuentes del artículo publicado el jueves resulta reveladora al acudir a personajes totalmente desacreditados en México, notorios por sus actos de corrupción, su entreguismo servil a Estados Unidos, el inmenso daño que causaron a las finanzas públicas y al bienestar de las clases populares y medias, y hasta su responsabilidad directa en algunas de las matanzas más atroces perpetradas en la historia del país.
Asimismo, es una muestra más del doble rasero aplicado por propios y extraños al calificar el esfuerzo para sanear la Judicatura a través de, entre otras medidas, la elección directa de jueces, magistrados y ministros, como un desmantelamiento de la independencia judicial y un riesgo para la democracia. De forma artera se omite que, en muchas jurisdicciones de Estados Unidos, los ciudadanos eligen no sólo a los jueces, sino también a los fiscales de distrito e incluso a los jefes de la policía (los sheriffs), y ningún medio corporativo denuncia esos comicios como atentados contra la democracia o la división de poderes.
Los segmentos de la sociedad mexicana celosos de la soberanía nacional pueden contar con que la administración que arrancará el próximo martes rechazará estos groseros actos de injerencismo con la misma firmeza que se ha hecho durante el presente sexenio. Por su parte, quienes aplauden el golpeteo externo y los intentos de desestabilizar al país no hacen sino ahondar su desprestigio y confirmarse como enemigos de la nación.
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