Por: Irene León
Los procesos de cambio que despuntaron en la Región Andina en el siglo XXI[1] crearon un espacio político y geopolítico inédito. En todos los países se produjeron procesos antisistémicos y de cambio de diverso tenor, cuya consecución se caracteriza por propuestas de desneoliberalización, cambios progresistas e incluso socialistas, que retan al poder hemisférico estadounidense y hasta desafían al capitalismo. Ese es el núcleo de la disputa de alta intensidad que se expresa en todos los campos.
En esta subregión, que históricamente es también bolivariana[2], se volvió a mirar al territorio y su capacidad de autosuficiencia endógena. Los cambios se proyectaron con perspectiva regional, en interrelación con el Sur y con el mundo multipolar.
La consecución de estos procesos fue posible a través de articulaciones políticas innovadoras, en forma y contenidos. Sus proyecciones se enunciaron desde la organización colectiva, desde lo popular, multiétnico y diverso. Sus perspectivas de democracia tomaron alcances inéditos, como la democracia participativa y protagónica, basada en el poder popular y comunal en Venezuela, o las reformulaciones organizativas inherentes a la plurinacionalidad en Bolivia.
Pero en esta subregión, que es a la vez escenario de las proyecciones geoestratégicas de Estados Unidos y de la avidez corporativa por las abundantes riquezas naturales y ecológicas, la disputa con los poderes del capitalismo es intensa y constante. En la última década, en el intento de blindar el proyecto capitalista, ha arreciado un embate multiforme donde la militarización y diversas estrategias injerencistas trastocan las dinámicas internas.
La restauración capitalista de la última década, vino para demoler los resultados exitosos de los procesos alternativos y restituir el proyecto capitalista de mercado total. En ese marco, los poderes corporativos y transnacionales han pasado a la primera línea incluso en el campo político.
No es un hecho aislado que Elon Musk, propietario de Tesla, interesado en el litio boliviano, haya intervenido en el golpe de estado contra Evo Morales en 2019 y admita que lo volvería a hacer. En Ecuador, país tomado por la restauración capitalista** (¿neoliberal?) desde 2017, Erik Prince, propietario de la empresa de mercenarios Academi, intervino en las elecciones de 2025, celebró un convenio con el Gobierno, a la vez que refrendó su interés de incursionar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
En este último país, la petrolera Exxon Mobil aparece como auspiciante de una confrontación entre Guyana y Venezuela, para acceder sin control a los recursos. Los intereses de esa corporación son resguardados por el Comando Sur estadounidense, a la vez, la explícita simbiosis entre el gobierno de Donald Trump y sectores corporativos afines a la extrema derecha, potencian entornos colaborativos con metas comunes, como la expresada por el director de Palantir Alex Karp: todo para “impulsar a Occidente hacia su evidente e innata superioridad y …cuando sea necesario, asustar a nuestros enemigos y, en ocasiones, matarlos”[3]. Palantir, empresa de vigilancia y minería de datos, asociada a la inteligencia belicista estadounidense, mantiene acuerdos estratégicos con la Exxon Mobil.
En ese panorama, con el ninguneo a la legislación internacional y el afianzamiento del ‘orden basado en reglas’, es cada vez más invasiva la acometida concertada entre el poder corporativo y el gobierno estadounidense. Así, de espaldas a la legislación internacional que, hasta en condiciones de guerra declarada prohíbe recompensas y la imposición de precios para la cabeza de un enemigo[4], el gobierno de Trump ha lanzado una puja contra el Presidente Nicolás Maduro, legitimando un campo de acciones ilegales en el que pueden intervenir corporaciones, mercenarios y otros. Esto en paralelo a una movilización de tropas y guerra psicológica creciente en el Caribe.
En esta disputa por el control de la región, los poderes fácticos, incluso ilícitos, están en la primera línea en escenarios decisivos y no sólo como oferentes de recetas de caos, guerra multiforme y guerra cognitiva, que aparece cada vez más en todas partes, con su propuesta de controlar los cerebros y comportamientos e incentivar las polarizaciones hasta lograr que las sociedades se destruyan a sí mismas[5].
La fusión entre el lawfare y la guerra cognitiva como inhibidor de la democracia
El proyecto de restauración capitalista vino para inhibir los proyectos colectivos – especialmente la política- y reemplazarlos por modelos gerenciales afines al mercado total. Así, las estrategias de injerencia se hacen extensivas a partidos políticos, pueblos originarios, organizaciones y movimientos sociales. Influye aquí la irrupción de redes transnacionales de extrema derecha, que enarbolan planes corporativo-libertarios como el de la Conferencia de Acción Política Conservadora -CPAC-, o iniciativas neocoloniales como la ‘Iberosfera’ impulsada por el neofascismo español.
Asimismo, para revertir a la fuerza los procesos de cambio, se ha posicionado la judicialización de la política. Todos los países están afectados por sendas estrategias de lawfare, nacional e internacional, con una intensa persecución política y judicial contra los procesos y dirigencias de izquierda, complementada por una ofensiva mediática.
En estos contextos, las elecciones son un espacio donde se experimenta una tenaz disputa que no implica apenas la alternancia, sino que se ponen en juego los horizontes de futuro, sea por el alto grado de concreción de los cambios como es el caso de Venezuela y Bolivia, por la persistencia de la propuesta de cambio y la defensa del horizonte constitucional en Ecuador, por los significados del intento de transformación que se delineó en Perú, así como por las perspectivas de transformación despejadas en Colombia.
Por eso, ninguna de las dinámicas electorales de los procesos de cambio puede explicarse sin contextualizar la disputa de poder sistémico y las estrategias capitalistas para no ceder nada.
Esto último, en conjunto con la contextualización política, geopolítica y geoeconómica, puede contribuir al análisis de la debacle de la izquierda en las elecciones bolivianas 2025, donde a más de las dinámicas internas inherentes a todo proceso político, se evidencia el recrudecimiento de las polarizaciones con tintes de guerra cognitiva y dimensiones de fragmentación como las que alimenta el lawfare.
En los contextos de lawfare, los primeros afectados son los proyectos de unidad, entre otros porque actores políticos de la izquierda son coartífices de la implosión de los movimientos políticos y de los procesos, como sucedió en Ecuador 2017 y acontece en Bolivia 2025[6]. En esos escenarios los fraudes electorales se consuman mucho antes de las elecciones, principalmente a través de la proscripción de las dirigencias relevantes, como Rafael Correa y Evo Morales.
Es más, hechos recientes evidencian una mezcla letal que resulta de la fusión entre guerra cognitiva y lawfare, ambas con estrategias comunicacionales/digitales y mecanismos multidisciplinarios para propiciar el odio y la polarización. Ambas con el recurso a la mentira y distractores comunicacionales para distorsionar el foco de los hechos e instigar la fragmentación política y la implosión.
En todos los casos, las estrategias destructivas se consuman con invocaciones a la democracia, al diálogo y la unidad. Se habla de “transición democrática” mientras se produce el retorno al neoliberalismo y opera el desmantelamiento de los proyectos de cambio. Así lo hicieron Lenin Moreno en Ecuador de 2017 a 2021, Dina Boluarte en Perú 2022, y en Bolivia 2025, Luis Arce argumenta que recuperar la democracia es su mejor legado mientras abona a la implosión del Movimiento al Socialismo.
Con esto y otras complejidades políticas y socioeconómicas, luego de más de una década de golpes, lawfare y operativos de injerencia que buscan sacar del escenario a los procesos de cambio, es ineludible plantear que la Región Andina atraviesa por una disputa de alta intensidad, con características inéditas por las aspiraciones de no retorno que los procesos reales como el Bolivariano han colocado y con un acumulado de perspectivas integrales con fundamentos para dejar atrás las dinámicas de muerte que el capitalismo impone.
Nota: La autora es socióloga y comunicadora. Coordinadora de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad – Ecuador
[1] Los procesos más sostenidos son la Revolución Bolivariana de Venezuela (1.998) y la Revolución Democrática y Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia (2006), en Ecuador la Revolución Ciudadana duró 10 años (2007-2017), en Colombia el progresismo está en el poder desde 2022 y en Perú la incursión del progresismo se produjo de 2021 a 2022
[2] Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, fueron liberados de la colonización española en la gesta encabezada por Simón Bolivar en el segundo decenio del siglo XIX, varios de estos países conformaron un sólo Estado unificado por el Libertador.
[3] Bobby Allyn. Cómo Palantir, la empresa tecnológica secreta, está creciendo en la era Trump. https://www-npr-org.translate.goog/2025/05/01/nx-s1-5372776/palantir-tech-contracts-trump?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
[4] Reglamento de La Haya, artículo 23(b) entre otros
[5] [5] John Hopkins University & Imperial College London (2021) Countering cognitive warfare: awareness and resilience. En NATO Review. 20 may 2021, pg 1 https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/05/20/countering-cognitive-warfare-awareness-and-resilience/index.html
[6] Sacha Llorenti. (2025/08/21) Cinco mitos sobre la crisis de la izquierda en Bolivia. https://misionverdad.com/opinion/cinco-mitos-sobre-la-crisis-de-la-izquierda-en-bolivia
Autor: Irene León
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