Hoy se cumplen dos años y ocho meses desde que Israel decidió acelerar la limpieza étnica contra los habitantes originarios de Palestina, emprendida en 1948. Con el pretexto del injustificable ataque efectuado por el grupo islamita armado Hamas, Tel Aviv puso en marcha el mayor genocidio del siglo, en el que han sido masacradas hasta 680 mil personas –de acuerdo con estimaciones de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese–; la inmensa mayoría de ellas, mujeres, niños, ancianos y hombres desarmados. Hasta septiembre de 2025, mil 581 trabajadores de salud, 252 periodistas y 346 miembros de las Naciones Unidas fueron asesinados para impedirles asistir a las víctimas o documentar las atrocidades del ejército invasor.
El “alto al fuego” acordado en octubre pasado ha permitido a quienes respaldan al régimen sionista fingir que el exterminio concluyó, pero éste continúa sin piedad ni disimulo. El viernes, tropas israelíes asesinaron a un bebé de siete meses y dejaron a su madre en estado crítico en un “puesto fronterizo”, como denomina Tel Aviv a las instalaciones ilegales con que divide los territorios palestinos ocupados. El mismo día, un reportaje documentó el uso sistemático de municiones con fósforo blanco en ciudades libanesas por parte de las fuerzas de ocupación. El uso deliberado de la sustancia incendiaria contra civiles o en zonas pobladas por civiles viola el derecho internacional humanitario. En las mismas 24 horas, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, llamó a la población a mudarse a Cisjordania reocupada con el objetivo de alcanzar un millón de colonos en la región y acabar definitivamente con la idea de establecer un Estado palestino. En palabras del funcionario, el crimen (que recibirá incentivos fiscales del ministerio que encabeza) es “sionismo en su mejor forma”.
Smotrich es el mismo ultraderechista que en agosto de 2024 se quejó porque nadie les permitiría “causar que dos millones de civiles mueran de hambre, aunque podría estar justificado y ser moral”. Debe remarcarse que no es una postura aislada, sino la política oficial del gobierno del prófugo de la Corte Penal Internacional Benjamin Netanyahu. En marzo, legisladores e integrantes del gabinete celebraron con champán la aprobación de una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como única condena posible a un palestino que mate a un israelí, mientras se mantiene la impunidad total a los israelíes, civiles o militares, que asesinan palestinos. Desde octubre de 2023, Netanyahu informó al mundo que su misión no tenía que ver con la seguridad, sino con “una guerra santa de aniquilación”, guiada por los versículos bíblicos de Samuel 15:3: “ahora vayan y hiéranlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros”. Además de extender esa “guerra santa” a Líbano, de apropiarse de territorios sirios y bombardear Yemen, Irak y Qatar, el 28 de febrero Israel la llevó hasta Irán.
La agresión a gran escala contra Persia, conducida junto a Estados Unidos, ha desquiciado la economía mundial y entrampado al presidente Donald Trump en un callejón sin salida militar y político. En este afán de perpetuar la espiral de violencia, Tel Aviv dejó atrás cualquier restricción, hasta el punto de que ahora la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono (DIA, por sus siglas en inglés) considera a Washington en el nivel más alto de amenaza de espionaje israelí.
Por lo dicho y por todos los horrores que es imposible reseñar en este espacio, el actual gobierno israelí ya es uno de los mayores violadores de derechos humanos de los tiempos modernos, y la complicidad internacional con el genocidio es una vergüenza indeleble para la especie humana.
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