Legalidad internacional destruida

 

En las primeras horas de ayer, el mundo asistió al más reciente episodio de la destrucción sistemática de la legalidad internacional emprendida por la administración de Donald Trump desde sus inicios. Sin el menor argumento, fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron un bombardeo sobre la capital de Venezuela y otras localidades de ese país, secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y se los llevaron con rumbo desconocido.

Al mediodía de ayer, el mismo Trump confirmó esos hechos, alardeó que gobernaría Venezuela hacia una “segura, propia y sensata transición”, mintió al afirmar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez “hace lo que queremos” y delineó un futuro de jugosos negocios para las empresas petroleras de su país. Posteriormente, en una entrevista con Fox News, el magnate, tras amenazar al mandatario colombiano, Gustavo Petro, con hacerlo correr la misma suerte de Maduro, formuló una declaración particularmente insolente contra nuestro país y contra la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo que “está muy asustada de los cárteles” que según él “manejan” nuestra nación y lanzó una nueva amenaza: “algo tendremos que hacer con México”.

Más allá de tales declaraciones desatinadas, los pretextos para la agresión resultan deleznables, no sólo por inverosímiles –como que Maduro encabeza el supuesto cártel de Los Soles– sino porque conllevan el afán de aplicar en forma extraterritorial una legislación nacional y porque son formuladas desde una nula autoridad moral.

Y es que si alguien amerita el calificativo de delincuente no es el presidente de Venezuela sino Trump, que lo es en calidad de convicto por 34 delitos fiscales y que acumula una montaña de sospechas por asuntos que van desde la estafa que sus allegados perpetraron con criptomonedas hasta su papel como cómplice activo de genocidio en Gaza; desde su presunta participación en los crímenes sexuales del fallecido Jeffrey Epstein hasta los asesinatos de inocentes en alta mar, ordenados por él; desde las violaciones a la ley que su gobierno comete día a día en la persecución de migrantes hasta sus indultos recurrentes para narcotraficantes, lavadores de dinero y defraudadores.

A esa carrera criminal, el presidente estadunidense agregó en las horas recientes una cuarentena de asesinatos, a decir del New York Times, dos secuestros –el de Maduro y el de su cónyuge–, la destrucción material (incuantificable, hasta ahora) el allanamiento militar de un país y la tentativa de usurpar el poder político en una nación soberana.

Pero más allá de consideraciones jurídicas, del debate sobre las características del régimen venezolano y de las diferencias ideológicas y políticas entre Washington y Caracas, y al margen de la bandera del país agredido, la incursión bélica del trumpismo es un ataque devastador en contra de la legalidad internacional construida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial; en lo sucesivo, ningún país, independientemente de sus coincidencias o de sus discrepancias con Estados Unidos, puede sentirse amparado por el conjunto de preceptos que han regulado las relaciones entre Estados.

Y ello vale lo mismo para México o Colombia que para Canadá o Dinamarca, naciones estas últimas que han sido por décadas aliados militares confiables de la Casa Blanca en el marco de la OTAN y que, sin embargo, se han visto sometidas a la amenaza del despojo territorial y hasta a la pérdida de la independencia. Ello explica la multiplicidad de condenas a la incursión, tanto por parte de mandatarios, legisladores y funcionarios internacionales de todo el mundo, como por personajes de la clase política estadunidense y también, desde luego, por las sociedades. El agravio es tan escandaloso que hasta voces de la extrema derecha, como la de Marine Le Pen, en Francia, lo han repudiado.

Por lo que respecta a la situación en Venezuela, aunque los acontecimientos son sumamente fluidos, todo parece indicar que el trumpismo –y el secretario de Estado Marco Rubio, principal instigador de la agresión– no va a conseguir fácilmente su propósito de forzar un cambio de régimen. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a contrapelo de los dichos del gobernante estadunidense, manifestó su lealtad a Maduro, exigió su devolución y expresó su disposición a cumplir con las directivas del presidente secuestrado. Y aunque es por demás probable que la captura del mandatario haya sido posible mediante una traición de su círculo de seguridad, no hay señales de fractura en la cúpula del chavismo.

Lo cierto es que el bombardeo de Venezuela, la incursión armada en su territorio y el secuestro de Maduro y de su esposa han cambiado drásticamente el escenario internacional y regional de preocupante a alarmante y que, sea cual sea la capacidad de resistencia del chavismo y las ulteriores agresiones que decidan la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el continente americano vive desde ayer en un entorno más incierto y amenazante que el del viernes pasado, y que esta circunstancia sombría y ominosa en la que ningún escenario puede descartarse y que apenas ha comenzado. En ella, son más que nunca urgente la solidaridad entre los pueblos y la congruencia de los gobiernos.