La cumbre contra la «extrema izquierda» y la reciente publicación del informe del Departamento de Estado sobre Cuba obedecen a una misma secuencia de escalada geopolítica: la reactivación de la Guerra Fría para construir un expediente de «amenaza inminente» que justifique cualquier tipo de agresión o intervención futura.
Estados Unidos ha reciclado un viejo enemigo. Lo llama terrorismo político de extrema izquierda, pero en realidad es una actualización de su estrategia de guerra fría.
“Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma: un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación”. Así lo intentó conceptualizar el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una cumbre internacional efectuada el pasado 16 de julio en Washington para abordar lo que la Casa Blanca considera “una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora experimenta un resurgimiento”.
Apenas cuatro días después, el departamento de Estado publicó un informe bajo el título Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI, donde nuevamente Washington intenta mostrar a la nación caribeña, que ha bloqueado durante 67 años, como una amenaza contra su seguridad nacional.
Ni el informe ni la cumbre son hechos aislados. Forman parte de la construcción de un motivo, para un objetivo superior que ya fue planteado en su estrategia de seguridad nacional a inicios de año: controlar los destinos de América Latina y eliminar todo lo que obstaculice en el camino.
Sin embargo, la nueva cruzada de Marco Rubio choca con errores de conceptos y una ausencia de basamento legal.
¿Existe el terrorismo político de extrema izquierda? ¿Estarían justificadas acciones legales contra gobiernos, movimientos políticos y sociales simplemente por su ideología? ¿Por qué necesita Estados Unidos resucitar un nuevo enemigo si está tan ocupado con otra guerra? En este reportaje nos acercamos a esas respuestas.
Un enemigo con límites difusos
Bajo el paraguas de una llamada Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, el secretario de estado de Estados Unidos convocó a unos 66 países hace pocos días. Entre los participantes figuraron Canadá, España, Alemania, Argentina, Italia, «Israel», Chile y Uruguay.
Sin embargo, hubo significativas ausencias como México, China, Brasil, y Colombia. Por la parte de Estados Unidos estuvieron presentes altos mandos de la actual administración, entre ellos el director del FBI, Kash Patel; la secretaria de Educación, Linda McMahon; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.
Durante su discurso de apertura, Rubio citó hechos descontextualizados y acusaciones sin basamento donde los enemigos eran países como Cuba e Irán, movimientos sociales como Antifa y procesos como la migración. Sin tapujos, el secretario de estado instó prácticamente a iniciar una cacería “contra la nueva amenaza” como ya lo habían hecho décadas atrás.
“No se privó de mencionar, por ejemplo, a Montoneros y Tupamaros –grupos que se convirtieron en los blancos de las dictaduras que se asentaron en los años ‘70 en Argentina o Uruguay. El secretario de Estado fue claro. Para que la cruzada funcione, hay que seguir viejas recetas: el intercambio de inteligencia y el trabajo coordinado de las agencias de seguridad”, refiere un artículo del diario argentino Página 12 que abordó el evento.
¿Qué persigue realmente el representante de la diplomacia de Washington? A todas luces, internacionalizar un enemigo con límites bastante difusos.
“Estados Unidos quiere un mundo donde pueda declarar terrorista a cualquier organización de izquierda, sancionar a cualquier país que no obedezca, amenazar a cualquier tribunal que investigue sus crímenes y presentarse al mismo tiempo como garante de la libertad”, expresó la periodista Inna Afinogenova en el programa La Base América Latina al analizar el trasfondo del evento.
Cuando Rubio habla de intercambio de inteligencia y el trabajo coordinado de las agencias de seguridad se refiere al lanzamiento de un ambicioso paquete de medidas ejecutivas y unilaterales. Usando como base el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional No. 7 (NSPM-7), que se titula “Contrarrestar el terrorismo doméstico y la violencia política organizada”, la Casa Blanca busca aplicar más allá del entorno nacional, medidas de presión en tres frentes interconectados contra todo enemigo que entre en esta nueva categoría
El primer frente opera en el terreno económico a través de la asfixia financiera y el fenómeno de la desbancarización. La administración estadounidense dispuso la fiscalización intensiva sobre el flujo de fondos de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y movimientos sociales calificados bajo la etiqueta de la «extrema izquierda».
A la presión financiera se suma una segunda medida de corte diplomático. Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas que prohíbe a los extranjeros afiliados a lo que la administración describe como organizaciones “terroristas de extrema izquierda” ingresar a Estados Unidos.
Esta herramienta otorga a la diplomacia estadounidense la facultad de revocar o denegar el ingreso a su territorio a dirigentes, políticos, periodistas y activistas etiquetados como «facilitadores de redes extremistas», transformando un trámite consular en un filtro de castigo e intimidación ideológica.
Finalmente, la tercera medida se concreta en el ámbito de la seguridad con la proyección de redes de inteligencia policial transfronteriza. La estrategia propone subordinar las agencias de seguridad nacionales a la dinámica de las Fuerzas de Tarea Conjunta contra el Terrorismo (JTTF) del FBI, condicionando la cooperación bilateral al intercambio de registros biométricos, listas de vigilancia y datos migratorios.
Bajo el argumento de desarticular redes transnacionales, este esquema otorga a los organismos de inteligencia estadounidenses una ventana de supervisión directa sobre las investigaciones judiciales internas de los países que participaron en la reunión, institucionalizando la injerencia en la política doméstica de dichas naciones.
Lo que dice la ONU sobre las definiciones «vagas»
El intento de categorizar a organizaciones políticas y sociales bajo la etiqueta de «terrorismo» choca frontalmente con el derecho internacional. En este sentido, la postura de los organismos internacionales establece límites precisos sobre lo que constituye o no un delito de esta naturaleza.
Un informe de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, publicado en 2019, alerta sobre la aparición en todo el mundo de definiciones de terrorismo excesivamente amplias y vagas que“pueden dar lugar a vulneraciones involuntarias de los derechos humanos y se han empleado deliberadamente de manera indebida para atacar a una gran variedad de grupos, personas y actividades de la sociedad civil” [1]
Por su parte la resolución 1566 del Consejo de Seguridad de la ONU establece que “los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves […] con el propósito de provocar un estado de terror en la población general o coaccionar a un gobierno, no pueden justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, ideológica, filosófica, racial, étnica o religiosa».[1]
De la Cumbre al Informe sobre Cuba: La actualización de la Guerra Fría
En el contexto de la cumbre contra el terrorismo de “extrema izquierda”, Rubio dejó explícito sus intenciones contra Cuba al afirmar, sin evidencias, que su “extensa red ideológica y de inteligencia” ayudó a “construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y sigue estando indisolublemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá”.
Que la mayor potencia del mundo acuse a Cuba de semejante poder sobre su propio territorio es cuando menos risible, pero no resulta un hecho aislado. Cuatro días después de la reunión convocada por Rubio, el Departamento de Estado publicaba un informe de cien páginas acusando a la isla de ser la capital del comunismo del siglo XXI donde los roles históricos entre ambas naciones están contradictoriamente invertidos.
De forma tal que según el documento “Cuba habría desarrollado, desde el triunfo revolucionario en 1959, una guerra integral contra Estados Unidos mediante espionaje, sabotaje, propaganda, infiltración ideológica, organizaciones aliadas y terrorismo de izquierda.”[2]
Es decir, el bloqueo económico implantado por Washington hace más de seis décadas contra la Habana, la invasión por Playa Girón, los ataques terroristas, la guerra biológica, los atentados, la persecución financiera y las medidas ejecutivas de varias administraciones estadounidenses, deberían ser interpretados como la manera que ha encontrado Estados Unidos “para defenderse de la influencia de Cuba.”
La cumbre contra la «extrema izquierda» y la reciente publicación del informe del Departamento de Estado obedecen a una misma secuencia de escalada geopolítica: la reactivación de la Guerra Fría para construir un expediente de «amenaza inminente» que justifique cualquier tipo de agresión o intervención futura.
Primero, la cumbre en Washington sentó la base al intentar tipificar los movimientos de izquierda como «riesgo transnacional». Acto seguido, el informe del Departamento de Estado aplicó esa doctrina sobre Cuba.
Al catalogar a un estado soberano bajo etiquetas de «amenaza comunista» y «patrocinador del terrorismo», Washington no solo busca asfixiar la economía cubana a través de la persecución a todas sus vías de ingreso y las sanciones a quienes mantengan vínculos comerciales con la isla.El objetivo de fondo es construir la arquitectura narrativa prefabricada para legitimar ante la opinión pública internacional futuras medidas de fuerza, o un eventual cambio de régimen impulsado desde el exterior.
La respuesta de Cuba no demoró en llegar. En una declaraciôn oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó el documento del Departamento de Estado como un mediocre panfleto de propaganda.
“Resulta hipócrita que el Departamento de Estado acuse a Cuba de promover acciones de subversión, cuando se conoce muy bien que es el gobierno estadounidense el que cada año destina decenas de millones de dólares de su presupuesto federal para subvertir el orden interno en Cuba, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano”,denuncia el MINREX.
La trampa del bien y del mal: Cuando la hegemonía se queda sin ideas
Durante su discurso en la cumbre efectuada en Washington, Marco Rubio afirmó que la izquierda radical representa «la rebelión de los peores contra los mejores» y de «los débiles y cobardes contra los fuertes y buenos».
Asumir que el tablero geopolítico enfrenta a los «peores contra los mejores» desnuda la pobreza conceptual de la nueva cruzada de la Casa Blanca. Cuando la potencia más armada del planeta necesita victimizarse frente a una isla bloqueada desde hace casi siete décadas y catalogar cualquier movimiento político y social como «terrorismo transnacional», no está demostrando liderazgo: está exponiendo su propia crisis de legitimidad.
El reciclaje de la retórica de la Guerra Fría no busca proteger la democracia, sino blindar un sistema que pierde terreno en el escenario global. Al final, las etiquetas fabricadas en los despachos de Washington no pueden ocultar la realidad: lo que la Casa Blanca califica como «la rebelión de los peores» no es más que la histórica e incansable negativa de gran parte de América Latina a seguir siendo tratada como el patio trasero de nadie.
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