Por: Observatorio Lawfare
El mundo vive una transición hegemónica que va en consonancia con una pérdida relativa del liderazgo global de Estados Unidos (EE.UU). Dicho proceso histórico deriva en un ajuste de tácticas imperialistas y neocoloniales sobre América Latina y el Caribe, en un relanzamiento de la Doctrina Monroe que incluye intervenciones e incursiones militares, lawfare y persecución política, guerra psicológica, condicionamientos económicos y financieros, agresiones comerciales y medidas coercitivas unilaterales (sanciones), entre otras medidas. Avanza contra principios y consensos establecidos en el Derecho Internacional.
EE.UU. impone la aplicación extraterritorial de su ley, por encima de normativas básicas del Derecho internacional y la soberanía de los Estados. A continuación, algunos ejemplos:
1. Uso de la fuerza militar directa: bombardeos en el Mar Caribe y Pacifico Oriental
Desde el 2 de septiembre de 2025, fuerzas militares de EE.UU. atacaron embarcaciones en aguas internacionales y/o venezolanas, colombianas y ecuatorianas, causando más de 190 muertos en 58 lanchas agredidas. La administración Trump no presentó pruebas de que las víctimas fueran «terroristas o narcotraficantes»: familias de las víctimas, y los gobiernos de Colombia, Venezuela y Ecuador, denunciaron que eran pescadores. La operación formó parte del despliegue del Comando Sur conocido como «Operación Lanza del Sur», que ha implicado gastos de al menos 4.700 millones de dólares.
2. Invasión y secuestro de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones militares y civiles en Caracas y ejecutaron el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa y diputada Cilia Flores, en el marco de la llamada «Operación Resolución Absoluta». La operación fue precedida de meses de escalada naval, bloqueos, sanciones y operaciones encubiertas de la CIA. Ninguna organización multilateral ni instancia del derecho internacional habilitó la intervención.
3. Judicialización de Raúl Castro y despliegue del Comando Sur (Cuba)
El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una acusación formal en un tribunal federal de Florida contra Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de avionetas en territorio cubano en 1996. El fiscal general en funciones advirtió que Castro comparecerá ante la justicia estadounidense «por su propia voluntad o de otra manera». La amenaza no es solo simbólica: se inscribe en un patrón de escalada que incluye el despliegue del Comando Sur en el Caribe y operaciones de fuerza en la región. En aquél entonces Cuba denunció ante EE.UU. la violación a su espacio aéreo cumpliendo con el derecho internacional.
4. Sanciones económicas unilaterales: petroleras y listas OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro administra una «lista negra» de miles de personas, empresas y entidades cuyos bienes quedan bloqueados o incautados. Sus efectos alcanzan a cualquier empresa del mundo que opere en dólares o con instituciones financieras estadounidenses, independientemente de su nacionalidad. El caso de Venezuela, abarca sanciones a PDVSA, al Banco Central y a cientos de funcionarios, con graves consecuencias para los derechos humanos y la economía del país. EE.UU. también impulsó bloqueos petroleros a Venezuela y Cuba en los últimos meses. A la fecha, pesan tres pilares legislativos contra Cuba [Acta de comercio con el enemigo (1917), Ley Torricelli (1992) y Ley Helms-Burton (1996)] y durante 20 años, se impulsaron 1,080 medidas de bloqueo económico contra Venezuela afectando de forma inmediata a la población.
5. Participación de funcionarios de EE.UU. en procesos anticorrupción: Lava Jato (Brasil)
Agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia participaron activamente y en secreto en la operación Lava Jato en Brasil, sin notificar al gobierno brasileño ni seguir los mecanismos de cooperación legal internacional. Con base en la ley estadounidense FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), EE.UU. investigó, procesó y cobró multas millonarias a empresas brasileñas como Petrobras y Odebrecht por miles de millones de dólares. La operación terminó siendo un instrumento de desestabilización política que encarceló al ex presidente Lula durante 580 días e impidió su postulación presidencial en 2018
6. Sanciones al juez del STF brasileño Alexandre de Moraes
En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la lista OFAC al juez de la Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, bloqueando sus bienes y prohibiendo transacciones con él, en represalia por el proceso judicial contra el ex presidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump. La medida generó una crisis institucional: el propio juez advirtió a los bancos brasileños que no acataran órdenes de una potencia extranjera. Las sanciones fueron levantadas en diciembre de 2025 tras una serie de negociaciones entre ambos gobiernos.
7. Fondos buitre y juzgados de Nueva York
Desde los años 2000, los tribunales federales de Nueva York se han convertido en la arena judicial donde fondos especulativos (conocidos como fondos buitre) demandan a Estados soberanos por deudas adquiridas a bajo costo, con la pretensión de multiplicar exponencialmente el precio de su recuperación. En el caso de Argentina, el juez Thomas Griesa y su sucesora Loretta Preska fallaron reiteradamente a favor de fondos como NML Capital (Elliott Management), permitiendo el embargo de activos soberanos y bloqueando pagos a quienes sí habían aceptado la reestructuración. También en ese ámbito se avanzó contra Argentina en la causa por la estatización parcial de YPF, la empresa petrolera nacional, con un fallo inicial que condenaba al país a un pago de más de 15.000 millones de dólares a fondos buitre, aunque posteriormente se revirtió el fallo de primera instancia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Elliott Management es el fondo que adquirió de manera ilegal a la empresa parte de PDVSA, CITGO.
8. Uso de la figura de narcotráfico para justificar intervención en asuntos internos de otros Estados
Fiscalías de EE.UU. investigaron al Presidente Gustavo Petro por supuesto vínculo con cárteles de narcotráfico para financiamiento de campaña; en Bolivia, presencia permanente de inteligencia estadounidense y uso de la figura del narcotráfico para criminalizar al MAS y la militancia, extradiciones y juicios en territorio EE.UU; investigaciones judiciales para vincular al gobierno de López Obrador y el entorno del ex mandatario con narcotráfico.
9. Operación de la CIA en México y solicitud de extradición de gobernador de Sinaloa
Entre el 17 y 19 de abril, se supo de operaciones encubiertas realizadas por la CIA de manera ilegal en el estado norteño de Chihuhua. Se viola la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional en la que se estipula que cualquier agente en territorio nacional, debe ser informada la federación. Después del hecho, desde el Departamento de Justicia solicitó la detención provisional con fines de extradición, violando tratados bilaterales e internacionales. La sentencia incluye al ex gobernador Ruben Rocha Moya y en la cual no hay pruebas contundentes del caso, constituyendo con ello, un narcolawfare.
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