Por: Mark Weisbrot
Una de las elecciones más importantes de la historia reciente de América Latina tendrá lugar el 4 de octubre en Brasil. El presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, últimamente ha hecho hincapié en el tema de la soberanía nacional. Una de las razones: el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, cuenta con el firme respaldo de la administración Trump, y Estados Unidos ha estado interviniendo con fuerza a su favor.
En los últimos meses de la campaña electoral brasileña, Trump se reunió con Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, impuso nuevos aranceles a productos brasileños e intentó enviar al país a funcionarios del Departamento de Estado, una medida que, según fuentes oficiales brasileñas y estadounidenses, pondría poner en duda la integridad de las elecciones.
El 24 de septiembre, 31 miembros del Congreso de EE. UU. enviarona una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que documentaron otras acciones hostiles y concluyeron que «Estados Unidos está actuando como agente de interferencia y desestabilización».
Se prevé que las elecciones sean muy reñidas, y la cuestión de la soberanía podría ser un factor decisivo para los votantes indecisos.
La intervención de Trump socava un derecho fundamental y ampliamente valorado, el derecho a la autodeterminación, así como el derecho a la democracia misma. Además, es claramente ilegal, según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es signatario.
Pero los brasileños tienen ahora motivos para considerar aún más urgente la preservación de su soberanía e independencia. Esto se evidencia en la historia reciente de Brasil y América Latina, así como en el impacto económico de la independencia política en el nivel de vida.
Comenzando por Brasil: Lula fue un trabajador metalúrgico y líder sindical que ayudó a fundar y luego dirigió el Partido de los Trabajadores. Ocupó la presidencia de Brasil durante dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2010, y dejó el cargo con uno de los índices de aprobación más altos del mundo: el 83 por ciento.
Existían razones de peso para ello, derivadas de los cambios en la política económica y social del gobierno. Estos transformaron la vida de decenas de millones de personas en Brasil. El PIB per cápita, la medida más básica del nivel de vida, creció aproximadamente cuatro veces más rápido que en los ocho años anteriores a la presidencia de Lula. La pobreza se redujo en un 61% y la pobreza extrema en un 64%. Además, el salario mínimo real (ajustado a la inflación) aumentó un 57%. La matrícula universitaria casi se duplicó.
Lula pudo implementar estas y otras reformas trascendentales porque rompió con las políticas del «Consenso de Washington», que habían regido la toma de decisiones económicas en la región entre 1980 y 2000 como quizás nunca antes. Esto incluía políticas económicas que a menudo se decidían en el Fondo Monetario Internacional o, en ocasiones, en otras instituciones controladas por Washington. El resultado fue un desastre: durante esas dos décadas se registró el peor estancamiento del crecimiento económico a largo plazo en América Latina en más de 100 años.
Este histórico colapso del crecimiento económico propició, por primera vez, la elección de gobiernos de centroizquierda en la mayoría de la región. Al igual que en Brasil, estos gobiernos fueron más independientes que la norma regional anterior y, por lo tanto, impulsaron políticas económicas más progresistas y eficaces. El cambio fue histórico: entre 2002 y 2013, el porcentaje de la población latinoamericana que vivía en la pobreza se redujo del 45,6% al 28,4%, tras haber aumentado durante las dos décadas anteriores.
La independencia que estos gobiernos lograron establecer es precisamente lo que Rubio y Trump parecen estar más decididos a eliminar. De ahí sus actuales esfuerzos por impulsar un cambio de gobierno en Brasil. Para Rubio, Brasil es el gran premio. Es el país más grande de Latinoamérica, y un gobierno de Lula no apoyaría los intentos ilegales de la administración Trump por controlar la región. Pero el oponente de Lula sería, casi con toda seguridad, un firme aliado de Trump.
Se trata de Flávio Bolsonaro, un senador elegido a dedo por su padre, Jair Bolsonaro, quien fue presidente entre 2019 y 2023. Él mismo se ha autodenominado “Bolsonaro 2.0”.
Flávio y su equipo están tratando de vincular a Lula con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil, que obligó a desembolsar casi 8.000 millones de dólares para indemnizar a cerca de 800.000 depositantes afectados. Pero, en realidad,es Flávio y sus aliados quienes están implicados. Flávio está metido hasta el cuello en este escándalo. Sobre Lula, en cambio, no ha aparecido nada.
Bolsonaro 1.0 siguió el manual de Trump de negar los resultados electorales cuando perdió las elecciones de 2022 frente a Lula. Sin embargo, no logró reunir el apoyo de suficientes comandantes militares para respaldar un decreto que impidiera a Lula asumir el cargo. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia condenó a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El «6 de enero» brasileño tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del presidente derrotado vandalizaron el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, y exigieron la intervención militar para anular el resultado electoral.
El año pasado, Trump intentó detener el juicio de Bolsonaro imponiendo a Brasil un arancel adicional del 40%. La mayoría de los brasileños rechazaron este castigo económico colectivo, considerándolo un ataque a su soberanía nacional, su democracia electoral y su sistema judicial, lo cual era evidente. Bolsonaro fue declarado culpable y condenado a prisión.
Casi todos los gobiernos socialdemócratas elegidos democráticamente que llegaron al poder en el siglo XXI se enfrentaron a los intentos de Washington por debilitarlos, desestabilizarlos o derrocarlos. Estos esfuerzos llegaron al extremo de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Bolivia, Honduras y Haití. Estados Unidos también participó en un golpe de Estado en Venezuela en 2002, que fue rápidamente revertido, seguido de años de esfuerzos estadounidenses para promover un cambio de régimen en ese país y, más tarde, de sanciones económicas que causaron la muerte de más de 100.000 personas y destruyeron, en el proceso, gran parte de la economía venezolana. Argentina también ha sufrido repetidas intervenciones estadounidenses que han provocado y agravado recesiones y crisis económicas, con graves consecuencias.
Más recientemente, Trump ha intensificado la violencia económica contra Cuba, el principal objetivo de Rubio. La tasa de mortalidad infantil en Cuba ha aumentado un 148% desde que Estados Unidos comenzó a endurecer sus sanciones, que actualmente incluyen un devastador corte del suministro de combustibles fósiles y electricidad. En las elecciones nacionales más recientes de Colombia (21 de junio) y Honduras (el pasado 30 de noviembre), se interpretó que Trump amenazaba con causar daños económicos —de manera implícita en Colombia y más explícitamente en Honduras— si los ciudadanos de esos países no votaban por su candidato. Este es el contexto reciente y regional en el que se libra la disputa por el futuro de Brasil. Las injerencias de Trump y Rubio, con la colaboración del clan Bolsonaro, han convertido a la campaña de Flávio en otra operación estadounidense de cambio de régimen. Esto debería ser derrotado, por el bien de Brasil y de la humanidad. Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research y autor de «Failed: What the ‘Experts’ Got Wrong About the Global Economy» (Oxford University Press).
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