Por:Javier Buenrostro
Hace una semana el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en una de sus conferencias mañaneras que México debía de pausar sus relaciones con España. Fue una declaración no tan inesperada, si considera que ocurre en el contexto de la discusión más importante de la segunda parte de su gobierno, que es sobre una reforma eléctrica que le regrese al país la soberanía energética perdida durante los años del neoliberalismo.
Las empresas españolas tuvieron una irrupción importante en el sector eléctrico a partir de que Felipe Calderón fuese Secretario de Energía y posteriormente presidente. En los nueve meses, entre 2003 y 2004, que duró su gestión al frente de la Secretaría Energía, su mano derecha fue Juan Camilo Mouriño, Subsecretario de Electricidad. En este primer momento, uno de los principales beneficiados su padre Carlos Mouriño, un empresario español cabeza de Grupo Energético del Sureste (GES) que obtuvo importantes contratos con Pemex. Carlos Mouriño, además de tener negocios en el sector energético, es actualmente el máximo accionista y presidente del club de futbol Celta de Vigo de la primera división española.
Juan Camilo Mouriño, como Subsecretario de Electricidad, y los contactos de su padre en el mundo empresarial español y del sector energético fueron los que abrieron la puerta para que las empresas españolas tuvieran una posición privilegiada una vez que Felipe Calderón fue presidente de México (2006-2012). En ese período, Mouriño continuó como mano derecha, primero como Jefe de Oficina de la Presidencia y después como Secretario de Gobernación, hasta su muerte en un extraño accidente aéreo en 2008.
Las empresas españolas le regresaron los favores al grupo político que las ayudó a tener enormes contratos a modo. Felipe Calderón estuvo en la nómina de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, de 2016 a 2018.
Durante la administración de Calderón ocurrió la proliferación de empresas españolas como Endesa, Iberdrola, X-Elio, Sacyr, Acciona, Abengoa y Naturgy en el campo energético. De igual manera, bancos españoles como Banco Bilbao Vizcaya (BBV) o Santander mantuvieron importantes participaciones accionarias en dichas empresas o realizaron préstamos el sector. No parece casualidad que en el fraude electoral de 2006, el primer respaldo internacional que recibió Calderón vino del entonces presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, conocedor de los beneficios que obtendrían las empresas españolas de la mano de Calderón y Mouriño.
En 2008, López Obrador denunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había firmado un contrato con Repsol, por 21.000 millones de dólares, para proveer gas a termoeléctricas con el precio más caro en el mercado según los indicadores de Estados Unidos. Repsol, a su vez, le compró el gas a Perú por un poco más de 6.000 millones de dólares, lo que les permitía una ganancia de 15.000 millones de dólares. Nada mal para un simple intermediario.
Las empresas españolas le regresaron los favores al grupo político que las ayudó a tener enormes contratos a modo. Felipe Calderón estuvo en la nómina de Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, de 2016 a 2018. Georgina Kessel, Secretaria de Energía durante el sexenio de Calderón, está en el consejo de accionistas de Iberdrola. Jordy Herrera, también ex secretario de Energía y de Pemex, mantiene relaciones laborales con Repsol y Naturgy. Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, ha sido consejero de Avangrid y, por tanto, de Iberdrola. Alejandro Flemming, jurídico de la Secretaría de Energía en el sexenio de Calderón, ahora está contratado por Iberdrola México. Y la lista sigue y sigue. Todos ellos han recibido millones de dólares en las empresas española, seguramente como pago del trato preferencial recibido en el sector.
Pero si el sector energético y las empresas españolas encabezadas por Iberdrola fueron las consentidas en el gobierno de Calderón, durante el sexenio de Peña Nieto la constructora española OHL fue la preferida para obtener contratos a modo desde el gobierno. OHL fue puesto bajo la lupa en México en 2017 por el ahora senador Emilio Álvarez Icaza y el abogado Paulo Diez Gargari, quienes denunciaron que esa compañía, junto con el PRI, había montado un esquema de corrupción y desvíos de recursos para financiar las campañas electorales, principalmente en las tres últimas del Estado de México y la presidencial que ganó Peña Nieto en 2006.
Si el sector energético y las empresas españolas encabezadas por Iberdrola fueron las consentidas en el gobierno de Calderón, durante el sexenio de Peña Nieto la constructora española OHL fue la preferida para obtener contratos a modo desde el gobierno.
El esquema, denuncian Álvarez de Icaza y el abogado Paulo Diez Gargari, se habría hecho a través de fraudes y aumentos de tarifas en la construcción del Circuito Mexiquense y del Viaducto Bicentenario, en concesiones que se han ampliado hasta el 2051 y donde los costos podrían pasar de los 280 millones de dólares del proyecto original, hasta más de 3.000 millones de dólares. A eso hay que aumentarle la ganancia en el cobro de peaje y la posible manipulación de los estados financieros para aumentar la cotización en la Bolsa de Valores.
¿Cómo es qué una compañía constructora de segundo o tercer nivel en España consiguió abrirse tantas puertas en México de manera tan rápida? La respuesta parecería estar en su parte directiva. El político priista José Andrés de Oteyza y Fernández, ex Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, fue director de OHL México hasta abril del 2016, cuando renunció debido a los escándalos de audios en donde los propios directivos de OHL reconocían estar haciendo fraude en la construcción de las carreteras del Estado de México. Además, en su consejo de administración participaron tres ex directores de Pemex, incluido el ahora preso por corrupción por el escándalo de Odebrecht Emilio Lozoya.
López Obrador, sobre la «pausa» con España: «No hablé de ruptura, sino de serenar la relación»
López Obrador ha aclarado que de ninguna manera se trata de una ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y México ni mucho menos de una confrontación de dos pueblos hermanados por la historia, la cultura, la lengua, la solidaridad en momentos difíciles, etc. Es poner en perspectiva lo que ha pasado con Iberdrola, Repsol, OHL y un largo etcétera de empresas españolas, que abusaron del tráfico de influencias y la corrupción para obtener contratos millonarios con los anteriores gobiernos mexicanos.
Con este contexto, no parece tan descabellado plantear una pausa y reexaminar las relaciones comerciales –y solo estas– que se han venido sosteniendo con ciertos grupos empresariales españoles, sobre todo a la luz de una reforma eléctrica que pretende recuperar la soberanía energética para México.
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