Por: Diego Sanz Paratcha
El próximo Gobierno no tendrá que pagar la multa por el desvío del déficit. La Comisión Europea ha decidido por consenso –es decir, sin unanimidad de sus miembros- dar al Estado español un nuevo respiro, el tercero de estas características, para ajustarse a la senda de reducción del déficit incluída en el llamado Procedimiento por Déficit Excesivo.
A cambio, el ejecutivo –quizá el mismo ejecutivo en funciones que se mantiene desde el 26J, quizá ya uno designado por el presidente que vote el Parlamento- tendrá que presentar el 15 de octubre al Consejo europeo un plan coherente para reducir el déficit al 3,1% al cierre de 2017 y al 2,2% al finalizar 2018. Teniendo en cuenta que el último objetivo era llegar al 3,6% al cierre de este mismo año, y que la Comisión Europea estima que la diferencia entre ingresos y gastos alcance finalmente el 4,6% en 2016, se trata de dos cursos extra para aplicar lo que la Comisión llama una “senda de ajuste”. Es decir: más impuestos y recortes, o una combinación de ambos.
La CE ha puesto cifra a estos ajustes: un 0,5% del PIB en 2017 y otro tanto en 2018. Aproximadamente 5.000 millones de euros por año, que se deberían añadir a las recomendaciones ya establecidas para 2016 en el pronóstico de primavera publicado en mayo por la Comisión. Entonces, la CE estimaba en siete décimas menos (3,9%) el déficit español al cierre de 2016, así que resulta enigmática la referencia de la reunión de hoy a esas previsiones.
En su resolución, los comisarios dicen haber tenido en cuenta “las peticiones razonadas”, tanto de parte Española como portuguesa, para cancelar la multa, “así como su compromiso reafirmado a cumplir las reglas del pacto de Estabilidad” y los esfuerzos realizados por ambos países en los últimos años. Queda para más adelante, en diálogo con el Parlamento Europeo, la cuestión del recorte de fondos europeos para el año 2017, que en previsión del propio pacto de Estabilidad puede alcanzar el 50% de las transferencias previstas para ese año.
La propuesta de la Comisión tendrá ahora que aprobarla, rechazarla o enmendarla el Consejo europeo (presidido por el polaco Donald Tusk) en 10 días. Allí, los jefes de gobierno de los países del euro –menos los países implicados, España y Portugal en esta caso, y los no socios del euro que no tienen derecho a voto en estas cuestiones- confirmarán probablemente las recomendaciones de la Comisión.
Lo que se abre, si se mantienen las condiciones económicas de estos dos últimos años, es una probable continuidad del juego el ratón y el gato que llevan los gobiernos de Rajoy con la Comisión. Hacia abajo, este juego incluye la presión a las autonomías y a los gobiernos locales para cumplir con la regla de gasto mientras el Congreso fija un nuevo techo para 2017 en la negociación de los presupuestos, quizá con alguna sorpresa además del adelanto en el pago fraccionado del impuesto de sociedades ya anunciado por de Guindos.
Hacia arriba, entrega de informes y compromisos cuyo cumplimiento, según reconoce la Comisión Europea, depende en gran medida de las circunstancias económicas favorables como los menores tipos de interés de la deuda, los bajos precios de la energía o la caída en el pago de prestaciones sociales –debida en parte, pero sólo en parte, al aumento del empleo-. Más allá de eso, la Comisión quiere ver ajustes estructurales, es decir, recortes permanentes que no dependan de esas circunstancias económicas.
En resumen, una historia que se repite ya desde finales de 2014. La soga austeritaria impuesta en 2010 afloja, y será cuestión de ver si los gobiernos de centro izquierda –como el portugués- o las socialdemocracias débiles (en expresión de Susan Watkins) en el poder en ciudades europeas como Nápoles, Barcelona o Madrid tienen la capacidad política de desobedecerla más allá de los juegos contables con la regla de gasto. El terreno perdido en sólo cinco años es enorme, y la entrada de nuevos actores –léase populismo de derechas- puede desbaratar antes el tablero.
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