A más de tres años de su detención en Irak y tras 18 meses de sesiones preparatorias, hoy [por ayer] da inicio el consejo de guerra en contra del soldado estadunidense Bradley Manning, analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, acusado de haber entregado a WikiLeaks centenares de miles de documentos que dan cuenta de algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Washington en Afganistán e Irak.
En marzo pasado, como parte de una estrategia de sus abogados, Manning aceptó la culpabilidad de 11 de los 22 delitos que se le imputan –los de menor gravedad– y rechazó, por otra parte, la acusación de colaborar con el enemigo, la cual podría derivar en una condena a cadena perpetua. En tal escenario, es prácticamente seguro que el juicio que hoy se inicia derive en una condena en contra del marine de 25 años y que, con independencia del éxito o fracaso de la estrategia de defensa jurídica referida, se consume un nuevo atropello y una incongruencia mayúscula por la justicia estadunidense.
En efecto, incluso concediendo que Manning violó algunos códigos militares que juró cumplir y defender, la acusación en su contra por haber colaborado con el enemigo es un despropósito y un ejemplo de manipulación propagandística e ideológica de la justicia, habida cuenta de que la información sustraída del Departamento de Defensa por Manning no fue entregada a alguna organización o Estado enemigo de Washington, sino a la organización encabezada por Julian Assange; por lo demás, tales revelaciones no son una amenaza para la seguridad de ese país, sino, en todo caso, para la perpetuación de las prácticas criminales e inhumanas cometidas por esa superpotencia en los territorios iraquí y afgano.
Tanto más improcedente resulta la afirmación de que las filtraciones de Manning representaron un riesgo para la vida de estadunidenses, cuando la evidencia histórica demuestra que dicho riesgo está relacionado no con la defensa del derecho a la información y al interés general, sino con las prácticas opuestas: la opacidad, el ocultamiento y la distorsión de la verdad. Cabe traer a cuento, en ese sentido, las circunstancias que antecedieron a la incursión militar estadunidense en Irak, una aventura bélica que se construyó sobre la base de varias mentiras –la posesión de armas químicas por el régimen de Saddam Hussein y el apoyo del régimen de Bagdad a la organización Al Qaeda–, que carecieron en su momento de contrapesos oficiales que desmintieran tal afirmación, y que se saldó con la muerte de 4 mil 500 soldados estadunidenses, de cientos de miles de civiles iraquíes y de una devastación material sin precedente, cuya estela de barbarie persiste.
La posibilidad de que Manning sea condenado por difundir información sobre diversas atrocidades cometidas por Washington contrasta con la impunidad de que gozan los autores materiales e intelectuales de actos de barbarie como el perpetrado el 12 de julio de 2007 en Bagdad por la tripulación de un helicóptero Apache contra el reportero Namir Noor-Eldeen, de la agencia Reuters, y 10 personas más; las múltiples torturas en la prisión de Abu Ghraib y en otras cárceles controladas por el Pentágono; la eliminación de sospechosos en puestos de control; el ocultamiento de miles de muertes y el asesinato de civiles a manos de tropas invasoras, y otras prácticas criminales, cuyos autores posiblemente han sido condecorados como héroes de guerra.
La persecución emprendida por el gobierno estadunidense contra quienes han tenido el valor de hacer públicos la barbarie y los abusos cometidos al amparo del poder planetario resulta particularmente grotesca, si se toma en cuenta que la principal amenaza a la paz mundial y a la seguridad de los estadunidenses dentro y fuera de su territorio no son las filtraciones realizadas por Mannning ni la información difundida por WikiLeaks, sino el espíritu bélico y la arrogancia imperial de Washington. En suma, el juicio contra Manning es un síntoma más de la descomposición moral, política y jurídica en que se encuentra la superpotencia.
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