Por: Javier Buenrostro
Hace poco más de un mes, el mundo entero vio las sorprendentes imágenes de cómo seguidores de Donald Trump invadieron el Capitolio de los Estados Unidos. Esta momentánea insurrección fue apoyada por el todavía presidente a través de su cuenta en Twitter, a la vez que señalaba que Joe Biden se había robado las elecciones de 2020. Inmediatamente, la plataforma digital decidió suspender la cuenta de Trump «por infracciones graves y repetidas a nuestra política de integridad cívica».
La suspensión era un eco del 5 de noviembre, cuando las principales cadenas de televisión estadounidense cortaron la transmisión en vivo en el momento en que Donald Trump hablaba de un fraude electoral.
Estos cortes y suspensiones, tanto de las cadenas de televisión como de las redes sociales, provocaron una polémica y cuestionamientos sobre dónde trazar la línea que garantice tanto el respeto a un discurso civilizado y democrático, como el derecho a la libertad de expresión. Es muy importante saber si un discurso político puede o debe ser censurado por empresas privadas con intereses particulares, sobre todo en los tiempos del poscapitalismo, donde muchas veces las empresas tienen más influencia y poder que los Estados-nacionales.
También surgieron otras interrogantes, por ejemplo: si se puede censurar al presidente de los Estados Unidos, ¿qué puede esperar un simple ciudadano de cualquier parte del mundo? ¿Qué pesa más, el poder político o el económico? ¿El discurso público debe tener el visto bueno de los concesionarios privados? Las respuestas vinieron de muchas partes. Angela Merkel, la canciller alemana, consideró problemático el cierre por parte de varias redes sociales, entre ellas Twitter y Facebook, de las cuentas de Donald Trump, a pesar de las discrepancias políticas.
Merkel puso el dedo en la llaga cuando afirmó que la libre opinión es un derecho fundamental en el que se puede intervenir, pero solo dentro del marco definido por los órganos legisladores, no por decisión de la dirección corporativa de plataformas en las redes sociales. En Francia, tanto la derecha con Marine Le Pen o la izquierda con Jean-Luc Mélenchon criticaron el hecho que el debate político pudiera ser regulado en un futuro desde alguna oficina en Silicon Valley.
En México, López Obrador también manifestó su rechazo y preocupación ante las medidas de las redes sociales. Dijo López Obrador que la carta de Zuckerberg sobre la censura le parecía muy arrogante y cuestionó que no se podía permitir que una corporación, «el dueño de Facebook o de Twitter decidan a quién sí y a quién no darle la posibilidad de comunicarse. […] No se vaya a estar creando un Gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales, un poder mediático mundial; además, un tribunal de censura, como la Santa Inquisición, pero para el manejo de la opinión pública».
Parece que el presidente mexicano tenía en la mente no solo el ‘affaire’ Trump, sino también los casos de censura que han proliferado en Twitter, cuyo director en México, Hugo Rodríguez Nicolat, está vinculado con la derecha. Un nuevo capítulo se unió a la saga de censura de Twitter cuando un par de semanas después de las declaraciones de López Obrador, Twitter suspendió varias cuentas de perfiles de simpatizantes a su gobierno sin ninguna razón aparente. No es la primera vez que tanto Facebook como Twitter tienen un doble rasero con el discurso de ciertos usuarios ya que mientras censuran el de los simpatizantes de izquierda, suelen ignorar las expresiones violentas que vienen desde la derecha.
Hace apenas unos días, el Senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para regular las redes sociales que tengan más de un millón de usuarios, como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. La preocupación de Monreal es que un ente privado no puede limitar por sí mismo el derecho a la libertad de expresión o de acceso a la información. Una posición jurídica similar a la expresada por Merkel.
La iniciativa considera que sí puede haber una regulación del discurso, pero que esto debe ser responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo creado en 2013 y cuyo titular es propuesto por el presidente, pero es aprobado por el Senado. La propuesta apunta que algunas de las razones que justificarían la suspensión o eliminación de una cuenta en las redes sociales es que difundan noticias falsas, expresen mensajes de odio, afecten a los derechos de los menores de edad, revelen datos personales o provoquen algún delito.
También se prevén mecanismos de defensa para los usuarios para que, en casos controversiales, la última palabra la tengan especialistas en derechos humanos y en libertad de expresión y no que sea una decisión unilateral de los corporativos tecnológicos. En caso que las empresas cometan abusos o atenten contra la libertad de expresión, podrían ser multadas hasta por cantidades superiores a los 4 millones de dólares.
Es claro que está polémica sobre las redes sociales y quién debe ser el regulador de las expresiones que se vierten en ella no va a zanjarse de forma inmediata, además de ser un asunto trasnacional. Si bien es cierto que las plataformas digitales son de carácter privado y tienen reglas propias, las opiniones plasmadas en ellas forman parte de la esfera pública y por tanto de los derechos a la libertad de expresión.
Cuando a fines del siglo XVIII, Immanuel Kant escribía sus textos filosóficos que discurrían en torno a la democracia global, la esfera pública o la moralidad de la política, lejos estaba de imaginar los nuevos elementos que habría en el siglo XXI en torno a estas temáticas debido a la modernización tecnológica. De cualquier forma, algunos de sus escritos podrán alumbrarnos en las discusiones futuras para salvaguardar el mínimo de derechos de los ciudadanos en la aldea global.
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