Por: Felipe Yapur y Luciana Bertoia
Veintiún gendarmes argentinos que estuvieron apostados en La Paz después del golpe contra Evo Morales empezarán a declarar este lunes ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, que investiga el envío de armas del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia. Tanto el expresidente como la plana mayor de su gabinete están imputados por contrabando agravado.
En Bolivia, se desplegaron tres contingentes del Grupo Alacrán entre noviembre de 2019 y junio de 2020. El primero fue el que transportó las 70.000 balas antitumulto que se repartieron, ese mismo 13 de noviembre de 2019, entre la Fuerza Aérea Boliviana y la policía local. Del primer grupo, que estuvo al mando de Martín Hidalgo, Catania no convocó a ningún integrante por el momento, confiaron fuentes judiciales.
El segundo contingente llegó a La Paz el 10 de enero de 2020 y permaneció hasta el 29 de febrero. El tercero fue el que más tiempo estuvo porque lo sorprendió la pandemia. Esos gendarmes permanecieron hasta el 26 de junio de ese año, según la documentación de la Gendarmería.
En diciembre pasado, el juez Catania llamó a declarar como testigos a los gendarmes que integraron estos dos últimos contingentes argentinos en Bolivia. Las declaraciones se extenderán entre febrero y buena parte de marzo. El magistrado quiere escuchar a estos gendarmes para entender cómo funcionaban en La Paz y en qué espacios se movían. Después de tomarles testimonio, el magistrado deberá decidir si convoca al primer grupo que viajó a Bolivia con las municiones.
La fuerza de seguridad no solo sacó las balas en noviembre de 2019 con el argumento de que serían usadas para proteger la embajada argentina y la casa del embajador, sino que también falseó los registros cuando los gendarmes regresaron al país. Entonces explicaron que las 70.000 balas habían sido usadas en entrenamientos en La Paz.
Según se reconstruyó en el sumario interno que condujo la Gendarmería, los alacranes jamás usaron las balas antitumulto para entrenarse. De hecho, regresó al país todo el material represivo menos lo que fue sacado como “complemento” y se repartió entre la FAB y la policía boliviana. El sumario se inició por impulso de la exministra de Seguridad Sabina Frederic, que fue una de las tres denunciantes del contrabando junto con el ministro de Justicia Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Mercedes Marcó del Pont.
La investigación por el apoyo argentino al golpe de Estado en Bolivia se inició tras el hallazgo de una carta del comandante de la FAB Jorge Terceros Lara. En la misiva, revelada por Página/12, Terceros Lara agradecía al entonces embajador argentino Normando Álvarez García por la entrega de 40.000 balas de goma. En un depósito de la policía boliviana se hallaron 26.900 cartuchos enviados por la administración Cambiemos. Las balas habían sido compradas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para la cumbre del G20, que, según surge en distintas investigaciones, fue tanto un terreno fértil para practicar el espionaje masivo como para hacer negocios.
En el inicio de la investigación, Macri había buscado a través de su abogado Pablo Lanusse, el mismo que lo defiende en la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan, frenar el sumario de la Gendarmería con el argumento de que no podría controlar lo que declararían los efectivos. No tuvo éxito porque se lo impidió el primer juez que tuvo el expediente, Javier López Biscayart. Ahora, que declararán ante Catania, no debería tener excusas.
Desde que se desató el escándalo, el macrismo fue de la negación al silencio. En el expediente, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri, Bullrich, Álvarez García, al exministro de Defensa Oscar Aguad –por haber aportado el avión Hércules en el que viajaron los gendarmes y las balas– al excanciller Jorge Faurie, al exjefe de Gabinete Marcos Peña y al excomandante de la Gendarmería Gerardo Otero, entre otros.
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