La violencia urbana en Brasil no para de crecer. En San Pablo, sólo en octubre hubo 571 homicidios, 54 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y en lo que va del año rondaron los 4 mil. El papel de la Policía Militar paulista, reconocida como una de las más violentas del mundo, y el de los renacientes grupos paramilitares en el incremento de la criminalidad están en pleno debate. Así como su estrategia de guerra frontal contra el Primer Comando de la Capital PCC), una estructura mafiosa en plena expansión. Pero las principales víctimas de la represión pertenecen a las 3 P: pretos (negros), pobres y periféricos Mário Augusto Jakobskind
Brecha
Poco antes de ser sustituido en el cargo de jefe de la Policía Civil paulista, Marcos Carneiro de Lima reveló que varias de las personas que murieron en las últimas noches en San Pablo (y fueron muchas) podrían haber sido víctimas de policías que las buscaron adrede para ejecutarlas: los antecedentes judiciales de esas personas habían sido consultados en las computadoras de la Secretaría de Seguridad del estado. No hay manera de saber quién hizo la consulta, pero que existió, existió, y muy poco antes de que las muertes se produjeran. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, cuya cúpula acaba de ser removida, sostiene que se trata de meras coincidencias, pero las sospechas se han ido acumulando. Para Amnistía Internacional no hay duda alguna: los escuadrones de la muerte han regresado a la escena brasileña.
Lo cierto es que sobre todo en San Pablo, la mayor megaurbe de América del Sur y una de las mayores del mundo, hay instalado un cuadro a la mexicana, de violencia criminal y contra-violencia estatal, homicidios múltiples y cada vez más macabros.
Según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia divulgado por el diario O Globo, la estructura criminal del PCC se ha ido expandiendo por todo el país, y hoy está presente en 21 estados y en el Distrito Federal. El grupo moviliza decenas y decenas de millones de dólares anuales y tiene a unos 13 mil integrantes rentados, 6 mil de los cuales están hoy detenidos en cárceles que se han convertido en sus bases, otros 2 mil en las calles de la capital del estado y los 5 mil restantes esparcidos por el resto del territorio. Más una cantidad indeterminada de periféricos que superan en mucho a los rentados. «La vida se paga con vida, la sangre se paga con sangre», es la divisa del comando, que ha instruido a sus integrantes para que cada vez que uno de los suyos caiga un policía del mismo cuerpo responsable de esa muerte sea ejecutado. Enfrente, la policía responde con la misma moneda. Y más aun. Por haber perdido totalmente el control de las tropas de la PM, el encargado de la Secretaría de Seguridad del estado, Antonio Ferreira Pinto, fue depuesto de su cargo.
El gobernador paulista, el conservador Geraldo Alckmin, no se cansa de repetir que el Estado controla la situación, pero la realidad demuestra lo contrario. Y no es de hoy que las denuncias sobre «desbordes» de la PM copan la actualidad: en 2006, cuando el Primer Comando de la Capital prácticamente paralizó la ciudad de San Pablo con una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad, la Policía Militar respondió con una violencia equivalente que derivó en asesinatos extrajudiciales en cadena. Hubo 50 muertos en filas policiales y unos 400 en filas de los delincuentes, muy pocos de ellos en enfrentamientos reales, una versión brasileña de los «falsos positivos» colombianos.
En cuanto al PCC, su fuerza está desbordando hacia otros estados, a partir de los presos pertenecientes al comando que de hecho han tomado el control de las cárceles de Mato Grosso del Sur (centro oeste) y Paraná (sur), regiones estratégicas en función de su cercanía con las fronteras con Paraguay y Bolivia, por donde circulan drogas en un sentido y en otro. En los últimos años Brasil se convirtió en un poderoso mercado de consumo, lo que resultó en un crecimiento exponencial de los grupos narcos, que han adaptado sus estructuras de organización y gerencia financiera. La industria de la seguridad ha crecido de manera paralela, de forma que, por ejemplo, los grandes centros comerciales de las mayores urbes, en especial San Pablo, se han transformado en búnqueres, verdaderas fortalezas plagadas de guardias.
Observadores políticos prevén que para las elecciones presidenciales y legislativas de 2014 la cuestión de la seguridad interna y de la violencia urbana sean temas prioritarios de la campaña, por primera vez en muchos años. El PSDB, opositor al gobierno central, que administra el estado de San Pablo desde hace 20 años pero que acaba de perder la intendencia de la capital, va a hacer seguramente de la mano dura contra la delincuencia su principal caballito de batalla, en una carrera desesperada por evitar una derrota en el principal estado del país. El publicista João Santana, encargado del marketing de Lula en 2006 y de Dilma Rousseff en 2010, sugirió el lanzamiento de la candidatura del ex presidente para la gobernación de San Pablo, lo que por un lado catapultaría definitivamente a la actual mandataria para un segundo período presidencial y por otro casi que aseguraría el pasaje del estado más rico del país a la órbita del actual oficialismo. Habrá que ver con qué receta.
Fuente original: http://www.brecha.com.uy/
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